Afro y líder social en Colombia: la doble muerte de Nilson Velásquez y el subregistro de la población negra

A inicios de este año, las comunidades negras del sur del Chocó denunciaron un etnocidio. La primera semana de enero, hubo un desplazamiento masivo (por lo menos 140 familias) y fue asesinado Nilson Velásquez Gil, un hombre de 51 años. Las bases de datos de las organizaciones sociales que se esfuerzan por llevar las estadísticas, en una tarea que debería ser del Estado, lo contaron como otro líder social más asesinado en el país más letal para ser activista. Pero Nilson era mucho más que un defensor de derechos humanos, era un líder negro, que históricamente había trabajado por su comunidad. “Podemos afirmar que las comunidades negras del río San Juan están cada vez más en alto riesgo de extinción física y cultural: es decir, hay un etnocidio en curso”, denunció en un comunicado Acadesan, una organización étnico- territorial, que lleva años promoviendo, entre otras cosas, la titulación colectiva de tierras a las comunidades afrodescendientes en esa región de Colombia.

La noticia apenas fue registrada por medios locales y por el portal Verdad Abierta, pero en las cifras, el asesinato de Nilson y los que siguieron se contaron como otros líderes más, y la variante étnico-racial no apareció. “Estas comunidades tienen muchas carencias en relación con los derechos económicos y sociales, que se ven agravadas por estos hechos”, afirmó entonces Acadesan.

Dayana Blanco, directora de ILEX Acción Jurídica, una organización que trabaja por los derechos de las comunidades afro en Colombia, reconoce que recoger datos sobre la violencia que sufren los líderes en el país no es nada fácil porque hay que hacerlo en medio de un conflicto que sigue vigente y el peso de esta labor ha quedado en manos de la sociedad civil que ha hecho un esfuerzo más allá de sus capacidades para intentarlo ante el vacío del Estado.

“Gracias a las organizaciones civiles tenemos cifras, pero no todas incluyen la variante étnico- racial. La pregunta que nos hacemos es por qué si la mayoría de violaciones de derechos humanos en el país ocurre en Chocó, en el Valle del Cauca, en Nariño, en zonas con población sobre todo negra, esto no se ve reflejado en las cifras”, cuestiona Dayana, a propósito de la publicación Cómo superar el amplio subregistro de las violencias contra líderes y lideresas afro en Colombia, una investigación en la que también participó la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM) y con la que buscan trazar líneas para empezar a sanar el subregistro de la población negra en las estadísticas.

“Con la llegada de Francia Márquez hay una conversación en torno a la raza, al color de la piel, que nunca se había dado. Nunca se había dado tanto micrófono a este tema, pero la conversación debe ir más allá. Este país no ha reconocido los aportes de la población afro y cuáles han sido las luchas para llegar, como llegó Francia, a posiciones de poder”, reflexiona la abogada. Las luchas de las que habla empiezan, como empezó Francia, en los territorios.

“Los liderazgos afro suelen ser territoriales, por lo general asociados a consejos comunitarios. En el caso de un líder ambiental negro, no solamente se trata de alguien que defendía un pedazo de tierra, sino toda una forma de vida, asociada a lo que significa ser negro en Colombia. Alrededor de él existía un tejido social”, dice la directora de ILEX, que reconoce que la invisibilidad estadística, así como la violencia policial, es un problema compartido por la población afrodescendiente en todo el mundo, pero en el caso particular de Colombia se agrava por la intensidad de la violencia atravesada por el conflicto armado.

El subregistro en las cifras de líderes sociales es evidente. En el documento de ILEX y ASOM señalan, por ejemplo, que el 37% de los 128 asesinatos a defensores de derechos humanos de enero a agosto, según las bases de datos de organizaciones de la sociedad civil, ocurrieron en territorios de la región Pacífico, pero las bases de datos solo dan cuenta de seis víctimas pertenecientes a la población afrodescendiente. La situación se repite en los informes de violaciones al derecho a la vida de las personas defensoras, líderes y lideresas publicados por algunas entidades estatales.

“Aunque no todos los sistemas de monitoreo presentan esta falla, lo cierto es que varios siguen juntando las categorías causa e identidad étnico-racial, lo que arroja como resultado una invisibilidad de las identidades étnico-raciales. Con frecuencia, defensores/as afrodescendientes quedan incluidos en otras categorías como líderes ambientales. Creemos que, así como el universo de víctimas se discrimina con la categoría sexo/género, del mismo modo deben poder ser identificadas las personas afrodescendientes, indígenas y población mayoritaria o mestizos”, explica el documento.

“¿Si no tengo la caracterización del problema, cómo lo soluciono?”, se pregunta Blanco, que señala que la categoría identitaria no solo impacta un número sino la respuesta a un problema. “El Estado tiene la obligación legal de recoger datos que incluyan lo étnico- racial y ha fallado”, lamenta. La prensa también ha fallado. “Los medios, que se convierten muchas veces en una fuente para las organizaciones que llevan las cifras, deberían tener en cuenta la identidad de las personas que han sido violentadas y no solo la causa de su liderazgo”.

Alejandro Taba, encargado del área de monitoreo de riesgos y violencias a comunidades negras de ASOM, dice por teléfono desde el norte del Cauca que ignorar el componente racial en las cifras no solo afecta a la víctima, sino a quienes se sienten representados en esos liderazgos que desaparecen, primero con sus asesinatos y luego en las estadísticas. “La mayor problemática es la falta de una política social y pública que busque transformar la realidad de las comunidades negras, que son las que más sufren la violencia. Este país es muy racista y aunque se han logrado avances, las instituciones no han reconocido que hay afectaciones particulares que se concentran solo en las poblaciones negras”. Taba pone como ejemplo el asesinato de Edgar Quintero en mayo pasado. “Su muerte fue presentada como la de un campesino, pero era un líder afro. De nuevo, se volvió a invisibilizar la lucha de las comunidades negras y el peligro que representa para esas comunidades ejercer cualquier liderazgo”.

El riesgo a un etnocidio que a inicios de año denunciaban las comunidades del Chocó no se ha visto reflejado en las cifras, pero sí en la realidad que se vive en estas poblaciones. La primera semana de este mes, la víctima fue el líder afro Fredy Mena Oregón. Era vicepresidente del consejo comunitario y representante legal de la comunidad de La Playa, en Lloró, también en Chocó. Allí fue secuestrado la noche del 8 de octubre por hombres armados y encapuchados, que asaltaron el lugar en el que estaba y se lo llevaron. Un día después fue encontrado muerto. Más de 200 habitantes de ese pequeño pueblo en el Pacífico tuvieron que huir, acorralados por el miedo. Si habían matado a uno de sus líderes, sus vidas también estaban peligro.

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