Las droguerías quedan por fuera de la reforma a la salud

Las droguerías son, para muchos, la primera toma de contacto de millones de pacientes alrededor de Colombia con el sector sanitario. A pesar de eso, es uno de los flancos débiles de la propuesta de reforma a la salud presentada esta semana por el Gobierno del progresista Gustavo Petro en cabeza de su ministra de Salud, Carolina Corcho: en las 180 páginas del documento no hay ni una sola mención a estos pequeños locales.

Se trata de un viejo problema sin remedio a la vista a pesar de que el país enfrentó la crisis del coronavirus sin una red de farmacias profesionales articulada donde los colombianos pudieran vacunarse, sino los mismos locales de siempre que entregan medicamentos y que venden una variedad de productos que las acerca a ser misceláneas de barrio. Ese es un buen motivo para haber profundizado un poco más, sostiene Ilvar Muñoz, magíster en Salud Pública y farmacéutico de la Universidad Nacional de Colombia.

El proyecto de reforma trae tres breves menciones a los servicios farmacéuticos. Es un vacío notorio si se tiene en cuenta que el sector suma unas 22.000 droguerías en 52 ciudades censadas por Mauricio Quintero, gerente de la plataforma tudrogueríamascercana. Muñoz eleva ese dato hasta las 50.000, sin contar los establecimientos ilegales que aún proliferan: “Desconocemos los números. No tenemos siquiera un indicador de salud pública tan importante como lo es el número de farmacias por número de habitantes”, concluye.

El farmacéutico Julián López no esconde su extrañeza ante la situación y critica el marco regulatorio actual, que mantiene la base de su estructura desde hace medio siglo y solo exige acreditar estudios hasta quinto de primaria para obtener el carnet de droguista. “A principios del siglo pasado hubo unas pocas boticas con algún personal formado para pacientes particulares, pero desde el proceso de industrialización de los años 50 las droguerías han estado en manos de personas con una enorme incidencia política y que saben mucho de negocios, pero no de medicamentos”, apunta el director del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional.

Por lo pronto, las únicas declaraciones oficiales sobre este asunto salieron del presidente Petro, que anunció a principios de noviembre del año pasado que la cadena Drogas la Rebaja, que fue del Cartel de Cali y tiene presencia en cientos de municipios de Colombia, pasaría a manos del Estado. “Se busca (…) potenciar una red nacional pública de distribución de medicamentos”, manifestó el mandatario.

Claudia Vaca, del Centro de Pensamiento de Medicamentos de la Universidad Nacional, explica que el modelo que contemplaría el Ejecutivo aprovecha la capacidad de esa cadena para implantar algo parecido a las farmacias populares brasileñas, bien certificadas, con protocolos claros para disminuir fallos y con énfasis en la cercanía. Para Vaca, cabe la duda de qué rumbo tomará este tema. Por lo pronto, ha quedado fuera del proyecto, a pesar de que el artículo 81 del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo ya mencionaba someramente que los activos incautados al narcotráfico serían destinados al uso del Ministerio de Salud.

En el esquema actual hay dos tipos de droguerías. Por un lado, están las farmacias asociadas al sistema de salud, conocidas como dependientes, en las que los pacientes pueden reclamar las medicinas incluidas en su plan de beneficios. Por el otro, se hallan las droguerías de acento más comercial, como las grandes cadenas privadas o las farmacias de barrio, que venden desde cosméticos hasta bebidas alcohólicas. Por sus características de negocio, estas últimas, que representan la inmensa mayoría, funcionan bajo estándares que Muñoz etiqueta como “policivos” más que sanitarios.

La investigadora de la organización estadounidense Salud y Fármacos, Andrea Carolina Reyes, cita como ejemplo el día en que el servicio de información de la red pública de salud se cayó. Cuando llegó al punto de suministro oficial para comprar un remedio, se percató de que había una fila de al menos cinco horas.

Ante ello, sencillamente compró lo que buscaba en una droguería cercana, donde estaba disponible el medicamento. Una situación que dejó en evidencia algunos de los fallos de un sistema con dos tipos de establecimientos desarticulados: no había información sobre sus requerimientos, o en qué dosis y condiciones debía tomarlo: “Es como ir a hacer compras con una lista de mercado”, remata.

Por eso lamenta que las pequeñas droguerías no hayan dado un paso para dejar de ser “un punto de venta y convertirse en centros de atención farmacéutica, de seguimiento fármaco terapéutico o de asesoría en la prescripción”. Ello se ha traducido a menudo en perjuicios para los pacientes, según los datos recogidos por un estudio elaborado por académicos colombianos y publicado en la revista Therapeutic Advances in Drug Safety.

La investigación evaluó durante tres meses la cantidad de prescripciones formuladas por personal no médico para la covid-19 en 482 establecimientos farmacéuticos. Una de las conclusiones es que existe un alto índice de sugerencias de auto prescripción de medicamentos que solo deben ser vendidas bajo firma médica. Otro artículo científico publicado en 2018 por la Universidad de Santander constató, tras visitar 700 establecimientos, múltiples falencias en la prescripción.

Se trata de un problema grave, que puede terminar en muertes evitables. En 2020 trascendió la noticia de la muerte de dos niños a los que se les administró un medicamento equivocado en una cadena de farmacias mexicana que tiene varios locales en Bogotá. Y es que en Colombia, como gran excepción a nivel regional, existe lo que se denomina el “empirismo en las labores farmacéuticas”. Lo explica Muñoz: “La escolaridad no es requisito. Lo único que tiene que acreditar el aspirante a droguista es una carta en la que un farmacéutico o un médico certifique que la persona ha trabajado durante un tiempo en un hospital o centro de salud”.

Una medida que se deriva de una vieja autorización temporal que se otorgó para atender a los heridos causados por los desmanes violentos que se multiplicaron tras el ‘Bogotazo’ de 1948. Pedro Amariles, químico farmacéutico de la Universidad de Antioquia, encuentra grandes limitaciones en la reforma: “Es uno de los retos grandes. Hay que tratar de ser prácticos para lograr una transición porque el riesgo para los pacientes es enorme”.

Varios estudios en diferentes países han mostrado que uno de los actores con mayores niveles de confianza entre la ciudadanía es el farmacéutico. Es normal que los clientes en países como España, Chile o el Reino Unido conozcan al titular de cada establecimiento por su nombre. Por eso, los expertos consultados lamentan que una reforma que ha reteñido los beneficios de volcar los esfuerzos en la atención primaria, deje de lado la figura de las farmacias comunitarias: “son locales médicos donde la dispensación de medicamentos se acompaña de buena información farmacéutica. No se trata solo de dispensar sino además de contar con un profesional que tiene capacidad para identificar posibles riesgos para el paciente”, subraya Amariles.

En Colombia, desde hace décadas el número de químicos farmacéuticos ha sido insuficiente para consolidar una red importante. Por eso, los expertos hablan de la necesidad de un proceso de formalización de los actuales droguistas. Claudia Vaca habla, por ejemplo, de mejorar el “diseño del funcionamiento para que permita reducir los riesgos”.

Julián López observa que la cultura de la automedicación le cuesta a la salud y a las finanzas del sistema público: “Usted incluso va a un almacén de grandes superficies y encuentra una variedad de medicamentos que puede echar en el carrito como si fuera un shampú o azúcar”. Apostilla que eso es “gravísimo”, porque el hecho de que sean “de venta libre” no quiere decir que no “representen algún tipo de riesgo para determinada persona”.

La desarticulación de las droguerías con el sistema, además, produce una información epidemiológica fragmentaria e insuficiente que le quita competencias a los profesionales para hacer un seguimiento a la trayectoria de paciente, o cuando han comprado medicamentos de su bolsillo en las estanterías de una droguería y además lo están recibiendo por medio de la Entidad Promotora de Salud. “Perdemos la posibilidad”, sentencia Vaca, “de hacerle un seguimiento terapéutico integral al consumo de medicamentos”.

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