La política colombiana se aleja de las calles y cobra fuerza en el Congreso

Ponencia para primer debate. Ley de bancadas. Objeción de conciencia. Coalición legislativa. Los términos que empiezan a llenar los artículos de prensa y las discusiones en redes sociales sobre la política colombiana se refieren al Congreso y su funcionamiento. Ya no hay debate sobre cuál marcha fue más numerosa, qué cartel critica a quién, qué grupos salieron a apoyar o a criticar alguna reforma. Es un regreso de la política a los espacios más institucionales en los que el presidente, Gustavo Petro, ha hecho carrera durante dos décadas largas pero como crítico y opositor, en tanto que en las calles ha sido más líder.

Este sábado el presidente reiteró que su apuesta es la movilización social, no el Congreso. En una entrevista al programa de radio La Pizarra mostró su pesimismo sobre la posibilidad de lograr un apoyo suficiente por esa vía: “El pueblo ha mantenido una mayoría conmigo, aún le falta movilizarse más, yo sí creo que esas reformas van a tener grandes problemas para construirse en la realidad si el pueblo no se moviliza”, dijo. Por el contrario, con una mirada más descriptiva, reiteró que la definición está en el Capitolio: “No tenemos la mayoría en el Congreso, y ahí viene la primera dificultad, construir una coalición mayoritaria en donde nuestra fuerza es importante, pero necesita de otras que ya no son tan avanzadas, tan progresistas, que han estado más ligadas al pasado institucional”.

El presidente ya lo había señalado en el discurso de cierre de la movilización que convocó a inicios de febrero para mostrar respaldo popular a sus reformas sociales y al radicar ante el Congreso la primera de ellas, la de la salud. “Hemos dejado nuestra obra en manos del Congreso de Colombia, como una democracia lo requiere”, dijo entonces, desde el balcón de la Casa de Nariño. Fue la última vez que intentó movilizar las calles a su favor: ha pasado un mes y medio, ha presentado sus otras dos grandes reformas sociales, al sistema pensional y a las leyes laborales, y no ha buscado de nuevo ese apoyo popular.

Para el analista Andrés Mejía Vergnaud, ese giro es prueba de que la política colombiana volvió al Capitolio. Opina que esa realidad afecta al Gobierno. “Buena parte de los problemas de gobernabilidad de Petro radican en que él y el Pacto Histórico [la alianza de partidos y movimientos que encabeza Petro] tenían la expectativa de que movilización en la calle se iba a mantener y sería un factor de gobernabilidad. Su apuesta era que el sistema político colombiano había experimentado una transformación profunda y definitiva, pero al menos en principio, es concebible que lo que se vio en 2021 fuera un fenómeno transitorio, ligado a circunstancias del momento”.

Y es que pasar de las calles al Capitolio es un reto mayor para un Gobierno que no tiene mayorías propias en el Congreso, por lo que depende de alianzas variables con partidos o congresistas. Así lo reconoce el congresista David Racero, miembro del Pacto Histórico. “Lo normal en los Gobiernos Duque o Santos era ver si en algún proyecto un aliado se paraba. Acá es al revés: es mirar, en cada proyecto, si vamos a estar unidos”, explicó a EL PAÍS.

Para el presidente de la Cámara de Representantes esa fluidez en los apoyos es un aporte a la democracia: “Para mí es valioso en términos de deliberación. La apuesta de discusión me parece muy fructífera”, afirmó. Pero también puede resultar siendo costoso paralas reformas o para la gobernabilidad. El hundimiento de la reforma política que empujaba el Gobierno es prueba de ello: tan solo 12 horas después de que su bancada la salvó in extremis de una derrota en la comisión primera del Senado, el propio presidente le dio la espalda. Aunque argumentó que se había quedado sin sus elementos progresistas, especialmente la llamada lista cerrada, la decisión de hundirla revela que ya no tenía cómo salvarla a pesar de que era la más avanzada de sus reformas a la Constitución.

Petro ha ido perdiendo favorabilidad en las encuestas, lo que lleva a que los políticos profesionales que conforman buena parte del Congreso hagan un cálculo de qué tanto les conviene apoyar sus propuestas. A menos de seis meses de las elecciones locales y regionales, esa decisión es particularmente clave para mantener o reproducir su sustento de poder en alcaldías o gobernaciones, y eso deja al Gobierno en una situación más débil para liderar acuerdos.

Además, la gran batería de reformas simultáneas, con tiempos que ya son cortos para su aprobación, dejan casi definido que es imposible que cumple todas las promesas para este semestre: por lo menos algunas de sus reformas se van a atascar en el proceso legislativo.

Son las tres grandes reformas sociales (a la salud, al sistema pensional y al código laboral), una ley para humanizar las cárceles y reducir el hacinamiento, otra para establecer las reglas de juego de las negociaciones de la paz total con los grupos que no tienen estatus político... la agenda es tan profusa que crea un verdadero trancón legislativo. Así lo reconoce David Racero, presidente de la Cámara de Representantes y miembro del Pacto Histórico: “Creo que este semestre salen unas seis leyes grandes: salud, pensiones, laboral, sometimiento y los dos proyectos de cannabis”, explicó a EL PAÍS.

El reglamento del Congreso establece unos tiempos mínimos entre los cuatro debates que debe pasar un proyecto, y también de las publicaciones previas a cada uno de ellos. Esos plazos, establecidos para que los legisladores tengan la posibilidad -por lo menos téorica- de conocer los textos que debaten, significan que a medida que se acerca el final de un período de sesiones, de manera natural el Congreso va priorizando unos proyectos sobre otros. El tiempo que quite una discusión compleja en uno, reduce los chances de los demás. Y eso ya está empezando a pasar.

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