El mandato de Petro se juega en los próximos meses en el Congreso

“Dictador me llaman, cuando hemos dejado nuestra obra en manos del Congreso de Colombia, como una democracia lo requiere” dijo el presidente Gustavo Petro el martes, en su discurso de cierre de la movilización que había convocado para mostrar respaldo popular a sus reformas sociales. Era el cierre de su apuesta por reactivar las calles, esas que pusieron en jaque al Gobierno anterior y que le ayudaron a ganar la presidencia. El cierre de una movida para que sus reformas llegaran con más fuerza al Congreso, donde la mayoritaria coalición de Gobierno empieza a mostrar fisuras.

No sorprende que las mayorías legislativas empiecen a mostrar dudas. Aunque el semestre pasado el Gobierno tuvo una aplanadora, que le permitió sacar adelante la ley de la paz total y especialmente una reforma tributaria ambiciosa, la coalición tiene más sustento en el poder del mandatario en un país presidencialista, en la representación burocrática en el Ejecutivo o en la popularidad de un presidente recién elegido, que en acuerdos para sacar adelante un programa de Gobierno en el que todos estén representados. En suma, más una coalición de Congreso que una de Gobierno.

Al fin y al cabo, no era obvio que el primer presidente elegido por la izquierda en décadas pudiera tener mayorías en el Congreso. Arrancaba con una bancada propia de alrededor de 20% del Congreso. Para crecer más allá, requería sumar apoyos de bancadas de partidos tradicionales -contra los que ha hecho política por décadas- o de fuerzas de centro o de derecha -a las que venía de vencer en la campaña. Finalmente lo logró, sumando a su coalición incluso al Partido Conservador, que representa la derecha desde mediados del siglo XIX y fue uno de los bastiones de los recientes presidentes a los que Petro le hizo oposición tenaz, como Álvaro Uribe o Iván Duque. Formalmente, tiene el apoyo de casi el 75% de los actuales senadores.

Con esas amplias mayorías, el Gobierno ha planteado sacar adelante un año de muchas normas nuevas, que concreten su promesa de cambio; como dijo a este diario el presidente de la Cámara de Representantes y alfil de Petro, David Racero, “Las reformas sociales del semestre que viene son la agenda principal del Gobierno”. Entre ellas están la ley de sometimiento, que es indispensable para su política de paz total; la adición de 23 billones de pesos al presupuesto nacional, que le dará los recursos para avanzar en metas como la reforma agraria; la reforma penitenciaria; y especialmente las tres sonadas reformas a la seguridad social: la laboral, la pensional y la sanitaria.

Sacar todo eso adelante es capital para que el Gobierno demuestre que está logrando el cambio que ha prometido, y por eso la política regresa al Capitolio. La dificultad es que la coalición legislativa no es necesariamente permanente y ya sufre tensiones, más ahora que llega una reforma a la salud que caldeaba los ánimos antes de conocerse y que finalmente reflejó las posturas más duras dentro del variopinto Gabinete de Gobierno. Esa reforma, en particular pero no solamente, plantea un gran reto para el Gobierno: que el Congreso le avale las propuestas que definen su mandato. El balón queda del lado de los congresistas.

El atractivo de apoyar a un presidente incluye recibir parte de su popularidad, como ocurrió en los ocho años de mandato del entonces muy popular Uribe, quien en 2002 fue el primer presidente colombiano elegido en primera vuelta desde que la Constitución de 1991 creó el ballotage, y obtuvo un 20% más de votos que su seguidor, Horacio Serpa. En contraste, Petro ganó en segunda vuelta con 11,3 millones de votos contra 10,6 de su contendor, un margen de apenas el 3%. A eso se suma que según las más recientes encuestas menos del 50% de los consultados aprueban la gestión del presidente. Tiene sentido que un político de otras tenencias ideológicas, de electorados disímiles al de Petro, se plantee a alejarse de él.

Lo tiene más cuando las elecciones regionales están ya a la vista, y cuando la puja de su grupo político por las alcaldías y gobernaciones probablemente sea contra candidatos del petrismo. Aunque a ocho meses de las elecciones todavía no se han definido las alianzas electorales, en un país de regiones fuertes y partidos políticos débiles, éstas suelen ser variopintas. Partidos que en una elección son enconados rivales, en el departamento o municipios vecino pueden ser entrañables aliados. En Bolívar, por ejemplo, es posible que el petrismo y el conservatismo de la casa Montes terminen juntos, mientras en Boyacá esa posibilidad es prácticamente imposible.

La consecuencia de ese complejo mapa electoral es que compañeros de bancada y de partido pueden tener intereses y posturas totalmente opuestas frente a acompañar o no al Gobierno, mantenerse en la coalición, incluso votar a favor uno u otro proyecto. El caso del partido Verde, que tiene entre sus senadores a petristas de primera fila como Inti Asprilla pero también a críticos permanentes del Gobierno como Jota Pe Hernández, ejemplifican la compleja realidad a la que se enfrentan el Ministro de Interior, Alfonso Prada, y en general el Gobierno. La pregunta es cuál es la estrategia para asegurar que las mayorías sigan de su lado.

La representación burocrática puede ser insuficiente. El Partido Conservador, que tiene el ministerio de Transporte, removió al senador Carlos Trujillo de su dirección porque muchos congresistas sentían que había concentrado los nombramientos en su favor individual. La U, que en principio tiene el Ministerio de TIC, está debatiendo su posición frente a la reforma a la salud que ha criticado su directora, la excongresista Dilian Francisca Toro. Los liberales recibieron de su jefe único, el expresidente César Gaviria, un documento altamente crítico de esa misma reforma.

De hecho, será esa reforma la que primero determine el grado de éxito o fracaso de Petro. Fue por ella que el presidente movilizó a las calles, es ella la que ha creado más controversia, es la que representa una visión más radical de su cambio. En contraste, la pensional o la laboral parecen concitar más acuerdos, las de justicia afectan menos la cotidianidad de los colombianos, la tributaria logró consensos pues era más incremental que radical. Además, la reforma a la salud ya está en discusión. Si se enreda en el Congreso, se enreda no solo la gobernabilidad de Petro sino la imagen de que puede lograr por esa vía los cambios que ha prometido.

Sin embargo, incluso así esa conclusión no es obvia. Para el profesor de la Universidad del Rosario Yann Basset, hay una vía para que Petro salga victorioso si la reforma a la salud se estanca en estos meses. “Incluso si se demora en el Congreso, por lo compleja y polémica que es, con su radicación Petro ya tiene una prueba de su compromiso con las bases más radicales. Y si mientras tanto logra sacar adelante las reformas pensional y laboral, que parecen ser menos polarizantes, le sumaría resultados, cambios concretos”, dice.

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