La mayoría de los colombianos valora el actual sistema de salud

Una clara mayoría de los colombianos identifica fortalezas en el actual sistema de salud al que el Gobierno de Gustavo Petro se propone darle un vuelco como parte de su ambiciosa agenda legislativa, aunque considera que debe tener ajustes. Esa es una de las principales conclusiones que se desprende de la Gran Encuesta de Salud que ha divulgado este miércoles la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), justo en la antesala del trámite en el Congreso de una controversial reforma al sector. Aunque todavía se desconocen los detalles clave de la iniciativa, manejada con hermetismo, los ánimos están caldeados, de manera que la encuesta se convierte en un oportuno insumo para el debate.

La reforma a la salud que abandera la ministra Carolina Corcho se anticipa desde hace tiempo como un foco de fricción política. La funcionaria ha calificado el actual sistema como uno de los peores del mundo y considera que la salud debe ser concebida como un derecho y no como un negocio, por lo que sus recursos no deberían ser administrados por privados. Sus críticos, por el contrario, destacan bondades como un aseguramiento casi universal y el hecho de que una enfermedad no implica una quiebra familiar: Colombia es el país de América Latina con el menor gasto de bolsillo en salud –el que hacen directamente las familias en las farmacias o los hospitales–.

De momento, una gran parte de la discusión se ha concentrado en el futuro de las Entidades Promotoras de Salud, o EPS, a las que se afilian las personas en el actual sistema con el propósito de que administren los recursos para asegurar su atención sanitaria. Esos recursos suman anualmente unos 60 billones de pesos –equivalentes a unos 13.000 millones de dólares–. El Ministerio ha dejado ver que busca acabar con el papel actual de las EPS, que reclaman que las han mantenido al margen de la discusión.

Consultados al respecto, el 63% de los encuestados se mostró en desacuerdo con la eliminación de las EPS y que sus funciones sean ejecutadas por una entidad pública únicamente, como se propone el Gobierno, mientras el 32% estuvo de acuerdo. En un porcentaje similar, el 67% no está dispuesto a renunciar a su servicio actual de salud y trasladarse a un sistema totalmente público, por un 30% que sí está dispuesto. A más de la mitad de los consultados –54%– les preocupa “mucho” que los recursos sean administrados únicamente por entidades públicas. En conjunto, esos resultados cuestionan la popularidad que pueda tener la reforma en los términos en que ha estado planteada hasta ahora, a la espera del texto definitivo.

El 58% de las personas encuestadas considera que el sistema de salud debe tener algunos ajustes, mientras el 32% piensa que se debe cambiar por completo y el 9% cree que debe permanecer igual. La encuesta, contratada por la ANDI a la firma Invamer, consultó a 2.704 personas, una muestra robusta que incluyó 104 municipios y 21 capitales. Se realizó entre el 20 y el 29 de enero, con un margen de error del 1,88%.

“Esto nos va a otorgar a todos una gran cantidad de elementos de juicio y de información para poder tomar mejores decisiones”, destacó Bruce Mac Master, el presidente de la ANDI, durante la presentación de la investigación. El resultado, señaló, muestra que hay muchísimas cosas que probablemente hay que mejorar, pero que hay muchas que están funcionando. “Nosotros hemos sido supremamente disciplinados en no reaccionar ante lo que todavía no conocemos en realidad”, zanjó el líder gremial sobre las discrepancias con la visión de la ministra Corcho. La ANDI se propone compartir el estudio con todos los interesados, incluidos el propio Gobierno, la academia y, especialmente, los legisladores que tendrán la última palabra.

La de la salud forma parte del paquete de reformas sociales que se comenzarán a debatir en sesiones extraordinarias del Congreso a partir del 6 de febrero, junto a la laboral y la de pensiones. El proyecto divide opiniones, al punto de sacar a flote fisuras tanto en la bancada de Gobierno como en el propio Gabinete. Voces influyentes como la del senador Roy Barreras, el presidente del Congreso, han pedido una transición menos abrupta. A pesar de que Petro ha disfrutado hasta ahora de amplias mayorías parlamentarias, el trámite de la reforma se anticipa turbulento y la propia ministra Corcho ha dicho que los cambios que puedan surgir en el camino hacen parte del debate democrático.

En términos generales, el actual sistema de salud, muy criticado desde sectores de izquierda desde hace tiempo, sale bien librado entre los usuarios. En una escala del 1 al 5, el 73% de los encuestados califica por encima de 3 los servicios de salud. Unas amplias mayorías consideran como fortalezas del actual sistema que el Estado pague la atención en salud (84%), la atención del personal médico (76%) o la calidad de los hospitales, clínicas y laboratorios (76%). En otro de los resultados destacados, un 73% de los consultados considera que puede acceder al sistema de salud cuando requiere atención médica.

Las personas que han recibido atención en los últimos dos años tienden a darle altas calificaciones, con variaciones según el servicio. El 85% de los que se han sometido a una cirugía califican la atención como excelente, un número que se ubica en el 73% en los casos de hospitalización y desciende hasta el 57% en los servicios de urgencia, los peor percibidos entre los pacientes. En términos generales, la gente se siente bien atendida, con un amplio margen de mejora en la gestión de la asignación de citas –que emerge como el ítem peor valorado–.

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