La ministra anuncia que los 'papeles de Salamanca' volverán a Cataluña

La ministra de Cultura, Carmen Calvo, no cambia una coma del informe del comité de 17 expertos sobre los papeles del Archivo de Salamanca y anunció ayer en el Congreso que el Gobierno lo asume como propio y que se devolverán a la Generalitat de Cataluña los documentos que le fueron incautados en la Guerra Civil. La ministra aseguró ayer por la tarde que "la decisión está ya tomada" y que "no hay prisa" para hacerla efectiva, ya que hay que esperar un dictamen jurídico sobre la forma en que debe llevarse a cabo. El portavoz del Gobierno catalán, Joaquim Nadal, mostró la satisfacción de la Generalitat y dijo: "Ahora empieza el proceso de traslado de los fondos documentales", que "esperamos que se haga con rapidez".

Lo que le pidieron en el Parlamento el pasado 18 de mayo está hecho. "Un dictamen antes de fin de año sobre un problema que es histórico", aseguraba ayer Carmen Calvo. Los 17 expertos convocados por el ministerio, presididos por Federico Mayor Zaragoza, fueron claros. "No se produjo ni un voto en contra de su decisión y eso que nos preocupamos de que estuvieran representadas todas las partes, incluidos el Ayuntamiento de Salamanca, la Junta de Castilla y León y la Universidad, que no se opusieron al dictamen", recordó Carmen Calvo.

Pese a eso, no entiende el ruido que ha seguido a todo el asunto, con amenazas, descalificaciones y desprecios al comité, incluso declaraciones como las del alcalde de la ciudad, Julián Lanzarote, del PP, cuando dijo que no saldría ni un papel del archivo. "En este país, para algunos, cuando se decide algo que no nos cuadra, entramos en la sinrazón", agregó Calvo. "Y nosotros no hemos hecho más que avalar una petición legítima de la Generalitat, una institución a la que se le arrebataron unos documentos por la fuerza, y que por tanto tiene derecho a pedir. La legalidad internacional les avala con el Tribunal de La Haya y la Unesco, cuando dicen claramente que los botines de guerra, que fue la forma en que se consiguieron éstos, deben ser devueltos".

Cómo se hará, no corre tanta prisa para la ministra. "Remitiremos esta semana al Parlamento un informe con la solución adoptada, aunque su articulación técnica puede tardar semanas o incluso meses porque se debe estudiar la manera de hacerlo. Pero será algo sencillo, como trasladar un cuadro". El tiempo que transcurra no le preocupa. No cree que se arme más ruido. "Es algo que está clarísimo. Y la gente lo entiende perfectamente. Cuando se den cuenta de que a los ciudadanos no se les puede engañar fácilmente, dejarán de hacer demagogia", afirmó Calvo: "Si alguien se empeña en enfrentar territorios, será su responsabilidad".

Se impone la prudencia, más cuando, según ella, "quien primero reclamó que se devolvieran estos papeles fue Manuel Fraga, en tiempos del Gobierno de Adolfo Suárez". "Que tengan cuidado con lo que dicen. Éste es un problema que podía haber resuelto cualquiera de los gobiernos anteriores y no es una cosa del tripartito catalán. Así que no hay que echar más leña al fuego, conviene que los cargos públicos no confundamos a los ciudadanos y hay que cerrar heridas, no es cuestión ni de vencedores ni vencidos".

Prefiere mirar adelante y hablar de lo que Salamanca saldrá ganando a partir de ahora: "Claro. Este Gobierno sí va a poner futuro en Salamanca con el Archivo de la Memoria Compartida para el que vamos a trabajar toda la legislatura. Contendrá documentos no sólo de la guerra y la represión, sino de todo el periodo del franquismo y la transición, con papeles de particulares que conseguiremos con donaciones o compras. Eso es lo que interesa a Salamanca", anuncia Calvo. Además, los documentos no se perderán. "Quedarán allí microfilmados y serán accesibles para todo el mundo", aseguró.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, anunció también ayer que su partido va a pedir al Gobierno que remita al Parlamento el informe de la comisión de expertos aprobado el pasado día 23 y que varios de sus componentes comparezcan en el Congreso para exponer sus conclusiones a los diputados. Zaplana dijo que el Parlamento no puede permanecer "ajeno" a este asunto y tiene que "opinar" porque se trata del futuro de un archivo de carácter "nacional" que, "esté dónde esté, es de utilidad para el conjunto de España". Por su parte, la consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, anunció que emprenderá "acciones penales" contra la decisión del Gobierno por considerarla tan "grosera y vergonzante que vulnera el principio constitucional de la observancia del ordenamientojurídico" y conculca, entre otras, las leyes regionales sobre la materia.

Restitución

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, pidió a Salamanca y a las autoridades castellano-leonesas que no consideren la decisión del Gobierno "como un robo, sino como un acto de restitución". También afirmó que la vuelta no supone "una victoria" para Cataluña y destacó que no se ha convocado ningún acto para celebrarlo.

Joan Herrera, portavoz de Izquierda Verde, calificó de "normalidad democrática" y de "justicia" la decisión de Cultura. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, indicó que su partido "se alegra" de la decisión del Gobierno, aunque recordó que la tomada en el mismo sentido en 1995 y que no prosperó. El ministro de Trabajo y diputado por Salamanca, Jesús Caldera, no quiso pronunciarse al respecto.

La vicepresidenta del PSC, Manuela de Madre, puso de manifiesto la "valentía" del Gobierno por su decisión y dijo que con ello "nadie saldrá perdiendo". El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Pablos, calificó el dictamen de la comisión, sobre la que destacó que fue nombrada por el patronato del Archivo y no por el Gobierno, como "un avance" que "garantiza que el Archivo estará en Salamanca y estará unido". El viceportavoz del PSCL-PSOE y secretario general del PSOE de Salamanca, Emilio Melero, afirmó que la decisión "es congruente con los pasos ya dados y respaldados por un informe técnico".