Tres futuros para Cataluña

No me lo esperaba. Me refiero al resultado de las últimas elecciones catalanas: no me lo esperaba. Dijeran lo que dijeran las encuestas, hasta el último momento pensé que saltaría la sorpresa y el sentido común acabaría imponiéndose. Me equivoqué: yo creía que Cataluña no es como es. Claro que los independentistas han ganado en escaños y no en votos, pero eso no anula lo esencial, y es que antes de las elecciones había en el Parlamento catalán menos de un veinte por ciento de diputados independentistas y ahora hay más de un cincuenta por ciento. Nos guste o no, es un cambio descomunal. Podemos preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí y quiénes son los responsables; más urgente me parece preguntarse, sin embargo, qué va a ocurrir en adelante.

Apenas una semana después de las elecciones catalanas, desde el punto de vista del Gobierno español yo sólo vislumbro tres posibilidades, suponiendo, claro está, que Rajoy gane las próximas elecciones, cosa no improbable, y que Mas sea capaz de formar Gobierno, cosa que ahora mismo parece complicada. La primera consiste en que el Gobierno español finja que en Cataluña no ha pasado nada, que lo único que hay que hacer es aplicar la ley a rajatabla y que la ley, que está para cumplirse, no está también para cambiarse cuando la realidad cambia; verosímilmente, esto no hará más que enconar el problema, lo que puede llevar a una situación muy difícil, si no inmanejable. La segunda posibilidad consiste en que el Gobierno español haga a los catalanes una propuesta de reformas legales, con el máximo apoyo de los partidos políticos, para que los catalanes podamos votarla en una consulta que repare el tremendo error que supuso, de principio a fin –desde su concepción y gestación hasta la ratificación en referéndum y posterior sentencia correctora del Tribunal Constitucional–, la historia del Estatut (es falso que esa desdichada historia sea la única causa de la situación actual, pero también es falso que no sea una causa más, y no desdeñable); aunque los independentistas radicales no aceptarían esta solución, todas las encuestas dicen que es la preferida por los catalanes, incluidos muchos independentistas de circunstancias. La tercera posibilidad consiste en promulgar una ley que permita la celebración de un referéndum legal y pactado, al modo de la Ley de Claridad canadiense (una solución a la que apunta por cierto la última sentencia del Tribunal Constitucional sobre Cataluña de 25 de marzo de 2014); esta solución podría constar de cuatro pasos. Primero: una reforma constitucional que elimine los obstáculos legales para el referéndum, empezando por la reforma del artículo 2 de la Constitución. Segundo: la celebración de un referéndum de independencia con reglas claras (siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo canadiense en que se basa la Ley de Claridad, este referéndum no supondría la pérdida de soberanía de los españoles sobre su territorio: estos, simplemente, se la cederían por un tiempo a los catalanes para que decidieran sobre su permanencia en España). Tercero: si el apoyo a la independencia ganase por una mayoría suficiente, se iniciarían las negociaciones entre el Gobierno catalán y el español para llegar a un acuerdo sobre las condiciones concretas de la separación. Cuarto: una vez conseguido ese acuerdo, deberían ratificarlo en referéndum todos los ciudadanos españoles, quienes de este modo no perderían la soberanía sobre el conjunto de su país.

Estas son las tres posibilidades que en este momento atisbo. La primera es la peor, pero, si el PP sigue en el poder, la más probable: una salida falsa. La segunda no sólo es una verdadera salida: a corto plazo, quizá es la mejor (o la menos complicada); también es muy improbable con el PP en el Gobierno. En cuanto a la tercera, es verdad que es larga y azarosa y que debería contar con el acuerdo de la UE; pero, si se hace bien, puede ser la más segura y duradera para todos, además de la preferible para quienes, como un servidor, aspiramos a la disolución política de los Estados y a depender cada vez más de una Europa federal o confederal. Mientras llega ese momento, si España no es capaz de ofrecernos a todos “un proyecto sugestivo de vida en común” –por decirlo con la consabida fórmula de Ortega–, España no merece la pena.

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