Los jóvenes de las protestas le reclaman al nuevo Gobierno: “No nos está escuchando”

El poder del Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso no es absoluto. En el debate sobre la propuesta de “paz total” en la que se incluían dos artículos que beneficiarían a los detenidos en el marco de las protestas, la oposición prácticamente tuvo la última palabra. El Ejecutivo de Petro, con su bancada en el Congreso, pretendía incluir en su proyecto los cambios que ilusionaban a los jóvenes que fueron imputados por delitos que desconocen la participación en las movilizaciones sociales. El debate inicial, el pasado miércoles, coincidió con una manifestación de un grupo de indígenas que terminó en una batalla campal, en la que la institucionalidad se puso de lado de la Policía y anunció un castigo penal para los indígenas. La oposición supo sacar provecho de lo que ocurrió para insistir en que no se avance en ningún tipo de alternativa para los jóvenes judicializados y el Gobierno así lo acató.

“Nuestro Gobierno sabe escuchar. Ante diversas voces críticas, hemos retirado del trámite de la ley 418/97 artículos sobre facultades presidenciales relacionadas con sometimiento a la justicia y excarcelación de personas injustamente procesadas por participar en la protesta social”, escribió el domingo el senador Iván Cepeda, el encargado de aterrizar en el Congreso la “paz total”. El anuncio de Cepeda fue seguido por el de otras figuras del Gobierno, que en la misma línea aseguraron que ya no estarían los artículos 16 y 17, que buscaban viabilizar la libertad de las personas que continúan detenidas por medio de la figura de gestores de paz, y lograr indultos o amnistías para quienes ya tienen una condena. “Con las decisiones que anunciamos, que implican el retiro de dos artículos que generaban polémica, se ha recuperado la tranquilidad del Congreso, no tendremos dificultad alguna para aprobar esta iniciativa (la de la paz total)”, dijo en la mañana de este lunes el ministro del Interior, Alfonso Prada. Horas más tarde, frente al Congreso, varios colectivos de derechos humanos hacían un plantón para recordarle al Gobierno su promesa de campaña con los jóvenes de la primera línea y con todos los otros que siguen enredados jurídicamente por procesos que no consideran justos.

Juliana Higuera no pudo estar allí porque, aunque lleva su proceso en libertad, una de las condiciones es que no participe en movilizaciones. Ella fue una de las judicializadas durante el estallido social de 2021. Estuvo recluida en una estación de policía, luego en su casa porque es mamá de una niña, y ahora, después de 99 días bajo detención, lleva su caso en libertad. Mientras se defiende de los cargos que la justicia le imputa (concierto para delinquir, fabricación de sustancias y objetos peligrosos y violencia contra servidor público), hace parte de las campañas Ni1D1A + ¡Libres y absueltxs! y Objetivo Libertad, que buscan vías para sacar de la cárcel a los detenidos durante las protestas. “Estamos frustrados y frustradas, entendemos las dinámicas de poder y de la politiquería, pero es doloroso que jueguen con las expectativas de los compañeros y las familias, estábamos esperanzados en esos artículos porque eran las opciones más rápidas”, cuenta por teléfono desde Boyacá, una de las regiones que más jóvenes encarcelados registró durante el estallido de 2021.

Hay afán, dice, porque no solo hay detenciones injustas, con cargos desproporcionados y sin pruebas, sino porque muchos detenidos siguen sin garantías mínimas para el respeto de sus derechos humanos, como los que continúan en estaciones de policía o en celdas que se supone que son de tránsito. ¿”Ellos (el Gobierno) a quién escuchan ahora? A nosotros no, no nos están escuchando”, dice Higuera, que considera que “poco ha cambiado” la posición institucional con el nuevo Gobierno.

Recuerda lo que pasó la semana anterior, cuando un grupo de indígenas empezó una manifestación pacífica en el centro de Bogotá, que fue cambiando de tono ante la presencial policial. Al final hubo heridos de ambas partes, pero la condena pública fue contra los indígenas. “Se sigue generando, a través del discurso oficial, una estigmatización al derecho a la protesta”, reclama Higuera, cuya defensa señala que su labor como defensora de derechos humanos fue tergiversada por las autoridades. Higuera, de 22 años, enfrenta un proceso como cabecilla y determinadora de concierto para delinquir.

Los políticos aliados al Gobierno tienen una explicación y aseguran que la promesa de buscar salidas para los jóvenes encarcelados sigue vigente. Pedro Suárez Vacca, Representante a la Cámara por Boyacá del Pacto Histórico, dice que ante la posibilidad de que el proyecto de “paz total” de Petro se hundiera, decidieron sacar los dos artículos para llevarlos en otro proyecto de ley al Congreso. “No vamos a declinar, los congresistas que hemos estado comprometidos con la garantía del derecho fundamental a la protesta de los colombianos vamos a continuar insistiendo”, asegura. Cuenta que un grupo de parlamentarios trabaja en la redacción de un proyecto específico para la situación jurídica de las al menos 200 personas que continúan en procesos penales por acciones dentro de la protesta. “Allí esperamos que se incluyan temas como el indulto y las amnistías”.

Suárez Vacca, como abogado, antes de llegar al Congreso les ayudó a los jóvenes de la primera línea en su defensa. Dice que el ambiente actual en el Senado y en la Cámara los hace pensar que los partidos de oposición podían “torpedear” la propuesta de “paz total” bajo la excusa de esos dos puntos sobre la protesta. “Es momento de actuar con sensatez y si la excusa que están tomando para impedir el normal curso de la paz total es la amnistía o los indultos, estamos en capacidad de presentar otro proyecto de ley para conseguirlo”, apunta.

Hasta la mañana de este lunes las organizaciones sociales pedían mantener al menos el artículo 16, que buscaba otorgar la libertad a los detenidos a través de la figura de promotores de paz y del excarcelamiento. Como no implicaba el cierre de los procesos penales, era de los dos el que menos debate suscitaba, pero permitía que los procesados pudieran defenderse en libertad. “Que lo puedan hacer en condiciones más favorables”, explica Higuera. Muchos detenidos, denuncia, fueron trasladados a sitios distantes a sus lugares de origen, lo que impide que tengan contacto con sus familias o incluso con sus abogados.

“Es complejo lo que estamos viviendo, pero no me sorprende. Lo que hemos visto de este Gobierno ha sido un cambio entre comillas. La represión en las protestas continúa y las personas que se ponen en frente de las manifestaciones son perseguidas penalmente”, dice. Como ejemplo recuerda lo que sucedió la semana pasada, cuando un grupo de indígenas se enfrentó a la policía y ahora cargan con procesos penales en su contra.

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