Me Too en el Congreso de Colombia: “Hay más de un congresista asustado; hay mujeres que podrían salir a hablar”

“El ambiente en el Congreso es de tensión”, admite la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer que ha sido designada por el presidente Gustavo Petro para investigar las denuncias sobre acoso y violencia sexual en el Congreso de República. “Como muchas denuncias no han trascendido a la justicia, y en estos casos se manejan grandes poderes, me preocupa mucho la presión que puedan estar sintiendo esas mujeres”, apunta Pizarro, feminista declarada.

El presidente Petro ordenó investigar los casos en el legislativo después de que EL PAÍS publicó una denuncia contra el exsenador Mauricio Lizcano, ahora secretario de la Presidencia. De acuerdo con el relato de una mujer (cuya identidad conoce este periódico), Lizcano intentó besarla a la fuerza durante una entrevista de trabajo, un señalamiento que él niega. Esa es la más reciente de las acusaciones de acoso y abuso de parte de congresistas –y la única con nombre propio– que se han multiplicado en los medios desde la primera semana de enero, cuando el exsenador Gustavo Bolívar contó que cuatro mujeres se acercaron a contarle sus historias que muestran las redes de explotación sexual en el Capitolio. Algunas periodistas han confirmado que supieron de denuncias parecidas. Son acusaciones aún sin nombre público (por el miedo a la represalia y la revictimización, factores que históricamente han aprovechado los poderosos para mantenerse impunes), pero las congresistas de todos los partidos políticos exigen que lo que ha sido hasta ahora un secreto a voces empiece a ver la luz.

Piedad Córdoba, senadora del Pacto Histórico, insiste en diálogo con este periódico que Gustavo Bolívar debe dar los nombres de los presuntos acosadores. “Yo creo que lo correcto no es simplemente anunciar una investigación, sino que se sepa quienes son las personas, con nombre propio”, dice. Y añade: “Lo que uno oye decir es que hay tres funcionarios de alto nivel de este Gobierno vinculados, uno en una embajada y otros dos en cargos presidenciales, que además fueron congresistas”. Ante la denuncia sobre el presunto abuso de Lizcano, Cordoba le pide al presidente de la república que tome medidas. “Lo mínimo que debe hacer es separarlo del cargo”, afirma. Por ahora, no lo ha hecho.

Varias congresistas consideran que, paradójicamente, estas denuncias llegan en un momento ideal: el Congreso se ha renovado con un mayor número de mujeres alineadas con el feminismo y dispuestas a ir hasta las últimas consecuencias para denunciar el acoso y la violencia sexual. “Lo que vamos a hacer es, de alguna manera, reparar la imagen del Congreso en la República”, dice Pizarro a este periódico.

Julia Miranda, representante del Nuevo Liberalismo, ve una oportunidad parecida. “Este Congreso, y especialmente la Cámara de Representantes, es un Congreso renovado, de mucha gente joven, empoderada, mujeres que hablan claro y duro”, apunta a EL PAÍS. “Lo que uno percibe es rechazo total y contundente al acoso, a cualquier tipo de acoso. Creo que se está creando un ambiente interesante de vigilancia para que eso no ocurra más en el Congreso de la República”, agrega.

Una preocupación entre ellas, sin embargo, es si van a contar con el apoyo incondicional de los hombres en esta difícil tarea. Sobre todo de aquellos que están en el centro del poder, como el presidente Petro, y varios líderes de la izquierda. Recientemente fue criticado un exrepresentante icónico del partido de izquierda Polo Democrático, Germán Navas Talero, cuando salió a atacar a una joven congresista de otro partido de izquierda, Jennifer Pedraza, que denunciaba el acoso sexual de un académico de izquierda que iba a ser embajador. “Qué vergüenza que esta vendedora de piñatas de bazar de pueblo sea representante a la Cámara”, le dijo Talero a Pedraza, en Twitter. Petro también fue criticado cuando retuiteó el mensaje de una mujer que defendía a Lizcano. Esos hechos dejaron a las congresistas con la duda de si sus colegas hombres se comprometerán para frenar el acoso sexual en el poder.

“Espero que más congresistas hombres se solidaricen con las mujeres, porque no los he visto aún hablando del tema, y me parece importante que se pronuncien y rechacen estos hechos”, dice Carolina Arbeláez, representante del partido Cambio Radical, crítico de este Gobierno. Ella, como Pizarro y otra decena de congresistas mujeres consultadas y de distintas alas políticas, dice estar comprometida a trabajar contra el acoso sexual. Al igual que Córdoba, considera que el primero en hablar debería ser Bolívar. “Creo que el exsenador Bolívar debe ir a la Fiscalía a contar los hechos que conoce, así sea con reserva, porque es una responsabilidad enorme la que tiene, y por ley a no quedarse callado”, añade.

Uno de los pocos hombres que han hablado del tema es el senador de izquierda Iván Cepeda, uno de los principales alfiles de Petro en el Pacto Histórico. Cuenta que las denuncias de Bolívar no lo han sorprendido, pues a su juicio estos episodios no están desligados de la corrupción, el abuso de poder y “las formas absolutamente inmorales” de la política en Colombia. Aunque no ha podido estar muy al tanto de la reacciones, por encontrarse volcado a la mesa de negociación con el ELN, percibe en el Congreso una situación de “nerviosismo, en algunos casos incluso de negacionismo, de intentar disimular esta situación, y esa no puede ser la actitud”. Este asunto hay que abordarlo en toda su crudeza y no solamente denunciarlo, sino pasar a “esclarecerlo plenamente”, afirma, a la espera de que el informe que ha pedido el Gobierno tenga “repercusiones penales”.

Pero sigue siendo muy difícil que las mujeres se sientan tranquilas de denunciar, sobre todo en el Congreso, donde se estarían enfrentando a algunos de los hombres más poderosos del país. “Es muy complicado el tema de sacar a las mujeres a denunciar esto poniendo la cara, ahí hay una primera barrera”, dice la representante Catherine Juvinao, que llegó el año pasado al Congreso por la Alianza Verde y es aliada del Gobierno, aunque con críticas en algunos temas. “La línea roja entre hacer la denuncia para ayudar a las víctimas y comenzar a hacer política con este tema es muy delgada”, advierte.

Recientemente, en respuesta a las primeras denuncias, el Legislativo aprobó un nuevo protocolo interno para que las mujeres puedan tener una nueva ruta segura si quieren hacer denuncias—confidencialmente, si lo desean—y recibir apoyo psicológico y legal. Pero muchas organizaciones de mujeres consideran que no es suficientemente contundente para protegerlas, ya que el Parlamento no puede investigar a los congresistas sino solo remitir a las denunciantes a la Corte Suprema, la única institución que puede investigarlos. Para Juvinao el protocolo es “deficiente”, pues le falta crear un acompañamiento más integral a las mujeres. “Ellas sienten que se les van a cerrar todas las puertas laborales, porque sienten que, si el acosador es un congresista, se va a encargar de dañarles la vida y que nunca las vuelvan a contratar”, dice.

Aún así, la tensión está en el aire en el centro del poder político. Aunque los congresistas no mantienen estos días un contacto tan estrecho entre sí, debido a que aún no se inician las sesiones legislativas, “esto sí tiene a más de un congresista asustado”, apunta Juvinao. “Sí, hay más de un congresista que sabe que ha incurrido en uno o varios episodios de acoso, que hay una o varias mujeres que podrían salir a hablar, y están tensos por eso”, dice. “Yo celebro que el tema está en la agenda, eso tiene un efecto inmediato de prevenir a los congresistas que puedan estar ahorita en esas andanzas de continuar o persistir en ellas”, valora.

Cuando se inicien las sesiones extraordinarias, el 6 de febrero, los legisladores se podrán enterar de si hay más mujeres dispuestas a salir y denunciar a su acosador.

Si conoce algún caso de abusos o acoso sexual en el poder político colombiano que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusoscolombia@elpais.es

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