Caso Sancho: ¿ha cambiado la crónica negra televisiva desde la cancelación de ‘La Noria’ y el juicio paralelo a Dolores Vázquez?

El inicio del juicio contra Daniel Sancho por la muerte y el descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia ha desencadenado un imponente despliegue mediático a pesar de que el proceso se celebra a puerta cerrada. Las especulaciones en torno a la naturaleza de la relación del acusado con la víctima han despertado el interés de la audiencia. También lo han hecho el hecho de que sea hijo de un actor muy famoso en nuestro país, Rodolfo Sancho, y nieto de uno todavía más célebre, Sancho Gracia, y que se enfrente a un código penal extranjero que contempla la pena de muerte. En estos primeros días del proceso judicial, HBO Max ha lanzado una entrevista en exclusiva con Rodolfo Sancho y Darling Arrieta, hermana del asesinado, ha ofrecido declaraciones en primicia para Telecinco. En este tipo de coberturas informativas, la protección del honor, la intimidad y la propia imagen es un derecho fundamental recogido por la Constitución, que choca con el de la información y la libertad de expresión. “En los últimos años, la jurisprudencia se inclina más en favor de este segundo”, analiza Gonzalo León, letrado especialista en Derecho Penal del bufete Vilches Abogados.

La familia de Daniel Sancho solicitó el pasado mes de noviembre medidas cautelares contra Mediaset, pero, semanas después, el juzgado denegó la petición “entre otras razones porque no había urgencia necesaria”, apunta León. El experto considera que, a pesar de “lo excesiva e incluso morbosa” que pueda llegar a ser la cobertura mediática en torno a este caso, no ha visionado apenas momentos televisivos que puedan ser objeto de denuncia. Aunque sí cree que un contenido concreto, “podría llegar a tener un recorrido jurídico”. Se trata de un vídeo con la reconstrucción del presunto asesinato que incluye las dos versiones existentes, la de la fiscalía y la de la defensa. Telecinco emitió la grabación este fin de semana en el programa vespertino Fiesta, producido por Unicorn Content, la empresa de la que Ana Rosa Quintana es presidenta y máxima accionista. Según el particular criterio profesional de León, “esa emisión excede los límites de la libertad de la información”, asegura.

El abogado considera “complicado” determinar si el contenido atenta contra la dignidad de Sancho. “Habría que atender a la casuística”, explica, aunque le llama la atención que los responsables de esta pieza audiovisual “hayan mostrado especial empeño en buscar actores que se parezcan a los implicados en vez de usar otro tipo de recursos visuales más genéricos, que den menos lugar a equivocaciones por parte del espectador”, como ocurre en otros espacios televisivos que cubren información de sucesos. “No es necesario recurrir a actores para comunicar el contenido, ni para que el público entienda la información en torno al escrito del informe fiscal o de la defensa”, opina. Además, prosigue, “esa emisión también podría resultar lesiva y dolorosa para la familia de la víctima”.

“Estamos habituados a que la industria audiovisual recapitule en varios formatos, documentales e incluso series de ficción”, comenta León. “Pero suele ocurrir después de que se haya celebrado un juicio. Así ha sido con el crimen de la Guardia Urbana y con el caso Asunta. Pero, en este caso, este tipo de reconstrucciones y contenidos están emitiéndose sobre la marcha, con el juicio apenas comenzado”, destaca el abogado. Por tanto, “el riesgo de esa recreación emitida en Telecinco es que muestra dos versiones sesgadas, dos realidades jurídicas que por el momento no son hechos probados, que pueden compartirse fácilmente en redes sociales u otros medios editadas y sacadas de contexto”, apunta el letrado.

Aun en el caso de que familiares de Sancho y Arrieta hubieran recibido una compensación económica por sus intervenciones televisivas y, por tanto, hayan participado y se hayan lucrado de la cobertura mediática en torno al caso, el portavoz de Vilches Abogados considera que no les perjudicaría desde el punto de vista jurídico si, en el futuro, alguna de las dos partes decidiera emprender acciones legales por algunos de los contenidos ofrecidos por los medios de comunicación.

En las declaraciones de Rodolfo Sancho a HBO Max en el primer episodio de una serie de no ficción producida por Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), el actor menciona distintos delitos atribuidos a Edwin Arrieta, como amenazas de muerte contra su hijo y su familia y un intento de agresión sexual. Pero el padre de Daniel Sancho “no lo formula como una acusación, sino que se hace eco de las palabras que le ha transmitido su hijo”, apunta León, quien ve complicado atribuir un posible delito de calumnias en esa entrevista.

La autorregulación de los medios

El juicio por el caso Sancho está celebrándose en Tailandia, “pero recordemos lo que ocurrió con Dolores Vázquez”, apunta Hugo Aznar, doctor en Filosofía y profesor de Ética de la Comunicación de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. La distorsionada sobrexposición de su imagen en los medios de comunicación contaminó a un jurado popular, que terminó por condenarla de un asesinato que no había cometido. “Es un ejemplo claro de cómo los medios pueden establecer de forma implícita culpabilidades e inocencias”, dice este martes Aznar en conversación telefónica. “Son juicios que, por su propia dinámica, desatan todas las pasiones, como ocurrió con Vázquez en el caso de Rocío Wanninkhof, con el asesinato de Diana Quer y el crimen de Alcàsser”.

Para Aznar, la autorregulación de los medios en este tipo de coberturas pasa principalmente por “respetar la presunción de inocencia, que es fundamental, al igual que el respeto de la intimidad, en especial de los familiares”, dice mientras recuerda que “en el caso Arny, los medios que recompensaron a las fuentes incentivaron las calumnias”.

En los últimos años, Mediaset España ha sido condenada a pagar a varios personajes públicos indemnizaciones que van de los 50.000 euros (a la escritora Lucía Etxebarría, por intromisión a la intimidad) a los 220.000 euros (a una de las hijas de Jesulín de Ubrique, Julia Janeiro, por intromisión ilegítima en su honor). La horquilla es tan amplia porque, a diferencia de otras situaciones, como un accidente de tráfico, donde hay un parte de lesiones físicas, el daño en este tipo de delitos es psicológico “y, por tanto, más abstracto y sujeto a la interpretación”, puntualiza Gonzalo León, de Vilches Abogados.

Efectos disuasorios

Como las sanciones solo puede establecerlas un organismo legal, Hugo Aznar considera que “elevar las cuantías de las penas ayudaría a que tuvieran un efecto disuasorio”. En algunos casos, ha sido la audiencia y no los medios quienes han regulado la cobertura de este tipo de informaciones. Así ocurrió con el caso de La noria, en 2011. Mediaset se vio obligada a cancelar el que era uno de sus programas de mayor éxito, presentado por Jordi González. En él se emitió una entrevista con la madre de El cuco, uno de los implicados en la muerte de Marta del Castillo. Una campaña iniciada en internet logró que los anunciantes retiraran la publicidad del programa. Pero, tal y como recuerda Aznar, el juez imputó en un principio a Pablo Herreros, escritor del blog que impulsó el boicot, por un posible delito de amenazas y coacciones. “Es un caso claro en el que el juez antepuso el derecho de la empresa a obtener un beneficio económico”, recuerda el experto.

Aznar es uno de los 13 miembros de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Esta comisión es un órgano ético de la profesión periodística desde la autorregulación. Atiende las reclamaciones por posible vulneración del cumplimiento del Código Deontológico de la asociación profesional. Por lo tanto, actúa como autoridad moral otorgada por las asociaciones de la prensa y los periodistas afiliados a ellas y no tiene capacidad sancionadora. Además, si durante la tramitación de un expediente deontológico, la cuestión tratada se encontrase en instancias judiciales, se suspendería la tramitación a la espera de la resolución judicial, explican desde el organismo.

Una de las ventajas de estas quejas “es que son gratuitas y, por tanto, igualan a todas las personas con independencia de sus recursos económicos”, apunta Aznar. Pero el doctor en Filosofía desearía que este órgano autorregulador “fuera más conocido”, para que más personas recurrieran a él, y que tuviera más peso mediático, “porque estas resoluciones escuecen a los medios serios e intentan evitarlos”.

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