La suspensión de ayudas de cooperación de Estados Unidos amenaza la supervivencia de las ONG en Colombia

Como un baldazo de agua fría. Así ha caído la noticia de la suspensión de ayuda internacional de Estados Unidos para las organizaciones humanitarias y de cooperación en Colombia. Muchas de ellas dependen financieramente de los contratos que firman con el Gobierno norteamericano a través de la USAID, la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional. La orden del nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, de pausar durante 90 días el gasto destinado a subvenciones, pone en jaque el trabajo de las ONG, que advierten de una “situación muy compleja” para la continuidad de programas de lucha contra las drogas, defensa de derechos humanos y transformación del territorio.

Los datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) muestran que Estados Unidos proporcionó el 70% de toda la ayuda humanitaria que llegó a Colombia durante 2024, equivalente a más de 330 millones de dólares, la mitad a través de la USAID. La cifra está muy por encima de cualquier otro gobierno o entidad privada. “El presidente [Donald] Trump dijo claramente que Estados Unidos ya no va a repartir ciegamente dinero sin retorno para el pueblo estadounidense. Revisar y realinear la ayuda exterior en nombre de los contribuyentes que trabajan duro no es solo lo correcto, es un imperativo moral”, señaló en un comunicado el Departamento de Estado.

León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), una de las organizaciones defensoras de derechos humanos afectadas por este corte, afirma que la diplomacia colombiana tiene el deber de demostrar que el trabajo de las ONG en Colombia afecta directamente a la seguridad de Estados Unidos. “Hay que hacerles entender que no es un regalo que hace Washington a nuestro país. La cooperación surge porque estamos tratando de resolver un problema creado por ellos con su alta demanda de narcóticos y su política prohibicionista”, sostiene, en referencia a la fallida guerra contra las drogas.

El politólogo y analista expone que la organización que lidera corre con más suerte que otras, pues recibe financiación de varios gobiernos como el de España o el de Noruega, así que podrá continuar con la mayoría de sus programas. Los proyectos que se verán perjudicados son los que llevan a cabo en varias zonas del país como Buenaventura y Cúcuta, en donde trabajaban en la construcción de paz urbana a través de una veintena de contratistas. Aun así, León Valencia anticipa el riesgo existencial del modelo de cooperación: “Esto tendrá el mismo impacto que tiene la persecución de Venezuela sobre las ONG: muchas tendrán que cerrar”.

Un exfuncionario de la USAID en Colombia, que prefiere guardar el anonimato, comparte el tono alarmista: “La suspensión de estos tres meses puede significar la muerte física más grande de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de desarrollo que nunca hubiéramos visto”. Otras ONG consultadas rechazan hablar aún del coste financiero de la decisión de la Administración de Trump, pero todas admiten que deberán pausar varias de sus actividades en el país.

Los efectos ya se sienten en algunas entidades como la Fundación Ideas para la Paz. “Todos los proyectos que tenemos fueron pausados”, indica la directora de la organización, María Victoria Llorente, que lamenta la “situación tan compleja” en la que están decenas de sus colaboradores con la paralización de sus contratos, que repercuten tanto a los investigadores del centro de pensamiento en Bogotá como a los socios regionales. “No tenemos ninguna claridad sobre qué va a pasar”, añade.

La agencia estadounidense también financia a ONG internacionales como Save the Children, Médicos del Mundo, Oxfam, el Consejo Noruego para Refugiados, entre otros, cuya presencia en Colombia es vital en cientos de comunidades. La situación es particularmente grave teniendo en cuenta el panorama actual en el Catatumbo, una región al noreste del país asolada este último mes al ser el escenario de un cruento combate entre grupos armados, por el cual han muerto cerca de un centenar de personas y han sido desplazadas casi 50.000. A su vez, la seguridad de los líderes sociales sigue siendo un gran desafío. En 2024, 173 fueron asesinados, según un conteo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

‘America First’

La medida anunciada por Marco Rubio corresponde a la política de America First (América Primero) orientada al proteccionismo que defiende Trump a rajatabla. Durante estos 90 días, el Ejecutivo estadounidense analizará los programas en los que coopera en todo el mundo (excepto en Israel y Egipto) y decidir si mantiene la financiación. Para justificar la ayuda, dijo el secretario de Estado, se deben responder afirmativamente a tres preguntas: “¿Hace a Estados Unidos más seguro? ¿Hace a Estados Unidos más fuerte? ¿Hace a Estados Unidos más próspero?”.

La revisión de los proyectos internacionales no es algo nuevo. De hecho, es una práctica común que ocurre al inicio de cada Administración, argumenta Elizabeth Dickinson, analista de Crisis Group. “Lo que no es normal es paralizar todos los programas sin diferenciación durante el periodo de evaluación. En Colombia, organizaciones locales tendrán que poner sus contratos en pausa e incluso echar gente”, manifiesta.

Para Dickinson, es “muy factible” que la gran mayoría de programas se reanuden al finalizar este trimestre, pero el daño ya estará hecho: “Volver a contratar a la gente y reactivar los contactos en las comunidades requiere de tiempo y dinero. Es un paso atrás”. Más aún en los programas de paz, uno de los focos del organismo de cooperación en la última década. “El recorte impactará la capacidad de respaldar las transformaciones para salir de los problemas estructurales del país y que siguen siendo el combustible de la violencia”.

Indepaz, liderada por Leonardo González, tendrá que rescindir el contrato de 11 personas que trabajaban en proyectos de paz en zonas azotadas por el conflicto armado como Cauca y Nariño. “Más allá de los honorarios, el principal problema que vemos es frenar los procesos para la seguridad de las comunidades”, apunta. Más de 80 ONG y agencias de la ONU —que también reciben apoyo de Washington— tendrán que apretarse los bolsillos en el próximo trimestre. Para la mayoría, será un periodo crítico y de reajuste. Para unas cuantas, que tienen a la USAID como su mayor colaborador, el riesgo será existencial. Nada les asegura que el plazo de revisión no pueda alargarse o que, una vez retomado el flujo de dinero, este se mantenga estable.