Devuélvanos su beca

Rodrigo sabe que se equivocó de carrera. Alumno brillante, entró en la Universidad de Sevilla con un expediente sobresaliente, pero su trayectoria pinchó en Telecomunicaciones. Mucho. Ahora está varado en su pueblo extremeño para devolver los 3.300 euros que gastó durante su primer año fallido como universitario. Tiene que reintegrar la beca. “Aquí no hay mucho que hacer, es una zona agrícola, así que el trabajo que llegue no lo voy a rechazar: cajero, camarero…”.

Paula (nombre figurado) consiguió vencer sus límites, apartar la etiqueta de ACNEE —Alumno con Necesidades Especiales Específicas— y entrar en bachillerato en un centro del sur obrero de Madrid. Le concedieron una ayuda de 704 euros (el máximo son más de 3.000 para los que se tienen que mudar), pero el año le resultó más duro de lo que esperaba y no pudo aprobar la mitad de las asignaturas. Tiene que devolver la beca. Su compañera de instituto, que también pide que no se difunda su nombre, dejó de asistir a mitad de año porque su padre estaba enfermo de cáncer y tenía que acompañarle. El Estado le reclama el dinero que le concedió para el curso pasado y que ya ha gastado. Así ocurre con miles de alumnos.

El Ministerio de Educación no solo ha endurecido los criterios para que alumnos de FP, bachillerato y universidad con menos recursos consigan ayudas para el curso que acaba de empezar. También ha decretado medidas más severas para aquellos que han recibido una ayuda pero no han cumplido con las expectativas que el sistema puso en ellos. La devolución es un proceso que ya se exigía, pero los nuevos requisitos van a disparar la cifra de afectados. El alumno que no haya superado la mitad de créditos o asignaturas y que no certifique haber asistido al 80% de las clases, debe reintegrar la ayuda que recibió para transporte, material y manutención. Las tasas de matrícula nunca hay que devolverlas. Hasta ahora, el ministerio estima que hay unos 6.500 universitarios y 3.400 estudiantes de ciclos medios que deben dinero del curso 2011-2012 al Estado, acogiéndose a los criterios en vigor hasta agosto de 2012: asistir a menos de la mitad de las clases o haber anulado la matrícula. Con las nuevas reglas, solo la Universidad de Sevilla, uno de los campus con más demanda de becas, prevé que 1.400 estudiantes deben reembolsar ayudas que oscilan entre 429 y 6.056 euros. La cifra total en universidades se va a disparar por encima de 20.000 personas, según una estimación a la baja de este periódico con los datos de 13 universidades. El proceso es lento, pero implacable. Los centros tardan más de un año en resolver los expedientes de cada estudiante. Aquellos que no devuelvan lo gastado pueden acabar en un listado de morosos y arrastrar años su deuda.

Como las competencias educativas están transferidas, y hay comunidades que también gestionan sus propias becas, la realidad además varía de una región a otra. A unos 3.400 alumnos de bachillerato y formación profesional se les ha abierto expediente por cursar baja en el centro en el 2011-2012. Representaron en total tan solo un 0,9% de todos becarios de enseñanzas no obligatorias. Es imposible hacer estimaciones de este curso porque aún los directores de algunos centros —con menos personal en secretaría que antes de la crisis— no han elaborado la lista de alumnos. Dos ejemplos: un centro de la Comunidad de Madrid calcula que deberán reembolsar las ayudas seis de sus 40 becarios. El año pasado fueron dos. En Extremadura, la estimación oficial es que 1.000 de los 19.000 alumnos de bachillerato y FP con ayudas tendrán que devolverlas.

Los institutos de regiones como Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias o Murcia ya han empezado a recabar datos. El ministerio pide a las comunidades autónomas esas listas y estas reclaman la información a los centros. En otras regiones, como Andalucía, los directores de instituto señalan que ni siquiera ha empezado el proceso.

En la universidad del País Vasco no se aplica ninguno de estos criterios porque el Gobierno regional dispone y reparte las ayudas con sus propios requisitos, que no pasan por una devolución por suspender asignaturas. Navarra o Canarias habilitan comisiones para estudiar caso a caso. En Cataluña, los campus aún no han comenzado a tramitarlo. Las facultades señalan que es la agencia de gestión de ayudas universitarias, dependiente de la Generalitat, la que debe hacer ese trabajo. Y en la agencia, que son los campus quienes se deben poner manos a la obra para reclamar, informa Ivanna Vallespín.

Fuentes del departamento de becas del ministerio explican que buscan fórmulas para un pago fraccionado por las numerosas peticiones de afectados. Estudian para ello la normativa del Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem) para el reintegro de prestaciones irregulares de desempleo. Aseguran que ellos gestionan un millón de becas y estos casos son tan limitados que pueden permitirse supervisarlos con calma. Si la excepcionalidad está justificada, no obligan a abonar la beca. El Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (CADUS) también revisa alternativas con el Vicerrectorado de Estudiantes para hacer más llevadera la devolución. “Aún no sabemos las directrices claras, buscamos resquicios legales para que los estudiantes puedan salvarse”, señala Alfonso Torres, portavoz del CADUS.

Muchas federaciones de asociaciones de padres (Fapas), alumnos e incluso centros de secundaria desconocían hasta ahora el cambio de los requisitos para devolver la beca. La resolución de la Secretaría de Educación fue publicada en agosto de 2012, aunque el ministerio recuerda que el decreto ha sido ampliamente discutido en órganos donde están presentes las familias. La Fapa de Asturias envió cartas en mayo a sus afiliados recordando que si los estudiantes no aprobaban, habría penalización. “Se quieren cargar la igualdad de oportunidades, al alumno que tiene un mal año se le entorpece el acceso a la educación”, razona Eva Grimaltos, de la Fapa de la Comunidad Valenciana.

“Todo nos llegaba como rumores, tuve que ir directamente a un despacho para confirmarlo”, explica el exteleco Rodrigo González desde su casa de Burguillos del Cerro (Badajoz). En septiembre de 2012, con 18 años, dejó el pueblo para estudiar en Sevilla una carrera, esa que no habían podido cursar sus padres. Llegó con mucha ilusión. Con su expediente brillante, pudo elegir de sobra y optó por Ingeniería de las Telecomunicaciones. “Siempre me han gustado las tecnologías y quería una carrera con salidas porque todo está fatal”, cuenta. Pero se equivocó. “Empezaron a llegar los reveses”, explica. Suspendió casi todos los exámenes, uno tras otro. Solo ha aprobado una asignatura. Según un estudio de la Universidad de Valladolid de 2009, el tiempo medio para completar una ingeniería es el doble del previsto oficialmente. “Entiendo mi parte de culpa y que no me den beca para el año siguiente, cómo no lo voy a entender, pero pedí la ayuda para entrar en la universidad porque no tengo dinero, y sigo sin tenerlo”, reflexiona González. Su padre fue despedido de una empresa de granito, su madre no trabaja. Ha vuelto al pueblo a juntar los 3.300 euros con trabajillos que le vayan saliendo. Habría empezado en otra carrera si no hubiera tenido que devolver el dinero. Ahora espera ahorrar un año y volver a intentarlo el curso que viene. “Mi familia me apoya, ellos también quieren que sea universitario”.

Las cartas muchas veces se demoran demasiados años en llegar y lo hacen en el momento menos conveniente. A Silvia (también con nombre falso), que estudia cuarto de una carrera de Humanidades en Salamanca, le reclaman ahora los 3.300 euros de primer curso fallido que hizo en otra carrera. Al cambiarse de carrera no tenía derecho a beneficiarse de esa ayuda. “Tengo una pensión de orfandad de 220 euros y mi madre, que limpia casas, una de viudedad de 500 euros. Sé que me equivoqué, pero no veo cómo devolverlo”.