La tragedia interminable de los indígenas hacinados en Bogotá

En lengua embera, “chamí” traduce “cordillera” y “embera” significa gente. Es decir, los embera chamí son “gente de la cordillera”. Pero Rivaleison, un bebé del pueblo embera de un año, ha vivido más entre los cambuches del Parque Nacional de Bogotá que en las montañas del Chocó, desde donde llegó desplazada su familia. Incluso, pasó unas semanas en custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) porque presentaba desnutrición. Luego, cuando los miles de indígenas asentados en el parque llegaron a un acuerdo con el gobierno, volvió con su comunidad, que ya había sido reubicada en La Rioja, una Unidad de Protección Integral del Distrito, ubicada en el centro de Bogotá.

Después de estar algunas semanas en este centro, su familia decidió retornar a Bagadó (Chocó), su territorio ancestral. Estando allí, notaron que Rivaleison se había contagiado de tuberculosis por cuenta del brote que hay en La Rioja. Pese a que el Distrito debía hacer los trámites para que la secretaría de salud de Bagadó le llevara las medicinas al menor, esto tomó mucho tiempo y su salud empeoró. Su papá, Ribaldo, alertó a las autoridades indígenas que hace algunos días volvieron a llegar amenazas a su comunidad. Aún no saben si tendrán que devolverse a Bogotá.

Este caso es apenas un ejemplo de lo que ha sucedido con los indígenas que estaban en el Parque Nacional. La mayoría siguen albergados en diferentes Unidades de Protección Integral (UPI) de Bogotá, que se han convertido en un foco de enfermedades debido al hacinamiento. Solo en La Rioja viven 700 personas, de las que unos 400 son menores de edad. En sus salones, algunos de menos de 5x5 metros, duermen más de 30 personas; varias directamente en el suelo porque no tienen camas, colchonetas ni cobijas siquiera. El acceso al agua potable y a la energía es intermitente, por lo que varios niños terminan bañándose en el agua estancada del cercano monumento del Eje Ambiental.

Por esas condiciones se desencadenó el brote de tuberculosis, una enfermedad que de no ser tratada puede ser mortal y que se ha venido propagando a otras UPI. Según las Autoridades Indígenas en Bakatá (AIB), organización que recoge a 16 pueblos indígenas en Bogotá, ya suman 40 contagios, 30 de ellos en niños menores de cinco años. Añaden que las medicinas, que debe proporcionar la Secretaría de Salud, no llegan a tiempo, y que a veces no pueden usar los aparatos de oxígeno concentrado para paliar la infección pulmonar por los problemas con la electricidad.

La Secretaría tiene un registro de contagios mucho menor y afirma la atención a los enfermos ha sido plena: “Todos los casos diagnosticados con tuberculosis que se encuentran en los albergues temporales u hogares sustitutos, se encuentran recibiendo tratamiento, el cual elimina el riesgo de transmisión de la enfermedad”, detalló en un comunicado de prensa.

Laura García, quien trabaja dándole apoyo técnico a la AIB, explica que la diferencia en el registro se debe a que la Secretaría solo cuenta a quienes atiende directamente, y no a otros casos que terminan en hospitalizaciones. “La Secretaría no está haciendo una detección temprana del brote, con tamizajes o exámenes. La detección tardía genera graves consecuencias. Esta negligencia está generando un etnocidio en la capital”, aseguró a El País.

Sin garantías de retorno, ni de permanencia

Si bien, las afectaciones a la salud son la epítome de la crisis humanitaria, la odisea para esas comunidades se extiende más allá de Bogotá porque, pese a que muchas familias anhelan regresar a sus territorios, no hay garantías. De hecho, varias personas que han retornado a sus resguardos han sido nuevamente amenazadas por grupos armados ilegales. Así, a la par que se agudiza el conflicto en el país, crece el riesgo de nuevos desplazamientos masivos hacia la capital.

Como la madrugada del pasado miércoles, cuando llegó a La Rioja un grupo de 40 indígenas, en su mayoría niños y mujeres. Venían desplazados de Bagadó. Estuvieron más de 12 horas esperando, sin comida y a la intemperie, que la Secretaría de Gobierno y la Alta consejería distrital para las víctimas les autorizaran entrar a la UPI, así fuese de forma temporal, donde se podrían reencontrar con sus familiares. Este lugar, por ahora, es su única opción para evitar dormir en la calle.

Estos recientes desplazamientos empeoran un escenario ya trágico. Pues estos nuevos grupos deben ser ubicados en nuevos centros para no agudizar el hacinamiento en las UPI, y con ellos se deben concertar nuevas líneas de restablecimiento de derechos. Todo lo anterior, se había contemplado en los compromisos que se hicieron con la administración distrital. Desde esta instancia se debía construir una política pública indígena distrital concertada con las mismas comunidades, de donde se desprenderían rutas claras de atención a poblaciones desplazadas. Sin embargo, como no se presentan avances sustanciales en los compromisos, según las entidades distritales por déficit presupuestal, las nuevas víctimas de desplazamiento que llegan a la ciudad quedan en un limbo.

Un entramado de violencias

La revictimización contra estas comunidades no ha llegado ahí. Se ha ejercido violencia desde las mismas instituciones, como cuando algunos funcionarios les hacen comentarios racistas o les violentan de forma física. El caso más reciente se presentó la semana pasada, cuando una mujer pijao denunció que policías la extorsionaron y la golpearon por no pagarles una cuota para permitirle vender sus artesanías en la calle, la única actividad que han encontrado para solventar necesidades básicas.

Además, el apoyo que les ha dado el Estado no siempre tiene un enfoque étnico que les evite problemas prácticos o choques culturales y violencia. Por ejemplo, muchos no hablan español y no pueden acceder a servicios que solo se prestan en este idioma, no les permiten hacer uso de prácticas de su medicina tradicional o les dan alimentos que no son compatibles con su cultura.

“Las instituciones manifiestan que se están logrando avances, pero nada se materializaba en la vida de las comunidades indígenas. La realidad hoy es que las enfermedades siguen proliferando, el hambre. Hacemos un llamado a las autoridades de control y vigilancia para que asuman su responsabilidad en el cumplimiento de los acuerdos”.

Ante ese panorama las autoridades indígenas aseguran que seguirán en resistencia y si es necesario tomarían vías de hecho para exigir que se cumplan los 12 puntos acordados con el gobierno hace más de tres meses. Entre tanto, iniciaron una jornada de donaciones para suplir lo básico, junto a rituales propios de armonización para mantener vivas sus costumbres ancestrales en medio de una ciudad que sienten racista y hostil. Esperan que en el marco del gobierno de Gustavo Petro y el poder indígena que se ha venido haciendo espacio en él les lleve a la vida digna que reclaman.

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