Las tres mujeres de las que saldrá la próxima fiscal general de Colombia

La Corte Suprema de Justicia elegirá entre tres mujeres a la próxima cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Este miércoles el presidente Gustavo Petro envió una carta a la Corte Suprema en la que indica que Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Amparo Cerón son sus candidatas para reemplazar al fiscal Francisco Barbosa, que seguirá en el cargo hasta que venza su período, el próximo 13 de febrero. Es la primera vez que un presidente presenta una terna conformada solamente por mujeres. La única mujer en ocupar el cargo de forma permanente fue Viviane Morales, quien encabezó la institución entre enero de 2011 y marzo de 2013, cuando renunció. Más allá del género, al comunicar su decisión a través de su cuenta de Twitter, Petro destacó que las tres “arriesgaron su vida por defender los derechos de los seres humanos en el peor momento del genocidio desatado en Colombia”. Y el historial laboral de todas, que incluye haber sido fiscales delegadas ante la Sala Penal de la Corte Suprema, así lo confirma.

Ángela María Buitrago, la académica que destrabó el proceso del Palacio de Justicia

De Ángela María Buitrago se tenían indicios de que podría integrar la terna. Su cara es habitual en los pasillos de la Universidad Externado, centro académico con uno de los programas de Derecho más sobresalientes del país y alma mater del presidente Gustavo Petro y buena parte de su gabinete, incluyendo el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Buitrago cursó allí pregrado, maestría, doctorado y actualmente se desempeña como docente. Pero el lugar en el que se ganó la admiración y respeto de académicos y colegas fue en su paso por la Fiscalía, en donde trabajó como fiscal delegada ante la Corte Suprema entre 2005 y 2010. Este periodo fue suficiente para que lograra avances inéditos en casos que llevaban décadas estancados.

Buitrago fue la fiscal que llevó ante la justicia a dos altos oficiales retirados del Ejército, el general Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel Alfonso Plazas Vega, por las desapariciones forzadas ocurridas en la retoma militar del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985, luego de que un grupo de guerrilleros del M-19 ingresara al edificio y tomara como rehenes a quienes se encontraban adentro. Para conseguirlo tuvo que visitar brigadas del Ejército y cementerios, exhumar cadáveres y ver horas de grabaciones de video de aquellos hechos. Pero sus logros durante esa etapa son más. Varias de sus acusaciones terminaron en históricas condenas como la del exfiscal Guillermo Valencia Cossio, hermano del entonces poderoso político conservador Fabio Valencia Cossio, por valerse de su cargo para beneficiar a actores ilegales; la de Jorge Noguera, exdirector del hoy extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por sus vínculos con paramilitares; o de Edilberto Castro, exgobernador del Meta, por su responsabilidad en el homicidio de tres dirigentes políticos de su departamento.

Esos resultados la hicieron acreedora del apelativo de ‘fiscal de hierro’. Sin embargo, en una decisión que causó malestar en la Fiscalía, en 2010, el fiscal general encargado, Guillermo Mendoza Diago, le pidió la renuncia y la calificó de “ineficiente”. Fue así como la penalista abandonó la institución que hoy quiere presidir. En los años siguientes se postuló para ser personera de Bogotá y se unió al grupo interdisciplinario de expertos que conformó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa (Guerrero), México, que ocurrió en 2014.

Amelia Pérez, de fiscal de Derechos Humanos a sobreviviente en el exilio

La segunda ternada es Amelia Pérez Parra, una abogada que vive exiliada en Canadá desde hace 20 años. Por casi dos décadas ocupó cargos en la Fiscalía, que la llevaron a investigar varias de las masacres más atroces de fines del siglo XX, y a cabecillas de los grupos paramilitares. Su trayectoria inició en 1987 como jueza de instrucción criminal, la estructura judicial que se convirtió en la Fiscalía con la Constitución de 1991. Ya en la Fiscalía, laboró en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y la Unidad Especializada de Antiterrorismo, dos de las oficinas que concentraron la labor investigativa durante los difíciles años 90. Su periodo allí acabó en 2003, cuando abandonó el país por su situación de seguridad y en medio de discrepancias con Luis Camilo Osorio, el entonces fiscal general. En medio de las pesquisas que realizó la Fiscalía ese año, tras el atentado al Club El Nogal en Bogotá, que ejecutó las FARC y dejó 36 personas muertas, Osorio acusó públicamente a Pérez de presentar una “deficiente actuación” en el caso. Ella contrarió sus palabras y explicó que él intentó violentar su autonomía como fiscal delegada.

Buena parte de lo que se sabe hoy sobre las masacres de Trujillo, El Aro y Pichilín, perpetradas en la década de los 90, se debe a Pérez y su grupo de compañeros. Su trabajo fue clave para que se acusara formalmente a criminales como Iván Urdinola Grajales, antiguo jefe del cartel del Norte del Valle; Carlos Castaño, máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); y Salvatore Mancuso, Salomón Feris y Francisco Villalba, comandantes de ese mismo grupo paramilitar.

En noviembre de 2020, durante un evento organizado por la Comisión de la Verdad, Pérez recordó cómo varios de sus compañeros fueron asesinados debido al trabajo que desarrollaban. “Nunca esperamos que nos dejaran solos como nos dejaron, que nos abandonaran”, afirmó entre lágrimas. Esa persecución, de hecho, fue reconocida por la CIDH, que en 2002 otorgó medidas cautelares de protección a los miembros de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, a la que pertenecía Pérez.

Amparo Cerón, la fiscal de Odebrecht

La última ternada, Amparo Cerón, trabajó durante 30 años en la Fiscalía y también fue cobijada por la medida de protección de la CIDH. Se hizo célebre más adelante, como la encargada durante más de tres años del caso Odebrecht, por el que finalmente salió de la entidad a la que había llegado al tiempo con Pérez. Renunció irrevocablemente en mayo de 2020, luego de que el entonces recién llegado fiscal general, Francisco Barbosa, la separara de esa investigación. Ante los medios de comunicación, Cerón insinuó que su salida se debía a su decisión de citar a los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana a ampliar sus denuncias sobre supuestas irregularidades en la reelección de Juan Manuel Santos, en 2014.

Mientras tuvo a su cargo el emblemático caso, la justicia condenó a varios de los implicados. Entre ellos a Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte, y a los empresarios Eduardo y Enrique Ghisays, por el pago de millonarios sobornos para que el Estado le adjudicara contratos a la Concesionaria Ruta del Sol, que lideraba Odebrecht.

Pero no fue el único gran expediente que pasó por las manos de Cerón. La abogada, que cuenta con especializaciones en Administración Pública y Derechos Humanos, también estuvo involucrada en el proceso 8.000, que investigó la financiación del narcotráfico a la campaña presidencial de Ernesto Samper de 1994; las masacres de La Rochela y Mapiripán, cometidas por grupos paramiliatres en 1989 y 1997, respectivamente; y el homicidio del abogado y periodista Jaime Garzón. Cerón fue quien vinculó al caso de Mapiripán al general retirado Jaime Humberto Uscátegui, padre del congresista uribista José Jaime Uscártegui.

Le corresponde ahora a la Corte fijar un cronograma para que la ciudadanía pueda presentar solicitudes de declaración de impedimento sobre las candidatas y, en caso de que no prosperen, celebrar audiencias públicas en las que Buitrago, Pérez y Cerón expondrán los planes y proyectos que pretenden ejecutar al mando de la Fiscalía. Finalmente, los magistrados de la Corte deliberarán y votarán para determinar quién será la próxima fiscal general.

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