Las EPS sobreviven muy debilitadas en la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro

La esperada reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro, radicada este lunes ante el Congreso, mantiene la figura de las Entidades Promotoras de Salud, o EPS, aunque transforma fuertemente su papel, uno de los mayores puntos de la discusión que ha antecedido al controversial proyecto liderado por la ministra Carolina Corcho. Además, la reforma se propone crear miles de centros de atención primaria –públicos, privados y mixtos– en todo el país y también habla de un proceso de transición gradual y ordenado al nuevo modelo.

Según uno de los puntos de la reforma, que el propio presidente presentó este lunes y cuyo texto había sido manejado con sigilo, las EPS que no estén en proceso de liquidación “acordarán con base en el reglamento que establezca el Gobierno Nacional, las reglas para la entrega de la población afiliada al nuevo aseguramiento social en salud”. Es decir, dejarán de tener afiliados. Se convertirán en prestadoras de servicios de salud a través de sus clínicas y hospitales, como explica otro de los puntos.

Mientras se da el cambio de régimen, el Ministerio de Salud “adelantará progresivamente un proceso de territorialización de las EPS, concentrando su operación en las ciudades y departamentos donde tengan mayor número de afiliados y mayor organización de la prestación de servicios”. El objetivo es liberarlas de la dispersión geográfica “para armonizarlas con la territorialización del nuevo Sistema de Salud”, reza el articulado. Para ese reordenamiento territorial de los afiliados durante la transición, detalla el proyecto, las EPS existentes podrán asumir los pacientes de las EPS liquidadas o en incapacidad de atenderlos.

El presidente ha destacado durante el acto de radicación la necesidad de volcar la atención de los servicios de salud a los territorios apartados. “Queremos que una médica pueda ir a atender a la casa de una familia campesina, por muy alejada que esté”, ha resaltado. Según Petro, la reforma de 1993 que creó las EPS no alcanzó sus objetivos: “El neoliberalismo no cumplió con su cometido de hacer de la salud un derecho universal”. “No habrá más clientes en la salud pública de Colombia. Las personas serán personas”, ha comentado el presidente. La reforma, eso sí, mantiene los regímenes adicionales de atención, como las medicinas prepagadas, los seguros o los planes complementarios.

La primera de las reformas sociales

La de la salud es la más debatida de las grandes reformas sociales que el Ejecutivo planea llevar al Legislativo este año. De aprobarse, el vuelco tiene profundas repercusiones para las EPS, a las que hoy se afilian las personas con el propósito de éstas que administren los recursos para asegurar su atención. Esa cifra suman unos 60 billones de pesos, o 13.000 millones de dólares, anuales. El debate divide opiniones y ha mostrado fisuras tanto en la bancada de Gobierno como en el propio Gabinete.

En el proyecto “hay un montón de plazos para reglamentar, y esos plazos son todos muy cortos”, advierte Tatiana Andia, profesora de sociología de la Universidad de los Andes y experta en salud pública. En asuntos de fondo, apunta a preocupaciones sobre la viabilidad fiscal del nuevo sistema y la transferencia de más de 10 millones de afiliados rápido a la Nueva EPS –de participación mayoritaria del Gobierno–. “Las trasferencias de afiliados son muy problemáticas, y creo que están teniendo una visión muy mágica de que la Nueva EPS va a tener la capacidad de absorberlos sin perder la continuidad de la atención de esos pacientes. Eso ha probado muchas veces ser un reto antes”, destaca.

La reforma, en cualquier caso, marchita las EPS. De todas las EPS existentes, apenas nueve cumplen con los requisitos para seguir operando, según los cálculos de la funcionaria en una entrevista con RCN. El proyecto de ley, como se anticipaba, postula un pagador único, de manera que el dinero irá directamente a las clínicas y hospitales sin la intermediación actual de las EPS que actúan como compradores inteligentes y en competencia. Propone que los precios se definan por juntas autorreguladoras y tablas de precios.

Johnattan García, investigador en salud de la Universidad de Harvard, considera que quitarles la intermediación en el manejo de los recursos hará que dejen de existir en la práctica. “Se les ofrece la posibilidad de ser algo que hoy no son”, comenta. Para él, se atomizarán en empresas con funciones específicas en prestación de servicios, oferta de medicina prepagada o realización de auditorías. La creación de fondos regionales y municipales, además, hará más complejo al sistema: “Ya no son 30 bolsillos, sino cientos y cientos”.

El Ejecutivo escenificó la radicación del proyecto en la Plaza de Armas, un espacio entre la Casa de Nariño y el Congreso de la República que suele estar cerrado al público. En esta ocasión la convocatoria incluyó a cientos de personas del sector salud, muchas vestidas con sus batas médicas. Al mandatario lo acompañaron, entre otras personalidades, la vicepresidenta, Francia Márquez, la ministra Corcho y los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado, David Racero y Roy Barreras, respectivamente. La presencia de Barreras fue llamativa, pues había ventilado sus reparos al proyecto en las últimas semanas.

Atención primaria y prevención en salud

La reforma, según explicó la ministra Corcho este mismo lunes apenas unas horas antes de presentar el texto, se propone crear 2.500 centros de atención primaria, entre públicos, privados y mixtos,en todo el país -que podrán ser administrados por las EPS-.

El texto está en sintonía con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que contempla mayores atribuciones para la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la entidad pública que administra el dinero de la salud. Según el PND, la ADRES incluso sin la reforma podría girar a los hospitales y otros prestadores de servicios de salud los recursos que le reconoce actualmente el Estado a las EPS por cada afiliado. Con la ley, el Estado no le reconocería recursos a las EPS.

Los propósitos de la reforma incluyen, de acuerdo con el Gobierno, impulsar el modelo de prevención en salud, “dignificar” a los trabajadores del sector, fortalecer los hospitales públicos y recuperar la administración pública de los recursos. “Se van a requerir las capacidades del sector privado en la prestación de servicios de salud, en sus clínicas, en sus hospitales”, matizaba la ministra en declaraciones al programa diario que la Presidencia estrenó este mismo lunes.

Las EPS estuvieron en el punto de mira del presidente y la ministra Corcho durante meses, pese a que ambos mantuvieron la ambigüedad sobre si serían eliminadas. “No es que queramos eliminar las EPS, es que ellas mismas se han eliminado”, comentó la ministra a EL PAÍS en septiembre. Diagnosticaba la falta de cumplimiento de indicadores de calidad y la precaria situación financiera de varias de ellas. “¡Las EPS no curan! ¡Las EPS facturan!”, escribió hace unos días para difundir las marchas en apoyo a las reformas que convocó el Gobierno para este martes.

El Gobierno, sin embargo, se topó con resistencias ante una reforma cuya popularidad está en duda. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) reveló a principios de este mes una encuesta que señalaba que el 63% de los colombianos no quiere eliminar las EPS, pese a valorar la necesidad de reformas. Las críticas también se expresaron con fuerza dentro del propio Gabinete. El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, que ocupó durante seis años la cartera de Salud, cuestionaba en un documento filtrado a comienzos de mes aspectos como un diagnóstico incorrecto de la situación, malas experiencias previas con pagadores únicos públicos y posibles dificultades en coordinar la transición.

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