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Un grupo de profesores denuncia la arbitrariedad en los procesos de selección del CSIC

La mayor institución científica de España rechazó, por problemas formales, entre otros, a uno de los mayores expertos mundiales en Velázquez

El presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo (segundo por la izquierda) en la presentación de un sello conmemorativo de la institución
El presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo (segundo por la izquierda) en la presentación de un sello conmemorativo de la institución

Las críticas a la endogamia en el sistema académico español son frecuentes, pero son más habituales en círculos cerrados. La semana pasada varios profesores e investigadores de historia del arte de universidades y centros de investigación se saltaron esa norma. En una carta dirigida al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad mostraban su “rechazo e indignación” por el procedimiento seguido para la contratación de un científico para cubrir una plaza del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el departamento de Historia del Arte. En este proceso se rechazó por cuestiones formales a investigadores de prestigio internacional.

En su misiva, explican cómo el pasado 23 de mayo a las 9.30 de la mañana se citó a los aspirantes para que acudiesen presentando los trabajos y documentos acreditativos de su currículo. A las cinco de la tarde de ese mismo día, siete horas después de recibir la abundante cantidad de documentos, el tribunal comunicó que había examinado “de forma equitativa y comparada” la producción científica de los convocados. Tres de los candidatos habían sido excluidos por no haber presentado copia completa de su trabajo. Los tres excluidos habían presentado la portada, índice, primera y última página, además del ISSN o ISBN de sus publicaciones en el caso de los libros, un formato aceptado por instituciones como la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), encargada de velar por la calidad de la educación superior en España. Los nueve candidatos restantes, que sí fueron admitidos a concurso, se presentaron con la totalidad de sus publicaciones, en varios casos, cargados en maletas hasta la sala donde debía celebrarse el concurso.

Los conocedores de los procesos de selección pueden adivinar, casi con certeza, quién recibirá la plaza

En opinión de los firmantes, el procedimiento "interpreta arbitrariamente" la normativa sin ofrecer a los candidatos la posibilidad de rectificar con tiempo y presentar el material de acuerdo a los criterios de interpretación del tribunal. Además, "premia la cantidad por encima de la calidad de la producción científica". Entre otras cosas, se cuestiona que ese material pueda ser examinado en su totalidad en tan poco tiempo y plantean si en realidad son “leídas o pesadas” en unas pocas horas. En su opinión, los procesos aplicados para cubrir plazas de instituciones como el CSIC “no contribuyen a mejorar la calidad de nuestra investigación, socavan en lugar de promover la excelencia científica, fomentan la endogamia y nos alejan de la vanguardia científica internacional".

En un artículo publicado esta semana en el blog el asterisco, el investigador del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC Juan Pimentel habla de cómo “una vez que se convoca la plaza con el tribunal cerrado” se suele “saber de antemano” o se prevé “con mucha certeza quién obtendrá la plaza”. Él mismo reconoce que cuando salió “su plaza” fue el único candidato. “Podría alegar que había obtenido el primer contrato Ramón y Cajal en Historia de la ciencia en España, que había disfrutado de una beca posdoctoral en la Universidad de Cambridge y que reunía otros méritos, pero lo cierto y verdad es que logré mi estabilidad laboral tras más de 15 años de becas y contratos porque me hicieron un tribunal a medida, como a casi todos”, asegura. En el caso de la plaza que ha desatado la indignación de muchos profesores e investigadores de historia del arte en España, este periódico pudo comprobar que, como menciona Pimentel, científicos conocedores del proceso de selección pudieron predecir quién sería la persona que finalmente obtuvo la plaza.

Uno de los firmantes, el catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid Delfín Rodríguez explicaba que la intención de la carta pública es “llamar la atención sobre la necesidad de un cambio en las normas de acceso, que ahora permiten cualquier tipo de arbitrariedad”. Rodríguez afirma que no pone “en duda la honestidad de los concursantes o del tribunal”, pero considera que los criterios no son claros y las normas deberían cambiar. Además, cree que se ha producido una deriva en la que, con frecuencia, los tribunales valoran más las carreras administrativas para acceder a las cátedras de universidad que los méritos intelectuales.

Otro de los investigadores que han apoyado el contenido de la carta, Felipe Pereda, profesor de Arte Español en la Universidad de Harvard (EEUU), también señala como una perversión que las plazas sacadas a concurso suelan acabar ocupadas por personas “que se han formado en los departamentos que las sacan”. “En EEUU es impensable que te quedes en la universidad en la que has escrito tu tesis doctoral y la has defendido”, asevera.

Los miembros del tribunal afirmaron en una carta de respuesta que reconocen la necesidad de mejorar las normas para este tipo de procedimientos, pero niegan que en este caso concreto la exclusión de los candidatos por cuestiones formales haya sido fruto de la arbitrariedad. Consultada por este periódico, la presidenta del tribunal afirmó que prefería "que este debate se mantuviese en el ámbito académico".

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