El hambre en Colombia, el reto mayúsculo de Petro

Edwin Flórez, un mototaxista de 45 años, suspende su trabajo al mediodía. Transporta pasajeros en Sincelejo, un municipio con cerca de 300.000 habitantes en la costa norte de Colombia, donde la temperatura puede alcanzar los 42 grados centígrados. Con el producido de la mañana, 12.000 pesos en promedio (tres dólares), compra lo básico y regresa a casa para que su esposa, Adriana Amaya, de 36 años, pueda preparar el almuerzo. Con dos hijos, Samuel, de 7 años, y Santiago, de ocho meses, se esfuerzan para evitar ser parte de una realidad: más de la mitad de las familias de Sincelejo come únicamente dos o menos veces al día. Sucede lo mismo en una cuarta parte de los hogares de las principales ciudades del país. El presidente electo, Gustavo Petro, ha asegurado que la lucha contra el hambre será la primera prioridad de su Gobierno, un reto mayúsculo.

“Hacemos arroz, pasta, plátano, que es lo que está más barato”, dice Amaya, quien cuida a los dos niños, el mayor de ellos con parálisis cerebral por una enfermedad durante el embarazo. El esposo, mientras tanto, sale en busca de ingresos. Va y vuelve con lo que consigue para tener con qué comprar cada comida. Utiliza su motocicleta como servicio de transporte ante la falta de empleo formal en Sincelejo, donde la tasa de ocupación informal llega al 66%, la más alta a nivel nacional. “Le doy gracias a Dios porque hay personas que nos ayudan”, agrega la mujer, que, en varias ocasiones, ha recibido donaciones del banco de alimentos del municipio.

La pareja vive en situación de pobreza monetaria extrema, al igual que otros 6,1 millones de personas con ingresos que no superan los 161.099 pesos mensuales (unos 40 dólares), una cifra que impide acceder a alimentación suficiente y saludable. El 39,3% de la población nacional, 19,6 millones de ciudadanos, está en pobreza monetaria según la línea trazada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane). Subsisten hasta con 354.031 pesos mensuales (alrededor de 88 dólares) que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Aunque en el último año 1,4 millones de personas salieron de esta condición, todavía son más de dos millones de personas adicionales a las que había antes de la pandemia. Las cifras serían mayores si no se hubieran implementado programas de ayudas sociales.

“Colombia tuvo grandes avances en reducción de la inseguridad alimentaria hasta que llegó la pandemia”, sostiene el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Alan Jorge Bojanic, quien reconoce que la situación se ha deteriorado en todo el mundo. No solo el impacto del coronavirus ha profundizado el problema. En el país también se han sentido efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania como el incremento en el costo de los fertilizantes ― el 42% de los fertilizantes importados a Colombia vienen de esas dos naciones en conflicto.

Por la crisis de inflación mundial, productos como la papa, la yuca, el tomate, el arroz y algunas frutas, entre otros, están más caros. Los precios de los alimentos en Colombia han subido un 26% interanual, mientras el incremento del salario mínimo, de un millón de pesos (250 dólares), fue del 10%, señala el informe de perspectivas económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El aumento del costo de los alimentos supera el promedio de los países miembros. El alza afecta, especialmente, a la población de bajos ingresos, como la familia de Edwin Flórez y Adriana Amaya, que se ve obligada a comprar menos alimentos y de menor calidad.

Salidas desesperadas

Hoy en Colombia, 1,2 millones menos de hogares tienen la posibilidad de consumir tres o más comidas diarias en las 23 ciudades principales, en comparación con lo que ocurría antes de la pandemia. El número bajó de 7,6 millones a cerca de 6,4 millones, según la más reciente encuesta Pulso Social del Dane. Capitales como Neiva, Bogotá, Ibagué, Pasto y Quibdó son lugares donde todavía son menos las familias que consumen las tres comidas. En Valledupar, Montería, Florencia, y Cartagena, entre el 40% y el 50% de los hogares comen dos o menos veces al día.

Quienes no tienen cómo pagar una buena alimentación, optan por reemplazar productos como carne por huevos, reducir el tamaño de las porciones, o restringir el consumo por parte de alguno de los integrantes de la familia. Algunos buscan otras salidas como pedir alimentos prestados a amigos o familiares, comprarlos a crédito, trabajar exclusivamente a cambio de ellos, o rebuscar sobras. Respuestas como estas llamaron la atención de un clúster de seguridad alimentaria y nutrición que llegó hasta comunidades remotas de Puerto Carreño (Vichada), zona de frontera con Venezuela, donde confluyen otros dos detonantes del hambre: el conflicto armado y el fenómeno de la migración. Colombia es el mayor receptor de migrantes venezolanos con alrededor de dos millones viviendo en el país.

Las consecuencias de enfermedades causadas por el inadecuado consumo de alimentos pueden ser irreversibles. Los niños y madres gestantes son los más expuestos a anemia, desnutrición aguda (bajo peso para la talla o estatura, que puede llevar a la muerte si no se trata a tiempo) o desnutrición crónica (retraso en la talla para la edad). Un menor de siete años con desnutrición crónica, por ejemplo, puede tener la talla de un niño de apenas dos años y medio. “Esto altera el desarrollo cerebral y la capacidad cognitiva, afectando el desempeño escolar. Hay secuelas a largo plazo como acceso a empleos con baja remuneración y menor capacidad en la toma de decisiones”, explica la coordinadora del grupo que estuvo en Puerto Carreño, Zandra Estupiñán, nutricionista de 38 años, especializada en gobierno y políticas públicas.

El mayor número de las 133 muertes probables asociadas a desnutrición en menores de cinco años, reportadas este año ante el Instituto Nacional de Salud (INS), ha ocurrido en La Guajira y Chocó, los dos departamentos con mayores índices de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema. “La situación de hambre en Chocó es caótica. Hay gente que le toca acostarse con un solo alimento. La gente acá vive es del día a día”, advierte el padre Johnny Milton Córdoba, de 49 años, director de la Pastoral Social de la Diócesis de Quibdó. Regiones periféricas como Vichada, Vaupés, Guaviare, Amazonas y Arauca, además de La Guajira, fueron las de mayor prevalencia de desnutrición en 2021.

La paradoja del desperdicio

Mientras en unos lugares se sufre por hambre, en otros hay alimentos que están a punto de ser arrojados a la basura. “En Colombia estamos botando la tercera parte de los alimentos que se producen y lo mismo ocurre en varias partes del mundo”, asegura Juan Carlos Buitrago, médico de 40 años, quien dirige la red de Bancos de Alimentos que reúne a mil 300 trabajadores y voluntarios. Su misión consiste en recuperar comida que no se comercializa para ayudar a alimentar a más de un millón de personas.

De los 9,7 millones de toneladas de alimentos que se estima que se pierden o desperdician cada año, solo se logra recuperar el 0,3% (29 mil toneladas), a pesar de tener 23 bodegas y una flota de 80 camiones con suficiente capacidad de almacenamiento. La razón principal son los elevados costos logísticos. Buitrago dice que se requiere ayuda gubernamental para comprarles a los campesinos los excedentes de las cosechas a precios bajos y coordinar su posterior redistribución. Además de afrontar retos de esta naturaleza, son necesarias otras soluciones estructurales para hacer frente a la crisis.

La abogada Diana Guarnizo, de 39 años, coordinadora del área de justicia económica de Dejusticia, un centro de estudios que promueve los derechos humanos, considera que se deben tomar medidas para que Colombia vuelva a producir la mayor parte de alimentos como cereales, reducir su importación y la exposición a situaciones globales adversas. “Esto depende de mejorar las vías y apostarle al campo, asegurar las condiciones para que las familias vuelvan a sembrar y ser productores de los alimentos que necesitamos”, dice Guarnizo.

Gustavo Petro se ha declarado preocupado, insistentemente, por el hambre en el país. “Allí es donde veo que hay que tomar las primeras medidas de urgencia”, expresó en entrevista con este medio luego de ser elegido el pasado 19 de junio. Como candidato dijo que mitigar esta crisis sería su primera acción de gobierno, un desafío que será mayor si se tiene en cuenta que ayudas sociales como el Programa Ingreso Solidario, creadas para aliviar el impacto de la pandemia, estarán vigentes solo hasta finales de este año.

Mientras se evalúan y definen las decisiones de fondo, en Cartagena, a 200 kilómetros de Sincelejo por carretera, Carmen Peña, una mujer optimista, de 59 años, abre voluntariamente las puertas de su casa para cocinarles a 50 adultos mayores en esa ciudad turística donde también hay pobreza. Con la ayuda de su hija Ingrid Monterroza, de 37 años, prepara almuerzos calientes con las donaciones de alimentos que llegan de la Arquidiócesis hasta el barrio Puerta de Hierro, dos veces a la semana. “Me siento muy contenta de prepararles almuerzo a los señores porque veo que de verdad lo necesitan. Lo hago de corazón”. Carmen sabe que el hambre en Colombia no da espera.

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