El Congreso arranca sus sesiones extras con las grandes reformas todavía pendientes

Ha llegado la hora de tramitar en el Congreso, a contrarreloj, tanto las grandes reformas sociales que se propone el Gobierno de Gustavo Petro como la ley de sometimiento a la justicia que necesita para apuntalar la búsqueda de la paz total con todos los grupos armados. A partir de este martes, los legisladores regresan al Capitolio para iniciar unas sesiones extraordinarias para debatir proyectos de ley, entre los que por ahora no se asoman esas grandes reformas y focos de conflicto. La reforma a la salud se anticipa como el principal punto de fricción, con un mandatario dispuesto a convocar a las calles a sus simpatizantes para empujar esos cambios.

En una decisión estratégica, el Gobierno postergó para este año las grandes reformas sociales (salud, pensiones y laboral), después de haber concentrado sus esfuerzos en el Congreso en el semestre anterior en la reforma tributaria y la paz total. Para que las mayorías que hasta ahora le han sido favorables por un amplio margen aprueben esa ambiciosa agenda legislativa, vuelven a ser personajes clave los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Roy Barreras y David Racero, respectivamente, como lo fueron el año pasado. Con una gran diferencia: Barreras ha dado señales de marcar algunas distancias, en especial al ventilar sus reparos a la reforma a la salud.

Las prioridades absolutas son las reformas, ha dejado en claro el senador Barreras. “La más importante de todas, en mi opinión –que es mi prioridad– es la paz. La paz implica el sometimiento a la justicia”, le enfatizó a Noticias Caracol en una de varias salidas a lo largo de la semana pasada. Eso deja en segundo lugar de prioridades el paquete de grandes reformas sociales, de las que todavía no se conocen sus detalles pero sí sus principales ejes. Por ahora, el presidente Petro ha convocado a los colombianos a respaldar sus transformaciones en las calles el 14 de febrero, la víspera de las protestas citadas por la oposición.

Aunque la pensional y la laboral también son reformas de gran calado, la de la salud concentra la atención. A la espera del texto del proyecto, la ministra Carolina Corcho anunció este lunes durante una reunión con gobernadores que se propone presentarla en el Congreso el viernes. La expectativa en torno al articulado se ha venido acumulando. En un debate que divide opiniones y calienta los ánimos, la mayor discusión gira en torno al futuro de las Entidades Promotoras de Salud, o EPS, a las que se afilian las personas para que administren los recursos para asegurar su atención sanitaria.

La ministra Corcho es una crítica de vieja data del sistema de salud colombiano, al que considera uno de los peores del mundo, pero le han surgido contrapesos tanto en el propio Gabinete como en el Congreso, con Barreras a la cabeza. Desde la otra orilla destacan logros como un aseguramiento casi universal y el hecho de que Colombia es el país con el menor gasto de bolsillo en salud de América Latina, es decir que las familias no se quiebran por pagar un tratamiento. Corcho ha mostrado a cuentagotas, sin ahondar en detalles, que la reforma que prepara apunta a un modelo con preponderancia de lo público, aunque con hospitales tanto estatales como privados, que acabaría el papel actual de las EPS. Los cambios que puedan surgir en su trámite legislativo, ha dicho la ministra, criticada por su secretismo, hacen parte del debate democrático.

Barreras, médico de profesión, se ha declarado “muy preocupado” por esa reforma en particular, y ha calificado de “arrogante” y “radical” a la ministra Corcho. “Me parece insólito que se haya creado semejante debate, incluyendo marchas a favor y en contra en las calles, y que la gente no conozca el texto”, dijo en otra extensa entrevista con la revista Semana. “Le hago este petición respetuosa al Gobierno: radiquen, por favor, todas las reformas. Esta legislatura es muy corta y es un año electoral. Si las ministras de Trabajo y de Salud no tienen listas las reformas laboral, pensional y de la salud, el tiempo no va a permitir hacer los debates adecuados”, advirtió. “No crean que si las radican en marzo o en abril el tiempo nos va a alcanzar”. Ninguno de esos proyectos aparece en el decreto de este lunes que convoca a las sesiones extraordinarias, que van del 7 de febrero hasta el 15 de marzo, en las que se deberá tramitar el Plan Nacional de Desarrollo.

En contraste, la ministra de Trabajo, Gloría Inés Ramírez, que viene del Partido Comunista y tiene en sus manos las reformas laboral y pensional, se ha mostrado mucho más conciliadora y dialogante. La semana pasada, sin embargo, se conoció la renuncia de su viceministra de Empleos y Pensiones, Flor Esther Salazar, después de solo un mes en el cargo. Aunque Ramírez le bajó el tono a esa dimisión, la propia Salazar se lamentó este lunes de que no contó ni con el apoyo ni con el equipo necesario “para trabajar en el diseño, estructuración, definiciones y elaboración del proyecto de ley”.

El tiempo apremia. Ya sea para primer o segundo debate, van a entrar en el Congreso 16 grandes reformas, enumera el senador Ariel Ávila, del partido Alianza Verde, parte de la coalición de Gobierno, en diálogo con este periódico. Y no van a empezar todavía, pues el Gobierno no las ha incluido en el decreto que convoca a sesiones extraordinarias, que puede ampliar a voluntad.

Mientras la pensional hace parte de las reformas que están en el corazón del presidente Petro, valora el senador Ávila, la laboral y la de salud aún pueden ser motivo de negociaciones. “Falta que pase un tamizaje más todavía, de aquí a unas dos semanas sabremos ya en qué termina todo”, apunta el senador verde, que comparte el sentido de urgencia de su colega Barreras. “El Plan de Desarrollo sin lugar a dudas es la prioridad del presidente, y luego las reformas que comiencen a entrar”, señala, al reiterar que ni las tres grandes reformas sociales ni la ley de sometimiento hacen parte de las sesiones extraordinarias. Al menos por ahora.

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