Petro quiere que la paz sea ley en un país de víctimas

Con las familias aún enterrando los muertos de un pasado fin de semana sangriento, el nuevo Gobierno da un paso más en su intención de pacificar un país que nunca ha conocido más que la guerra. El ministro del Interior, Alfonso Prada, radicó este martes en el Congreso su proyecto de ley para alcanzar lo que el presidente Gustavo Petro llama “la paz total”. Colocar la paz como política de Estado, primer punto del texto, es una apuesta arriesgada para un país que conoce todos los tipos de violencia. En lo que va de año, y solo según las cifras oficiales, se han dado 72 masacres, cuatro en los últimos días.

Petro quiere vertebrar toda su acción de Gobierno alrededor de este reto inmenso, que hasta ahora no ha logrado ninguno de sus antecesores. La búsqueda de la paz ha sido una obsesión presidencial desde hace décadas, pero a los avances, especialmente alrededor de 1991 con acuerdos con varias guerrillas como el M-19 y en 2016 tras la firma de la paz con las FARC, le siguen retrocesos. Por décadas el país ha vivido con la violencia, que hoy lleva la firma de la guerrilla del ELN, del narcotráfico y las disidencias de las FARC. Para someter al crimen, el Gobierno propone la creación de un servicio social para la paz que podría ser una alternativa al servicio militar, según el documento adelantado por El Tiempo. A la espera de que se concrete su funcionamiento, quienes se inscriban al programa podrían trabajar durante un año en programas de alfabetización, con víctimas o en la protección del medio ambiente.

Todos los ministerios -y en Colombia hay 18- tendrán un espacio dedicado a la paz, con reuniones cada dos meses para evaluar la concreción de lo logrado. Entre los puntos más polémicos, y que seguro será objeto de discusiones en el Congreso, está la ubicación de miembros de las organizaciones armadas durante los procesos de negociación en determinadas zonas dentro del país, en las que temporalmente quedarán suspendidas las detenciones y órdenes de captura.

Esa fue la lógica que usaron en el pasado, y con desigual éxito, otros mandatarios como Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Solo el líder del Centro Democrático logró llevar a término un acuerdo dentro del país con los paramilitares, pero los intentos de Samper y Pastrana con las guerrillas fracasaron. Santos decidió por eso trasladar la negociación a Cuba y, salvo al final del proceso, nunca suspendió las acciones militares dentro del país. Petro busca una negociación con la implicación de los territorios, una de las demandas históricas del ELN, por lo que está convencido de recuperar las conocidas como zonas de distensión. El ELN es la última guerrilla activa en el país, con la que nunca una negociación ha llegado a buen puerto.

Al presentar el proyecto en el Congreso, Prada destacó que “incorpora por primera vez en la legislación colombiana el concepto de la seguridad humana como camino hacia la paz total”. Este proyecto de ley no es nuevo. En realidad se trata de una prórroga de una norma de 1997 que faculta, desde entonces, a los presidentes a negociar con los grupos armados. Cada mandatario le hace sus propios retoques y debe pasarla por el Congreso para su aprobación.

El Gobierno Petro recupera algo que ya hizo Santos para que los procesos en marcha no mueran en caso de de que se alcance el final de un mandato. “Que los procesos de paz que estén en curso vinculen a los gobiernos siguientes en la continuidad de lo que es un derecho y un deber constitucional, como es la búsqueda de la paz, que no es potestad exclusiva de un Gobierno, sino una política constitucional y de Estado”, ha dicho el ministro.

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