Estafa electoral en Venezuela: ¿queda algo por hacer?

Aunque algunos sectores de la sociedad venezolana anticiparon un posible fraude en las elecciones del 28 de julio, el deseo de insistir en la vía electoral surgió de un amplio consenso tanto en la población deseosa de cambio, como en la dirigencia opositora. La intención era poner a la élite gobernante ante el dilema de tener que aceptar el amplio descontento y negociar su salida, o tener que intentar conservar el poder a un alto costo. Casos comparables como Nicaragua en 1989 o Chile en 1990 también alimentaron la esperanza de que una participación masiva llevaría al gobierno y al sector militar a tener que respetar la voluntad popular.

Expresada esa masiva voluntad de cambio político en las urnas, para las élites del gobierno, el sector militar y demás instituciones del Estado, su permanencia en el poder sigue siendo vista como un asunto existencial. De allí, en parte, surge una cohesión, que podría ser momentánea, para sostener la declaratoria de una supuesta victoria del presidente Nicolás Maduro y que aun no tiene fundamentos verificables. Ante este escenario, conviene preguntarse: ¿existe la posibilidad de construir una solución negociada al conflicto que derive en una democracia?

La acción coordinada de amplios sectores de la sociedad, organizados en un movimiento amplio en favor de la democracia y la contribución prudente de actores internacionales podría ayudar a diseñar un acuerdo complejo que permita lograr el objetivo central de hacer prevalecer la voluntad del electorado.

Advertencias del pasado reciente

La respuesta internacional ante la absoluta falta de transparencia sobre los resultados electorales y la intención del gobierno de imponerse pese a las señales claras de su derrota debe ser consistente, pero cautelosa. Una respuesta lógica ante la evidencia presentada por la oposición y la gravísima escalada represiva del gobierno pudiera ser el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente, así como la implementación de sanciones económicas adicionales.

Sin embargo, una mirada a la experiencia reciente del “gobierno interino”, dirigido por el diputado Juan Guaidó, demostró que el predominio de la comunidad internacional en la resolución del conflicto venezolano causó una serie de dilemas y efectos no deseados tanto a la oposición como a gobiernos extranjeros. Si bien el “gobierno interino” y la estrategia de “máxima presión” creó altas expectativas discursivas y mediáticas, a lo interno contribuyó a la pérdida de credibilidad de la oposición y el desencanto y desmovilización de la población.

Tratar de reeditar esa fórmula, a pesar de que en esta oportunidad la oposición tiene una mayor legitimidad producto del voto popular, asumiría tres grandes riesgos. Primero, podría cohesionar más a las élites del alto gobierno y el sector militar, dificultando la posibilidad de que al menos parte de sus miembros eventualmente estén dispuestos a acompañar la construcción de una democracia. Segundo, podría terminar alejando la atención de la dirigencia de las demandas y deseos de la mayoría de una sociedad que busca un cambio político, consciente que esa es la ruta más expedita y estable para superar la profunda crisis económica y social que vive Venezuela. Tercero, pudiese fragmentar la frágil coordinación que ha surgido recientemente dentro de la oposición venezolana y con otros grupos interesados en favor de la democracia, en buena parte dada la aparición de una figura de consenso como es González Urrutia.

¿Es posible construir una negociación con garantías?

Restaurar la democracia en Venezuela es una tarea que recae principalmente en la sociedad venezolana y debe tomar en cuenta diversos elementos. En este momento, cuando la oposición tiene un apoyo mayoritario anclado en la voluntad popular expresada en las urnas, es esencial presentar un planteamiento más claro que convenza a quiénes todavía apoyan a la coalición de gobierno sobre las oportunidades que tendrían en un país democrático con posibilidad de un crecimiento económico sostenido. La líder opositora, María Corina Machado, quien fue crítica sobre la posibilidad de negociar con el chavismo, ha pedido el cese de la represión para poder negociar la restauración de la democracia. Con el acompañamiento de actores internacionales, dicho trayecto, aunque espinoso e incierto, pudiera rendir frutos.

Para ello, la oposición debe ampliar sus filas e incorporar a más actores en un movimiento en favor de la democracia y la recuperación económica. La indignación social que existe desde que el Consejo Nacional Electoral anunció sus resultados ha generado importantes pronunciamientos de factores externos a la alianza opositora, incluyendo grupos y personalidades que en el pasado reciente tuvieron afinidad con el gobierno. De igual forma, la necesidad de frenar la represión, que se ha afincado especialmente con los sectores populares, está creando puntos de encuentro entre actores previamente alejados. La convergencia de todos gira en torno a la demanda central de transparencia en el escrutinio y la verificación imparcial de las actas electorales. Para ello, es importante redoblar los esfuerzos para entablar vínculos genuinos de comunicación y acción colectiva, desde el reconocimiento mutuo, aporte y conocimiento que cada sector pudiese contribuir en la etapa venidera.

En contraste con experiencias pasadas, la dirigencia opositora también debe permitir una participación más activa de sus bases de apoyo y mantener su atención en las múltiples necesidades de la ciudadanía. La resistencia democrática debe a su vez articularse con grupos sociales y no-partidistas, incluyendo defensores de los derechos humanos que son clave para la protección de jóvenes, familias, activistas de base, y las personas más desfavorecidas. Fomentar la solidaridad y el enfoque en las manifestaciones pacíficas, ayudará a mantener la legitimidad y el carácter colectivo del reclamo por un cambio político y podría continuar aumentando la reticencia entre algunos efectivos militares a la represión.

Asimismo, es crucial presentar una propuesta democrática a quienes aún están aferrados al poder. La mayor tarea consiste en convencer a aquellos que están dispuestos a utilizar la fuerza contra la población de que una negociación es su mejor opción. Para ello, hay que insistir en que existe la posibilidad de acordar garantías para edificar el “día después” del conflicto.

Ese proceso de negociación tendría que asegurar el resguardo personal de varias élites de la coalición y promover mecanismos de justicia transicional conforme con los requerimientos de la Constitución venezolana. El cada vez más evidente declive del chavismo bajo su actual liderazgo podría ser un aliciente en esta dirección, ya que tratar de mantener el poder mediante la fuerza puede hoy parecer factible, pero es incierto si será sostenible en el tiempo.

Por su parte, el esquema neo-patrimonial que actualmente impera en Venezuela permite principalmente el enriquecimiento de los grandes jerarcas. Este modelo tiene además límites en su perspectiva de crecimiento y es improbable que pueda mejorar las condiciones cotidianas de vida de la mayoría de la población, incluyendo quienes trabajan en las instituciones del Estado. En lo político, una nueva democracia pudiera brindar nuevas oportunidades a quienes aspiren retomar o renovar algunas demandas originales del chavismo para tratar de construir desde las bases un nuevo proyecto político con capacidad electoral.

Con un acompañamiento internacional que logre otorgar confianza a todas las partes, la sociedad venezolana podría acordar reformas institucionales que refuercen la democracia, tales como la limitación de la reelección presidencial y la restauración del Senado para darle mayor representación a grupos minoritarios con arraigo en ciertas regiones del país. Además, resulta crucial asegurar el respeto estricto a los mecanismos de financiamiento de entes descentralizados, incentivando la participación de fuerzas regionales y locales en su propia gestión.

La ciudadanía se movilizó en torno a las elecciones demostrando su indubitable deseo de que el rumbo del país cambie. Permitir una estafa electoral tendría profundas implicaciones para la precaria situación de una gran mayoría de la población venezolana. A su vez, el atrincheramiento en el poder del gobierno venezolano tendrá efectos regionales importantes, no solo por el potencial incremento de la migración sino por la afectación del modelo democrático en la región. Lograr entablar una negociación con garantías, con la ayuda de una diversidad de actores internacionales, puede allanar el frágil camino hacia una nueva democracia en Venezuela.

Maryhen Jiménez es Marie Skłodowska-Curie Fellow en la Universidad de Oxford.

Mariano de Alba es un abogado venezolano especializado en relaciones internacionales.

Antulio Rosales es Profesor Asistente en la Universidad de York en Toronto, Canadá.