Los nudos de las reformas de Petro a la seguridad social

“El gasto del Estado no es para las mafias políticas, es para la gente del pueblo. Por eso hemos planteado una reforma tributaria, una reforma de la salud y de las pensiones, una reforma del contrato laboral” dijo Gustavo Petro en su discurso de posesión como presidente. Sacó adelante la tributaria en su primer semestre, y ahora, en el segundo, ha planteado lograr lo mismo con las otras tres. Su norte es replantear todo el sistema laboral y de seguridad social de Colombia, que en su cara actual es heredero de las reformas tras la Constitución de 1991. Pero para lograrlo debe antes desatar varios nudos.

El primero es el político. Aunque la reforma tributaria demostró el músculo que tiene el Gobierno en el Congreso, usual en un sistema presidencialista, nada garantiza que las mayorías se mantengan de su lado. Su coalición, conformada incluso con partidos en las antípodas ideológicas como el conservador, tiene el pegamento del liderazgo presidencial y de la representación política y burocrática. Ese vínculo fue suficiente para que apoyaran una reforma tributaria ambiciosa, pero no parta pasarla en blanco, pues el Gobierno debió ceder incluso en algunas de sus banderas.

Con las reformas a la seguridad social la dinámica prometería ser similar, pero las elecciones regionales de octubre, en las que las apuestas de la izquierda compiten con las de partidos aliados, crean fuerzas centrífugas. Congresistas que tienen como base política gobiernos locales, tienen motivos para alejarse del Gobierno si las fuerzas petristas amenazan electoralmente esos bastiones. “El apoyo se puede encarecer” dice Luis Trejos, investigador de la Universidad del Norte. “Se van a volver a repartir las cartas en cuanto a apoyos y oposiciones”.

El segundo nudo es el legislativo. Las tres reformas, en simultáneo, son un plato fuerte para cualquier parlamento. Pero en este caso el Congreso tiene en su agenda otros proyectos de gran calado. De entrada, se reunirá el 6 de febrero, mes y medio antes del inicio de sus sesiones ordinarias, para empezar a discutir el plan de desarrollo del cuatrienio Petro. En los últimos gobiernos, los planes de desarrollo se han convertido en una ley que no solo define las prioridades del Estado durante cuatro años, sino que incluyen medidas para todo tipo de temas y sectores, por lo que suscitan debates variados, y en ocasiones muy duros, que concentra la atención de los legisladores.

Este semestre, además, el Gobierno presentará un proyecto de adición presupuestal para definir el destino de 24 billones de pesos (unos 5.217 millones de dólares), un 6% adicional al presupuesto ya aprobado que viene de recursos adicionales por la reforma tributaria y con total libertad para disponer de él, ya que los rubros obligatorios en principio ya están cubiertos. Y deben continuar los debates de varios proyectos que avanzaron antes de diciembre, encabezados por la reforma política que promete debates fuertes por puntos como la financiación pública de las campañas, las reglas para crear y mantener partidos políticos o la forma en la que se deben conformar las listas al Congreso. Como se trata de asuntos que afectan directamente a los congresistas, suelen ser objeto de mucha atención legislativa.

Además vienen proyectos como la ley que determine cómo será el proceso de sometimiento a la justicia de aquellos grupos que se acojan a la paz total y no clasifiquen como organizaciones con carácter político, por lo que el Gobierno no puede hacer una negociación; la descriminalización del uso adulto de cannabis; o la creación de una jurisdicción agraria. Lograr que avance todo ello, en simultánea, es un reto mayor, para el que puede ser fundamental el trabajo del presidente del Congreso, el veterano congresista Roy Barreras, aliado fundamental de Petro que enfrenta un cáncer y ha dicho que renunciará cuando terminen las sesiones del primer semestre.

El tercer gran nudo es más bien una red entera: las discusiones duras que traerán de cada una de las reformas, que concentrarán debates de alta tensión que no solo afectan a sectores puntuales, sino a toda la sociedad.

En el caso pensional, el expresidente de la estatal Colpensiones Mauricio Olivera ve tres retos. “En orden de importancia son la cobertura, porque solo 1 de 4 adultos mayores tienen pensión; las desigualdades entre pensionados, especialmente en el régimen público que administra Colpensiones y en el que reciben más subsidios los que reciben mayores pagos; y el reto financiero, que importa aunque no sea tan grande como en otros países porque hay pocos pensionados (nos gastamos el 4% del PIB, contra el 14% en Francia o el 12% en España).”

La propuesta del Gobierno es cambiar la coexistencia de dos regímenes que compiten entre sí. En uno en el que los trabajadores aportan a una bolsa común en Colpensiones y se pensionan si cumplen los requisitos de edad y semanas cotizadas, con una mesada de un porcentaje del promedio de la base de cotización de los 10 años anteriores; en otro aportan a una bolsa individual en fondos privados, y el monto de la mesada depende de lo que haya ahorrado y los rendimientos de ese ahorro. La propuesta de Petro es que todos deban aportar a Colpensiones por ingresos de hasta 4 salarios mínimo, y de allí en adelante lo hagan a los privados. Según el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Oliver Pardo, el debate concreto será el monto de ese umbral, pues con 4 salarios mínimos el 95% de las cotizaciones irían a Colpensiones y los fondos privados serían inviables.

En el caso de la salud, la gran discusión está en el futuro de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), a las que se afilian las personas para que administren los recursos para asegurar su salud. Para el exministro de salud Augusto Galán, “lo de fondo es el aseguramiento en salud”. En un sentido similar, para la experta Claudia Vaca “el núcleo es que se eliminarían las EPS. Entonces una pregunta es quién asumiría esas funciones; otra es cómo se va a pagar la atención primaria, los equipos territoriales, que son deseables pero son un problema presupuestal y operativo; y otra es cuál será el papel específico de las secretarías de salud territoriales”.

En los cambios pensionales, Fabián Hernández, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, ve un nudo grande en “hasta que punto puede una empresa privada realizar actividades con trabajadores de terceros” para lo que “definir un límite siempre ha sido complicado”, y otro en que en algunos casos la Corte Suprema ha encontrado que algunas empresas usan los pactos con trabajadores no sindicalizados “para dar ciertas prebendas a fin de que no se sindicalicen”.

A esos nudos se enfrentarán el Gobierno y el Congreso en las próximas semanas. Su forma de desatarlos definirá si el cambio se acelera antes de las elecciones locales pero, sobre todo, un legado duradero de Petro.

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