Venezuela cierra el cerco alrededor de las ONG con una nueva ley de fiscalización

El Parlamento controlado por el chavismo ha concretado su amenaza de restringir el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Este jueves, ha sancionado la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de ONG y asociaciones civiles sin fines de lucro, que las obliga a someterse a un nuevo registro y al escrutinio oficial de sus actividades y fuentes de financiamiento.

La oposición venezolana llama a esta norma, que viene discutiéndose desde el año pasado, “la ley anti sociedad”. Se aprueba en un momento en el que el chavismo ha radicalizado la represión de sus detractores tras las denuncias de fraude en las elecciones que dieron la reelección a Nicolás Maduro.

La ley supone un mayor cierre del espacio cívico en Venezuela. Desde el chavismo se ha estigmatizado el trabajo de los defensores de derechos humanos y algunos de ellos han sido encarcelados. Este es ahora un golpe directo al sector, pues restringe las libertades de asociación y de defensa de los derechos humanos y deja a potestad del Ejecutivo suspender o disolver asociaciones.

La nueva ley establece una serie de prohibiciones —con amplio margen para la discrecionalidad gubernamental— que serán sancionadas con penas administrativas y multas. Entre ellas, recibir aportes económicos destinados a organizaciones con fines políticos, realizar aportes económicos a dichas organizaciones, realizar actividades propias de los partidos políticos u organizaciones con fines políticos o “promover el fascismo”. Además, son delitos no registrarse ante el Estado y no notificar sobre donaciones y financiamiento. Las disposiciones también aplican para las ONG extranjeras que funcionen en el país. Los extranjeros que trataban en el terreno se arriesgan a la expulsión.

Desde ahora, las ONG deben informar su inventario de bienes, balances contables y estados financieros. Asimismo, deben presentar las actas de asambleas, nombramientos, aperturas y cierres de sedes. Se les pide además la relación de las donaciones recibidas con la plena identificación de los donantes. Además, deben especificar si son nacionales o extranjeros y si son accidentales o permanentes.

El Gobierno venezolano ha criminalizado el acceso a fondos de cooperación internacional, una de las principales fuentes de financiamiento de las ONG en todo el mundo. También se las ha tildado de ser una fachada “para actividades terroristas”, el título bajo el cual —por ejemplo— se han calificado desde la Fiscalía las miles de detenciones de los últimos días en protestas ciudadanas en contra de las resultados electorales. Estas disposiciones comprometen la sostenibilidad y la continuidad de actividades de centenares de organizaciones que funcionan en el país.

Venezuela toma el camino de países como Nicaragua, El Salvador y Cuba, que ya han impuesto severas restricciones al trabajo de las ONG. Con la crisis humanitaria y la erosión democrática que el país petrolero enfrenta hace una década se ha multiplicado el número de organizaciones vinculadas a la ayuda social y fortalecimiento del tejido ciudadano. “Esto para las organizaciones de DDHH significa una grave amenaza para poder continuar apoyando a la población venezolana que tanto lo necesita en este momento”, han señalado representantes de Provea, una de las ONG con más trayectoria en Venezuela.

Este paso que ha dado el chavismo ha generado preocupaciones y condenas a nivel internacional. El martes, el Alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, exhortó a las autoridades de Venezuela para que no avanzara en la aprobación de esta ley por el impacto negativo que tendrían en los derechos humanos y en la democracia en general. “Insto a las autoridades a que no adopten estas u otras leyes que socavan el espacio cívico y democrático en el país”, dijo el funcionario. La Relatora Especial de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, también escribió en un tuit, luego de la aprobación de la norma: “Tras años de conocer y admirar el trabajo de las organizaciones venezolanas, de tantas personas que, a pesar de la persecución, llevan años echándole pichón a la lucha por las libertades y derechos, me duele profundamente la adopción de la ley de fiscalización de ONG”.

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