Vandalismo, terrorismo y justicia proporcional

Las protestas que terminaron en disturbios nos ponen de presente una vez más la complejidad de los problemas en Colombia y las opuestas miradas para entenderlos y enfrentarlos. Primero fue el caso de algunos indígenas Embera que se manifestaban por las condiciones precarias en las que viven y agredieron con violencia inaceptable a la Policía. Después vino el debate por la liberación de unos jóvenes que habrían participado en un episodio de vandalismo. También el carro del director de la Policía fue atacado por manifestantes. No es tan sencillo como decir “castiguen a los terroristas” o “liberen a los manifestantes”.

Es claro que la protesta pacífica es un derecho ciudadano, pero la violencia no. Y para castigar los episodios de violencia que se puedan presentar hay normas administrativas o penales, hechas para castigar los desmanes con la gradualidad necesaria.

Como telón de fondo de los episodios violentos de los últimos días está el debate por los artículos polémicos de la llamada Ley de Paz Total con los que buscaban indultar a personas acusadas de vandalismo. Finalmente no van allí, pero vendrán en otros proyectos. Y sobre ellos, de nuevo un país dividido entre los que piden el camino de la fuerza y los que piden el del diálogo y la conciliación.

Creo que la salida no está en los extremos, aunque sigamos insistiendo en ellos. No está en permitir las manifestaciones violentas ni en criminalizar la protesta social. Está en respetar a quienes se manifiestan y castigar adecuadamente los desmanes y el vandalismo. Así como a veces hay uso desproporcionado de la fuerza también se ha hecho frecuente el uso desproporcionado de la ley. Cuando al vandalismo se le da el tratamiento de terrorismo ponemos en el mismo nivel a quienes tiran piedra a una estación de bus con quienes masacraron civiles en la iglesia de Bojayá o quienes cortaron con motosierra a decenas de víctimas para tomar control de territorios. Porque hay unos delitos más graves que otros es que los códigos contemplan penas diferentes y procesos diferentes.

El presidente Gustavo Petro, a quien se le pueden criticar y controvertir muchas acciones y opiniones, acertó cuando visitó a los policías heridos por algunos manifestantes Embera y también acertó cuando se reunió con voceros de la comunidad que protestaba. Al solidarizarse con los policías el mensaje que mandó es que la violencia no se puede tolerar y que la fuerza pública tiene el apoyo del Gobierno, como debe ser.

Voy más allá y quiero aplaudir la templanza de los policías que se mantuvieron dentro de lo que la ley les permite hacer. Eso evitó que una protesta salida de curso se convirtiera en una tragedia mayor como ha pasado. De haber reaccionado con las armas tal vez estaríamos lamentando muertos, pero los muertos que nunca fueron no se ven y no celebramos a los que quedaron vivos.

Por eso no es fácil valorar el coraje y valentía de la Policía cuando resiste y mantiene lo que la ley le ordena: que la respuesta de la fuerza sea proporcional al tipo de violencia que se genera. En otras palabras, no se puede responder con balas a un ataque con piedras y palos. Eso no significa aceptar o tolerar la violencia que es condenable de todas las maneras posibles. Es entender que la ley le pone límites a la fuerza pública. Que los policías los respeten no los denigra ni los minimiza, como algunos comentaron. Al contrario: cuando la Policía cumple la ley y protege vidas, crece y se fortalece como institución.

Y que el presidente se reúna con los indígenas no significa que se justifiquen las agresiones a la Policía. Es escuchar los motivos de la protesta, que no eran menores. La comunidad Embera arrastra siglos de discriminación, violencia, desplazamiento y olvido. En la protesta se quejaban por las difíciles condiciones en el albergue al que fueron trasladados después de haber permanecido meses en el Parque Nacional de Bogotá. También, hay que decirlo, se han conocido graves denuncias sobre desmanes y posibles delitos cometidos allí. Todo se debe investigar y a ellos, en su condición de víctimas, se los debe atender. Algunos que se convirtieron en victimarios, deben responder ante la justicia. Lo que no se puede es calificar o tratar de criminales o terroristas a todos los miembros de una comunidad.

Pasa lo mismo con los jóvenes. Muchos han sido víctimas de discriminación, falta de oportunidades, estigmatización y en algunos casos también víctimas de excesos de miembros de la fuerza pública. Otros se han convertido en victimarios ocasionales en las calles o han terminado en filas de grupos ilegales. Quienes hayan cometido delitos deberán responder por sus faltas ante la ley y a otros les debe responder la ley si fueron agredidos. De nuevo: estigmatizar, generalizar, pedir linchamiento no parecen ser los caminos adecuados.

Nos convendría a todos, en especial a quienes participan en el debate público, un poco de mesura y nos convendría también saber cómo se incuban las violencias. Parte de los muchos fracasos que hemos tenido en la búsqueda de salidas al eterno conflicto es creer que basta con castigar la violencia y aumentar las penas. Se debe castigar, no debe haber impunidad, pero también es bueno entender el origen de la rabia, la sangre, la muerte. En nuestros constantes debates el refugio debería estar en las instituciones y las leyes usadas con la gradualidad con las que están escritas. Y si queremos algo distinto cambiarlas en el Congreso donde se debe hacer.

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