Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
ANÁLISIS

“Si se pueden rechazar, ¡para afuera!”

Desde que se levantaron las dobles vallas en las fronteras de Ceuta y Melilla, hace 15 años, todos los ministros del Interior se han enredado en ellas por el asunto de las llamadas “devoluciones en caliente” o “rechazos en frontera”. La elección de uno u otro nombre depende de si el que habla lo hace desde la oposición o desde el Gobierno, pero ambos se refieren a la misma triste realidad: la entrega inmediata a Marruecos de inmigrantes que acaban de saltar las alambradas y se encuentran entre las dos vallas o, incluso, definitivamente del lado español.

En octubre de 2005, siendo titular de Interior el socialista José Antonio Alonso, más de medio millar de subsaharianos intentaron un salto masivo en Ceuta. Fue una tragedia: cuatro de ellos fueron abatidos a tiros, dos murieron en el lado marroquí y los otros dos en el lado español. Y un centenar fueron expulsados a Marruecos a través de la verja.

Las tensas conversaciones por radio entre un mando de la Guardia Civil y los agentes encargados del perímetro fronterizo aquel día fueron publicadas por este periódico. “Si se puede abrir la valla y se pueden rechazar, ¡para afuera!”, ordenaba el jefe del instituto armado.

Ante el consiguiente escándalo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que el terreno entre las dos vallas venía a ser como el de un puesto fronterizo en donde un agente rechaza al extranjero que carece de la documentación en regla para entrar en el país. Es decir: es territorio español, pero no es territorio español.

La actuación de las fuerzas de seguridad se basaba en lo especificado por el Reglamento de Extranjería que el Ejecutivo socialista había aprobado un año antes, en diciembre de 2004. Contra aquel texto interpusieron recurso varias ONG. El Tribunal Supremo se pronunció en marzo de 2007 y dio la razón al Gobierno. Los inmigrantes que logren saltar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla y sean aprehendidos cuando ya se hallen en territorio español —dijo el Supremo— podrán ser devueltos inmediatamente a Marruecos, sin necesidad de abrirles un expediente de expulsión.

Es decir, que el argumento que ha venido esgrimiendo el actual ministro del Interior, Jorge Fernández, en las últimas semanas sobre este asunto es heredado del Gobierno socialista y tiene más fundamento del que aparenta, aunque sea inhumano.