El Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer por unanimidad ofrecer los gastos de sus viajes y sus gastos de representación solo al Congreso o al Senado, y ello en el caso de que alguna de las dos Cámaras se los solicite. La decisión ha sido adoptada a raíz del escándalo protagonizado por su presidente Carlos Dívar (su renuncia será publicada mañana en el BOE), que pagó parte de sus viajes privados con dinero público, y al mismo tiempo que se conocen desplazamientos “oficiales” de vocales a destinos tan lejanos y sorprendentes como La Patagonia, China o Australia.
El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha reprochado a Amaiur que se ponga “del lado de los asesinos y los terroristas”. Respondía así a las declaraciones del portavoz de la formación abertzale en el Congreso, Xabier Mikel Errekondo, que acababa de decir que la detención de dos etarras en Francia es “un paso” del Gobierno que va “en la dirección contraria a la resolución del conflicto vasco”. Además, el ministro ha reiterado que si Bildu finalmente concede, a través de la Diputación de Vizcaya, una subvención a un documental sobre presos de ETA, incurrirá en una de las causas de ilegalización que recoge la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre Sortu. El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha declarado: “El contador de una posible ilegalización de Bildu y Amaiur ha empezado a avanzar”.
El magnate del juego Sheldon Adelson ha pospuesto hasta septiembre su veredicto sobre la ubicación de Eurovegas. El director de desarrollo de su empresa, Michael Leven, aterrizó ayer en Barcelona para arañar aún más la oferta de Cataluña y reunirse con el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Hoy se trasladará a Madrid para hacer lo mismo con la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Adelson ha exigido, entre otras ventajas: expropiaciones de terrenos, manga ancha laboral, trato impositivo especial y exención legal en asuntos como la prohibición de fumar en espacios públicos. A cambio dice que se crearán hasta un cuarto de millón de empleos. Fuentes de la negociación aseguran que la mayoría de las exigencias de Adelson han sido satisfechas.
El Tribunal Constitucional anuló ayer el auto del Supremo que hace un año declaró ilegal la formación abertzale Sortu, por considerarla heredera de Batasuna. La noticia ha sido recibida con división de opiniones entre las demás fuerzas políticas. De un lado, el Gobierno vasco señalaba que el Constitucional había legalizado y ratificado “una legalidad que ya existía”, y PNV y CiU mostraban su satisfacción. Del otro, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, expresaba la “discrepancia” del Gobierno con la sentencia, y algunas asociaciones de víctimas y UPyD lanzaban duras críticas contra ella. Pero, más allá de esta disparidad de criterios, queda en el aire la posibilidad de que los presos de ETA sigan el camino de la izquierda abertzale, acepten la legalidad y faciliten la consolidación del final de la violencia.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llega hoy a la reunión del G-20 que se celebra en Los Cabos (México) con la intención de despejar el fantasma de la intervención que se cierne sobre España. Toda la presión será allí para la canciller alemana, Angela Merkel, que insiste en su apuesta por una austeridad que cada vez más analistas y líderes internacionales cuestionan. Pero Rajoy no participará en esa presión, cuyos principales protagonistas son los presidentes de EE UU, Barack Obama, y de Francia, François Hollande. Este último plantea abiertamente una inyección de 120.000 millones de euros para políticas de estímulo. Si Hollande lograra imponer su criterio a Merkel, España saldría beneficiada.
Con la prima de riesgo batiendo récords por cuarto día consecutivo (ayer superó los 550 puntos) y el interés del bono a diez años rozando el 7% (Irlanda fue recatada al 8,1%), ayer se sucedieron las declaraciones de alarma en el Gobierno y en la oposición. El ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo que esta “no es una situación mantenible en el tiempo”. El titular de Exteriores, José Manual García-Margallo, afirmó: “El destino de la UE se juega en estos días, quizá en estas horas”. Y el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, declaró: “La situación es muy difícil, muy difícil, hoy especialmente. No sé si [los dirigentes de la UE] se dan cuenta, supongo que sí, de que tienen pocos días para actuar”.
El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, respondió ayer a todos los grupos parlamentarios de la oposición, que han exigido que Mariano Rajoy comparezca en el hemiciclo para explicar el rescate financiero. Alonso defendió el aplazamiento de la comparecencia del presidente del Gobierno para hablar de ese asunto y, además, insinuó que el debate del estado de la nación no debería celebrarse hasta otoño. Respecto al rescate financiero, argumentó que es “prematuro” explicarlo antes de que concluya el proceso de concesión del crédito. En cuanto al estado de la nación, dijo que es pronto para evaluar al Gobierno, tras seis meses de ejercicio.
Mariano Rajoy no tiene previsto explicar en el Congreso el rescate a la banca española hasta mediados de julio. El presidente del Gobierno pretende hacer caso omiso a la petición de toda la oposición para que acuda de inmediato al Parlamento y busca demorar su comparecencia hasta después de la cumbre europea que se celebrará el 28 y el 29 de junio. Para lograr su propósito, se inclina por convocar para principios de julio –mes en principio inhábil a efectos parlamentarios- el debate sobre el estado de la nación, durante el que se referiría a ese asunto. El propósito de Rajoy se ha conocido dos días después de que el eurogrupo aprobara el rescate del sistema financiero y el mismo día en que, tras una ligera bajada, la prima de riesgo volvía a superar los 520 puntos.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, compareció ayer ante la prensa para dar su versión sobre el escándalo de sus 20 viajes de larguísimos fines de semana a un lujoso hotel de Puerto Banús, parte de los cuales fueron pagados con dinero público. La rueda de prensa constó de una intervención del presidente de los jueces y de seis preguntas por parte de los informadores. Dívar rechazó pedir disculpas por sus viajes, aseguró que en todo momento distinguió los gastos privados de los oficiales y lamentó el daño que el asunto ha causado a las dos instituciones que preside. “No me he planteado el problema de la dimisión”, dijo. “No he cometido ninguna irregularidad moral, jurídica o política”.
Las medidas que tienen que ver con los bancos y las cajas de ahorros son el único asunto referido a la crisis que PSOE y PP han preservado al margen de la disputa política en las dos últimas legislaturas. El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, está dispuesto a mantener el acuerdo, pero con condiciones. La dirección de su partido ha entregado al ministro de Economía, Luis de Guindos, un documento con sus exigencias para apoyar el jueves la convalidación del decreto ley de reforma del sistema financiero. Entre otras cosas, reclama que las ayudas públicas a los bancos puedan ser reintegrables una vez que las entidades afectadas tengan beneficios. También quiere que el decreto ley dé respuesta a los afectados por hipotecas impagadas y que se busque una solución para los afectados por las llamadas acciones preferentes.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró ayer convencido de que llegará a un “entendimiento” con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, para renovar en breve el Tribunal Constitucional. Su afirmación se produce un día después de que los magistrados del organismo hicieran público un ultimátum para ser renovados, en el que amenazaban con tomar medidas “muy drásticas” en caso de que esto no se produzca ya. Rajoy ha añadido presión a la situación con estas palabras: “Creo que tienen razón”. El Constitucional tiene pendientes de renovación a tres de sus miembros desde hace año y medio, y una plaza más está a la espera de ser cubierta desde que, hace cuatro años, falleció el magistrado Roberto García-Calvo. Actualmente tiene una mayoría progresista: a siete de sus magistrados se les atribuye esta tendencia, frente a otros cuatro que tienen un perfil conservador. La renovación del tribunal puede alumbrar una mayoría de jueces afines al PP o un pleno pactado por el partido del Gobierno con el PSOE y los partidos nacionalistas. De ello dependen sentencias tan importantes como la de la legalidad de Sortu o la del matrimonio homosexual.
El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, ha archivado la denuncia por malversación de caudales públicos contra Carlos Dívar que había presentado el vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez. La denuncia afirmaba que el presidente del Supremo y del Consejo general del Poder Judicial había costeado con dinero público 20 viajes a Puerto Banús (Marbella), en fines de semana de cuatro días, supuestamente para actividades oficiales. La fiscalía ha archivado ahora la denuncia sin apenas haber iniciado investigación alguna y a pesar de reconocer, en la nota de prensa en la que ha dado cuenta de su decisión, que Dívar realizó “viajes que tienen consideración de oficial, pero que se ven prolongados en actividades que podrían ser consideradas privadas”. La decisión de la fiscalía se produce, además, después de que el secretario general del Consejo, Celso Rodríguez Padrón, se negara a certificar por escrito que los viajes del presidente habían sido oficiales. Rodríguez Padrón alegó que él no estuvo en ellos y que no tenía constancia de actividades oficiales en las fechas de los viajes.
La Reina ha cancelado su asistencia a las celebraciones de los 60 años de reinado de Isabel II que tendrán lugar en Inglaterra a partir de este viernes. El Gobierno ha considerado que su viaje era “poco adecuado en las actuales circunstancias”. Las circunstancias a las que se refiere el Ejecutivo son fundamentalmente dos. La primera es la visita prevista del príncipe Eduardo, hijo menor de la reina de Inglaterra, y su esposa a Gibraltar, dentro de la gira que varios miembros de la casa real británica están realizando por sus colonias, precisamente con ocasión del jubileo de su monarca. La segunda tiene que ver con los roces entre las autoridades gibraltareñas y la flota pesquera española con base en la provincia de Cádiz, a la que las primeras impiden faenar en las aguas que circundan el Peñón. El Gobierno estudia además responder con otras medidas en la verja de Gibraltar y de apoyo a los pescadores.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, compareció ayer en público para explicar cómo piensa acometer el tijeretazo de 1.500 millones de euros de su nuevo plan de ajuste. Más compareció durante casi dos horas: la primera la dedicó a exponer sus planes y durante la segunda se sometió a las preguntas de los periodistas. Su actitud contrasta con la del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, quien evitó a los medios y envió a su consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, a anunciar el mayor recorte de la autonomía andaluza. Pero, sobre todo, la actitud del presidente catalán resalta la incomparecencia del jefe del Gobierno central, Mariano Rajoy, en un momento en el que la desconfianza acorrala a España. Ni la nacionalización de Bankia, el pasado día 8, ni la segunda reforma financiera del Gobierno, el pasado día 11, ni el récord de la prima de riesgo, este mismo lunes, han sido motivos suficientes para animar a Rajoy a explicarse ante la opinión pública.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, viajó 20 veces en fines de semana al mismo hotel de lujo de Puerto Banús (Marbella, Málaga) entre noviembre de 2008 hasta marzo de este año. Dívar cargó a los presupuestos del Consejo de Poder Judicial 12.996,09 euros por esos viajes, según la ampliación de la denuncia que el vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez presentó ayer en la Fiscalía General del Estado, como complemento de otra que interpuso el pasado día 8. Los indicios aportados por Gómez Benítez pueden constituir un delito tipificado en el artículo 433 del Código Penal, que castiga con multa de seis a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por un periodo de entre seis meses y tres años a la autoridad que destine a usos ajenos a la función pública el dinero puesto a su cargo por razón de sus funciones.
El Ministerio de Defensa estudia paralizar el único portaviones que tiene España, el Príncipe de Asturias, y dos fragatas por falta de dinero para mantener los tres buques de guerra. Los expertos consideran que se trata de un primer paso para llevarlos al desguace, por tres razones: porque no hay perspectivas de que la situación presupuestaria mejore a medio plazo, porque los barcos se deterioran con gran rapidez si no se utilizan y porque, debido a su antigüedad, su puesta a punto requeriría grandes inversiones. La noticia se produce cuando se anuncian cierres de hospitales (dos, en Baleares), la eliminación de las recetas para los pensionistas o el aumento de las tasas universitarias para intentar recortar el déficit público.
La dirección de los socialistas se ha volcado en las manifestaciones de los sindicatos en el primer Día de los Trabajadores con Mariano Rajoy en La Moncloa. El “compromiso con los trabajadores” que el PSOE hace público cada año en esta fecha, acompañado de un llamamiento a “los socialistas” a manifestarse en defensa de sus convicciones, ha ido más lejos en esta ocasión: pidió directamente a los ciudadanos, no a los socialistas, que se unieran a las 80 marchas que se celebraron en toda España. Hizo más: envió a los miembros de su cúpula a manifestarse. El PP ha acusado al PSOE de crear “alarma social” por movilizarse contra el Gobierno.
Desde mayo de 2011 se han celebrado 11 encuentros entre víctimas del terrorismo y presos etarras, bajo los auspicios del Gobierno socialista. Todos ellos fueron solicitados por los reclusos, con el objetivo de pedir perdón por sus crímenes. Cinco fueron entre terroristas y sus víctimas directas. Los otros seis fueron entre víctimas y miembros de la banda que no estaban implicados en los atentados concretos que truncaron sus vidas. Los presos no obtuvieron a cambio ningún beneficio penitenciario, ya que, a efectos legales, el perdón debe ser pedido por escrito, trámite que todos ellos ya habían cumplido. Sus beneficios eran fundamentalmente emocionales. El Gobierno de Mariano Rajoy acaba de variar esa política de encuentros, desarrollada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. A partir de ahora, solo se producirán entre etarras y sus víctimas directas. El Ministerio del Interior no ha ofrecido una explicación clara para este cambio.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto en marcha un programa de reinserción de presos de ETA que constará de dos fases. La primera supondrá el posible acercamiento de los reclusos por terrorismo a prisiones del País Vasco. La segunda contemplará la posibilidad de que obtengan beneficios penitenciarios como permisos, terceros grados y libertades condicionales. Los candidatos a acceder al programa deberán rechazar la violencia y desvincularse de la banda, pero no será necesario que pidan perdón a las víctimas, como ocurría hasta ahora con la llamada vía Nanclares. El nuevo plan de reinserción no supone cambio legal alguno. Lo que varía es la interpretación rígida de la ley que aplicaron hasta ahora tanto el Gobierno de Zapatero como el de Rajoy. En esencia, es un gesto político del Ejecutivo del PP tras las acusaciones de inmovilismo en el final de ETA que ha recibido por parte de los partidos políticos vascos.
La Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha una página web (www.gentcat/mossos) que incluye fotos de 68 personas para que los ciudadanos las identifiquen. Los Mossos creen que protagonizaron actos de violencia callejera durante la huelga general del 29-M en Barcelona. La página exige nombre, primer apellido, DNI y número de teléfono o correo electrónico de los informantes, pero promete que sus datos serán confidenciales. Aunque el director general de la Policía catalana afirmó que su departamento ha informado a la fiscalía y a la judicatura de la puesta en marcha de la web para “asegurar las garantías jurídicas”, admitió que no puede garantizar que algunas de las personas que aparecen en las fotos no sean menores de edad, por lo que estaría prohibida la difusión de sus imágenes. La intención de la Generalitat es que el sitio en internet sirva a partir de ahora para que los ciudadanos delaten a los protagonistas de incidentes violentos.
La Casa del Rey afirma que don Juan Carlos informó el pasado día 2 al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que se disponía a viajar la semana siguiente a Botsuana. La Moncloa solo admite que el monarca le dijo al presidente que se desplazaría al extranjero, aunque no desmiente que también le comunicara su destino. En cualquier caso, parece cierto que el Gobierno debió conocerlo cuando la Casa del Rey avisó a la Embajada en Namibia –España no tiene representación diplomática en Botsuana- de que don Juan Carlos iba a pasar varios días en el país africano. Y es notorio que el Rey se ha desplazado en varias ocasiones allí para practicar la caza mayor. Sin embargo, Rajoy no hizo desistir al jefe del Estado de su viaje, a pesar de la delicada situación económica que vivía España esos días y la mala imagen que podía ofrecer un viaje semejante. Otros presidentes del Gobierno han frenado viajes inoportunos de don Juan Carlos.
