Gustavo Petro propone a los grupos criminales un cese total del fuego en Colombia

Gustavo Petro dio un paso más, y uno particularmente arriesgado, en su proyecto de llevar la paz total a Colombia. Este jueves anunció que en los próximos días se iniciará un cese al fuego multilateral entre el Estado colombiano y todas las organizaciones dispuestas a dialogar para buscar acuerdos con el Estado. Esto significaría una reducción inmediata en la violencia, por lo menos con esas organizaciones, pero también un reto enorme en términos prácticos, pues los ceses requieren mecanismos de verificación para rastrear cualquier hecho de violencia, y así saber si una de las partes violó el acuerdo.

“En cuestión de días se va a plantear un tema público: la posibilidad de un cese multilateral del fuego que sería el inicio del fin de la violencia, con todos los que se adhieran a esa posibilidad” dijo el presidente en la sede de la misión de Colombia ante las Naciones Unidas, frente al Central Park de Nueva York, minutos antes de emprender su viaje de regreso a Bogotá tras haber dado un sonoro discurso en la Asamblea General de esa organización. “Involucrará a todos los que deseen un proceso de negociación con la justicia en Colombia para desmantelar organizaciones criminales. Lo que les proponemos es cesar hostilidades, muerte, cesar el fuego. Dado que es una pluralidad de organizaciones, eso se llama cese del fuego multilateral”, aclaró.

También se refirió a lo que ocurrirá con las Fuerzas Armadas cuando opere el cese “el Ejército va a funcionar, llegando a los territorios que no ha podido llegar antes porque están las organizaciones controlando el territorio”, respondió a una pregunta. Esa respuesta está en línea con lo que explicó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en entrevista a EL PAÍS: “Algunos interpretan que ahora el Ejército está inhibido para actuar, pero ese no es ni siquiera un pensamiento”, explicó.

El miércoles, en conversación con EL PAÍS, el presidente habló de a su política de paz total. Dijo que la dialéctica, el diálogo, era un buen acercamiento a las realidades. “Todas esas organizaciones con nombres que ya no alcanzan, un laberinto, han mandado cartas al Gobierno pidiendo abrir conversaciones. Su camino es negociar con la justicia unos beneficios jurídicos para que dejen su actividad”, reveló. Se trata de una propuesta sumamente ambiciosa. El senador Iván Cepeda, muy cercano al Gobierno y uno de los impulsores de la política de paz total, ha aceptado que el desafío es de marca mayor. “Vamos a jugárnosla toda” le ha dicho a EL PAÍS, explicando que la intención es lograr dar un cierre final al conflicto en oposición a los procesos anteriores, en los que se han firmado acuerdos con algunos actores armados, pero no con todos. El centro de estudios Indepaz ha dicho que los grupos que buscan sumarse al proceso son por lo menos 22, entre guerrillas, grupos rearmados de las antiguas FARC y bandas originadas en el narcotráfico.

El cese propuesto presenta grandes retos, que se suman a los que ya trae la propuesta misma. En la negociación del Gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, fue uno de los puntos que más tardó en negociarse, pues la mayor parte de las conversaciones se dieron con el conflicto andando. Se hizo así bajo el entendido de que la confianza entre las partes se lograba paso a paso, acuerdo a acuerdo- Esa confianza era requisito para que cualquier acusación de incumplimiento de un cese pudiera ser estudiada de forma conjunta y con el peso de saber que, de romperse el diálogo, se perderían grandes avances. Hacerlo al inicio de las conversaciones, y con decenas de actores, aumenta el riesgo de que haya hechos violentos que hagan más difícil avanzar en los acuerdos.

La manera en la que se definan los mecanismos de verificación del cese, los espacios para señalar incumplimientos o los responsables de indagar en esos hechos, pueden definir si la paz total despega. En el caso de las FARC, una misión de las Naciones Unidas monitoreó y verificó todo el proceso, que incluyó la concentración de los combatientes de esa guerrilla en zonas claramente delimitadas, y protegidas por los mismos militares que venían de combatir, como forma de evitar que interesados en torpedear el proceso los atacaran y dieran al traste con la confianza.

Además, que el Gobierno reitere la existencia de una política unificada para el tratamiento de actores armados diversos puede volver reavivar la polémica que se despertó en días pasados, cuando se revelaron encuentros del comisionado de paz, Danilo Rueda, con cabecillas de una de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC. Los dos jefes negociadores del Gobierno Santos con las FARC, el hoy senador Humberto de la Calle y el excomisionado de paz Sergio Jaramillo, criticaron públicamente esa medida, y también la posibilidad de que se entendiera que, con la paz total, bandas criminales adquieran estatus político. Ya antes el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la única guerrilla histórica que sigue activa, se quejó justamente por ello, al sentirse equiparada a las mafias criminales: “Bajo el ideal y el slogan de la ‘paz total’ se habla ahora de ‘agrupaciones ilegales’, incluyendo en ese manto al ELN , buscando igualarle en esa tabla a otras expresiones caracterizadas por rasgos diametralmente opuestos a la insurgencia” escribió en un comunicado público.

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