El Gobierno prepara un decreto-ley para frenar nuevas licencias VTC tras la sentencia europea

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) prepara la redacción de un decreto-ley para incorporar a la legislación española nuevas condiciones para obtener licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) basadas en motivos medioambientales o de congestión de tráfico. De esta forma, se paliarían los efectos de la sentencia emitida la pasada semana por el Tribunal de Justicia de la UE que declaró contraria al derecho comunitario el límite estatal de un permiso administrativo de VTC por cada 30 de taxis, informan a EL PAÍS fuentes conocedoras de la negociación bipartita entre el Gobierno y las asociaciones de taxistas.

El decreto-ley, que el Gobierno aprobaría con carácter de urgencia antes de las elecciones generales del 23 de julio, trata de frenar la avalancha de licencias VTC , las que utilizan plataformas como Uber, Cabify o Bolt, que están atascadas en los tribunales tras ser rechazada su autorización por las distintas Administraciones al aplicar el ratio 1/30, ahora declarado ilegal por el Tribunal de Luxemburgo, señalan las fuentes citadas.

Las cifras sobre el número de licencias pendientes de ser revisadas en los tribunales varían, según las fuentes. Desde el Ministerio, las cifran en torno a las 7.000 mientras que desde asociaciones del taxi las elevan a 20.000. A estas habría que sumar la nueva demanda de autorizaciones que prepararían las plataformas de VTC al amparo de la sentencia europea. Antaxi, la principal asociación de taxistas a escala nacional, ha llegado a calcular hasta 130.000. España cuenta con 18.490 licencias de VTC y 60.302 licencias de taxis, por lo que la proporción es de un VTC por cada 3,3 taxis, según los últimos datos oficiales a 1 de junio de 2023.

De aprobarse el decreto, se daría respuesta a la principal demanda de los taxistas que han dado un ultimátum al actual Gobierno para que cambie la ley antes de las elecciones dejando en la práctica sin efecto el principal punto de la sentencia del TJUE. Representantes de Antaxi y Élite Taxi Barcelona se reunieron el pasado martes con la secretaria general de Transportes, María José Rallo, en la sede del Ministerio para demandarle una medida urgente que suponga una barrera de contención a las nuevas licencias. Los taxistas dieron de plazo una semana al Ministerio para que anunciara la medida en una segunda reunión que mantendrán el próximo martes ambas partes.

El Ministerio ha declinado hacer ningún comentario sobre esta normativa exprés a consultas de este diario. No obstante, fuentes del departamento han señalado que en la reunión mantenida con las asociaciones de taxistasel pasado martes, “el Gobierno ha trasladado su disposición para explorar, dentro de los trabajos técnicos que ya se venían realizando y en el marco de las competencias de la Administración General del Estado en materia de VTC-E (transporte interurbano), la posibilidad de plantear una evolución normativa, alineada con el marco comunitario, que consolide la convivencia equilibrada entre el VTC y el taxi recogida en la normativa estatal vigente, en un marco de competencia leal y lucha contra el fraude”.

Amenaza de protestas de los taxistas

Si no sale un compromiso firme de modificar la legislación estatal, los taxistas han amenazado al Gobierno con convocar manifestaciones y protestas masivas en todo el territorio nacional como las que tuvieron lugar en 2018. Las protestas derivaron entonces en el bloqueo durante varios días de las arterias principales de ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, con graves incidentes violentos provocados por algunos taxistas contra conductores y vehículos VTC. Los taxistas están dispuestos a resucitar ese clima de tensión con una gran jornada de protesta el próximo día 22.

“Me llegan señales de todas las grandes ciudades de que si el martes que viene no salimos con un acuerdo con el Ministerio de Transportes, va a haber movilizaciones en todo el Estado y serán movilizaciones masivas: en el aeropuerto, dentro de las ciudades, en estaciones y donde haga falta”, ha advertido Tito Álvarez, el líder de Élite Taxi Barcelona.

La postura de los taxistas se ha radicalizado desde que el pasado 8 de junio salió la sentencia del TJUE. En un principio, consideraron como una victoria que el fallo europeo admitiera la posibilidad de imponer una segunda licencia de carácter autonómico o municipal a los VTC “para alcanzar los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como de protección del medio ambiente”. Sin embargo, esa segunda licencia no serviría para detener en los tribunales las autorizaciones pendientes y además dependería del color político de las Administraciones regionales y municipales, según fueran más o menos favorables a sus intereses. Por eso, las asociaciones de taxistas han intensificado su presión sobre el Gobierno central, apuntan fuentes del sector.

La urgencia del decreto-ley vendría dada precisamente para blindar al sector del taxi ante un posible cambio de Gobierno el 23-J, que diera el poder al PP, que se mostraría más receptivo a las demandas del sector VTC, siguiendo el ejemplo de la legislación aprobada por la Comunidad de Madrid, que concentra la mitad de las licencias a escala nacional.

“La posible evolución jurisdiccional tras dicha sentencia, agravada por la inacción del Gobierno, puede suponer la revisión de una auténtica riada de autorizaciones VTC que estarían habilitadas para realizar servicios urbanos; una situación de la que es responsable el Gobierno por el diseño de normas pasadas y que resulta inasumible para nuestras ciudades y por supuesto para el colectivo del taxi”, indicó el presidente de Antaxi, Julio Sanz.

Del otro lado, Feneval y Unauto VTC, las principales asociaciones de VTC, han denunciado que “el Gobierno español haya decidido reunirse con el sector del taxi a espaldas del sector de los VTC, sin atender la petición de un encuentro de ambas asociaciones para estudiar las consecuencias de la sentencia”.

“Ante la enésima amenaza del sector del taxi de bloquear el país, el Mitma está desoyendo expresamente la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que establece muy claramente que los tiempos de las regulaciones para proteger al taxi se han terminado”, señalan en esas asociaciones. “Carece de toda lógica que el Mitma no esté dispuesto a sentarse con Feneval y Unauto VTC para regular el futuro del sector VTC y, sin embargo, esté preparando una regulación exprés desde un Gobierno en funciones para seguir protegiendo al sector del taxi”, ha indicado Ignacio Manzano, vicepresidente de Feneval.

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