El atropellado inicio de las reformas sociales en Colombia

La promesa del primer Gobierno elegido por la izquierda, el cambio, depende del Congreso. Por lo menos así lo ha planteado el presidente Gustavo Petro al presentar una batería de reformas legislativas que acuñan su propuesta de ser un cambio, concentrarlas en este semestre y llamar a sus seguidores a las calles para apoyar la más visibles de ellas, la de la salud. El presidente convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para que esos proyectos salieran adelante este semestre. Pero esta semana se inician las reuniones ordinarias sin que ninguna de las tres grandes iniciativas sociales haya sido aprobada siquiera en el primero de los cuatro debates que requieren antes de ser ley.

La pérdida de tiempo es evidente. “Le he solicitado al señor presidente que, en aras de recuperar el mes y medio de extras que se perdió porque no hemos logrado aprobar ninguna de las reformas ni siquiera en un primer debate, recuperemos ese tiempo. Hay que contemplar la posibilidad de tener unas nuevas sesiones extras, entre junio y julio, para poder terminar el semestre con las reformas que el pueblo colombiano ha venido exigiendo”, dijo el presiente del Senado y aliado de Petro, Roy Barreras.

Su colega de la Cámara, el también petrista David Racero, acepta que en esas semanas no se aprobó ningún proyecto en alguno de los debates que requieren para convertirse en ley, pero es menos pesimista. “Creo que es un poco exagerado lo que dice mi colega, porque esta semana estaremos aprobando el Plan Nacional de Desarrollo en las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara”, dijo a EL PAÍS. Reconoce que el plan, una hoja de ruta para cada cuatrienio presidencial, tiene un trámite legislativo especial y su avance no tiene el mismo impacto de las reformas. “Son cuatro comisiones y el Plan Nacional de Desarrollo no es de poca monta”, argumenta. Defiende que el Congreso sí ha estado trabajando.

Efectivamente, la dificultad ha estado más del lado del Gobierno. Aunque el presidente convocó a sesiones extraordinarias a partir del 7 de febrero, lo que dejaba un mes y medio para que las reformas avanzaran, iniciaron sin ninguna de las grandes. Solo una semana después el Gobierno radicó el texto de la reforma a la salud, como una apuesta política fuerte que incluyó la convocatoria a marchas de respaldo y el lanzamiento de un programa diario en televisión. Lo hizo en medio de grandes tensiones internas entre la propuesta de cambiar totalmente el sistema que existe desde hace 30 años, que encabeza la ministra del ramo, Carolina Corcho, y la de hacerle ajustes sin cambiar su lógica, que defendía el entonces ministro de Educación, Alejandro Gaviria. El punto central del debate era eliminar, o mantener, a las famosas EPS, las entidades promotoras de salud a las que se deben afiliar los colombianos para tener acceso al sistema, y que actúan como aseguradoras. El presidente se inclinó por eliminarlas, una decisión que defendió en los días siguientes.

Las cuatro semanas que quedaban de las sesiones extraordinarias se fueron no en debates legislativos sobre las dos posiciones, sino en un choque intestino que culminó con la salida de Gaviria del Gobierno y el aparente triunfo de Corcho, y en negociaciones entre el Gobierno y las bancadas de partidos tradicionales que han sido sus aliadas, que defendían un sistema con EPS (o entidades que cumplieran sus funciones centrales, así tengan otro nombre). El saldo final: una reforma con gestoras en vez de EPS, más estilo Gaviria que estilo Corcho, pero con la ministra en el Gabinete y de la que todavía no se conoce un texto.

Ese debate, con la salud convertida en el centro del debate político, demoró las demás reformas. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha sido la encargada de la pensional y la laboral, y las concertó con sindicatos y gremios empresariales. La laboral, finalmente, la presentó el Gobierno el jueves 16 de marzo, el primer día de las sesiones ordinarias. El tiempo se había pasado y la pensional sigue sin llegar al Congreso.

Ese atropellado inicio hace más fuerte el trancón legislativo que ya se preveía en enero. Además de esas tres reformas, el Congreso tiene en el menú el plan de desarrollo, una ley que no solo define las prioridades del Estado durante cuatro años, sino que incluye medidas para todo tipo de temas y sectores y de la que apenas se conoció la ponencia para el primer debate este lunes. También una adición presupuestal para definir el destino de 24 billones de pesos (unos 5.000 millones de dólares), un 6% adicional al presupuesto ya aprobado para 2023, que sigue sin ponencia; la ley de sometimiento a la justicia, el marco para negociar con los grupos que se acojan a la paz total y no clasifiquen como organizaciones con carácter político; la descriminalización del uso adulto de cannabis; o la creación de una jurisdicción agraria. Y encima seguían los debates de varios proyectos que avanzaron el semestre anterior, encabezados por la reforma política.

La cantidad de normas es tal que, de las principales, el representante Racero calcula que sobrevivirán solo algunas. “Creo que este semestre salen unas seis leyes grandes: salud, pensiones, laboral, sometimiento y los dos proyectos de cannabis”, explicó a EL PAÍS. Eso significa que la reforma política, un ajuste a la Constitución que ha avanzado desde el 2022 en medio de fuertes críticas de beneficiar a los mismos congresistas que la tramitan, se podría hundir, como de hecho han pedido incluso aliados del Gobierno. “Para mí el gran interrogante es si este Congreso avanza en la reforma política; yo lo dudo”, dijo Racero.

La atención se concentrará ahora en las comisiones séptimas, las unidades del Senado y la Cámara encargadas de los asuntos de seguridad social. Usualmente distantes de los reflectores políticos que se concentran en las comisiones primeras (que tratan asuntos constitucionales) y las terceras y cuartas (las económicas), en año de elecciones regionales los congresistas que están en ellas tienen la ocasión de mostrarse en medios y valorizarse ante los grupos interesados.

Tras el complicado inicio de las reformas, su futuro parece más tranquilo. Conciliadas por fuera del Capitolio, el Gobierno puede contar con las bancadas aliadas para hacer mayorías. Los congresistas del petrista Pacto Histórico más sus aliados conservadores, liberales, verdes y de La U, más otras bancadas pequeñas, tienen 16 de los 21 representantes de la comisión en la Cámara y 10 de los 14 senadores. Son mayorías con márgenes que en el papel se antojan amplios. Pero sin el apoyo de liberales, conservadores y La U, solo tendrían 9 en la Cámara y 6 en el Senado. Si la capacidad de alcanzar acuerdos sigue más por fuera del Capitolio que dentro de él, y con las campañas locales ya iniciando, un camino que parece despejado puede resultar también atropellado.

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