“Cuantas más reclamaciones haya, mejor”: familias madrileñas se alían para denunciar a sus colegios por el uso de Google en las aulas

“Hola a todos, si vuestros hijos son menores de 13 años y usan [las aplicaciones] Google Workplace for Education necesitamos que pongáis una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que puedan investigar”, dice un mensaje de finales de abril en el chat de Telegram de Adolescencia Libre de Móviles de Madrid. Anima a sus más de 3.000 miembros a que denuncien: “Es una manera de empezar a pelear los chromes [ordenadores Chromebook] en los colegios. Es muy fácil, yo lo acabo de hacer. Es importante que cuantas más reclamaciones haya mejor”, añade el mensaje, que está replicado en otros grupos locales de WhatsApp de padres preocupados por las pantallas.

Esta campaña acaba de empezar, pero la AEPD ya confirma que en los últimos meses han crecido las denuncias contra colegios que usan las herramientas de Google y no cumplen con el tratamiento de datos: “Estaríamos hablando de una decena de reclamaciones contra centros docentes, por el momento ninguna directamente contra Google”, dicen fuentes de la AEPD. “Sí se ha producido un incremento en el último año”, añaden, y advierten que en esa cifra quizá no estén todas las recibidas: “Puede haber denuncias presentadas pendientes de admisión en fase de análisis previo”, dicen.

Google Workplace for Education consiste en la cesión de gigabytes de almacenaje en Google Drive y el uso de servicios como Classroom, Meet, Google Docs, Formularios y Google Chat. Para todo esto, claro, cada usuario debe crearse una cuenta. En su información sobre el servicio, Google dice que “Google Workspace for Education no recopila datos de alumnos con fines publicitarios”. No dice nada, sin embargo, sobre otros “fines”.

El mensaje original del chat de padres recuerda también que esta táctica ha tenido éxito en Dinamarca. Un padre denunció en 2020 las herramientas de Google. La agencia danesa de protección de datos respondió en febrero y emitió una resolución donde dice que el sistema actual de transmisión de datos a través de Google Workspace y Chromebooks en las escuelas no tenía una base legal. Las escuelas danesas debían, por tanto, cesar su transferencia de datos personales u obtener una base legal clara para hacerlo.

El movimiento nacional Adolescencia Libre de Móviles, que surgió de un chat de familias en noviembre en el barrio de Poblenou, sigue centrado en los dispositivos, según confirma una portavoz, pero en Madrid sobre todo avanza la preocupación por el tratamiento de datos y las implicaciones de privacidad y educación del uso de pantallas y herramientas de grandes corporaciones estadounidenses como Google: “Estas acciones las está llevando a cabo la asociación Adolescencia Libre de Móviles de Madrid (ALMMA) porque ALM es un movimiento estatal pero no se ha metido en el uso de dispositivos en los coles”, dice una portavoz madrileña. “La prioridad ahora es retrasar la entrega de smartphones a menores respaldados por las evidencias sanitarias y con el apoyo de expertos. La desdigitalización vendrá después”, añade.

A preguntas de EL PAÍS, Google no tiene ninguna declaración oficial sobre estas denuncias a la AEPD, aunque sí compartieron con este periódico información de contexto sobre su compromiso con la privacidad de los usuarios.

Acuerdos por comunidades

La preocupación se centra en Madrid, que en 2021 firmó un acuerdo con Google para el uso de sus herramientas en los centros de la comunidad. Pero Google tiene, según la compañía, un convenio también con Andalucía, Catalunya, Euskadi y Canarias. Con otras como Extremadura o Murcia, Google colabora, pero no tiene convenio establecido. La compañía estadounidense están en más regiones, pero a la vez compite con Microsoft, que también cede su infraestructura a centros educativos de varias comunidades.

La AEPD ya apercibió al gobierno canario en verano de 2023 por usar sin el control debido las herramientas de Google. En otra consulta reciente sobre un posible acuerdo con Google en las ciudades de Ceuta y Melilla, las únicas que dependen del Ministerio por no tener las competencias en educación transferidas, la AEPD es clara: “No cabe duda de que estamos ante una recogida invasiva de información personal para simplemente recibir parte de la educación a través de un entorno digital y adquirir competencias digitales”, dice la Agencia, que da más detalles de la información que se puede generar a través de estas cuentas gratuitas: “No olvidemos que los alumnos estarían identificados a través de una cuenta de usuario y sería con la que interaccionen en los distintos servicios, pudiendo mostrar sus preferencias expresas por contenidos a través de interacciones de “me gusta” o de la inclusión de comentarios. Teniendo en cuenta estas posibilidades, se podría someter a tratamiento información sobre comportamientos psicológicos como trastornos alimentarios, problemas de sociabilidad, comportamientos culturales y educativos de esos menores”, explica la Agencia.

No es fácil minimizar los riesgos

Investigadores académicos que han estudiado el entorno de Google también tienen dudas razonables con dónde pueden acabar los datos de los alumnos españoles y europeos: “En cuanto a la privacidad, el hecho de usar un proveedor de servicios en la nube como Google para educación acarrea todo tipo de riesgos”, dice Carlos Hernández Gañán, profesor de la Universidad Técnica de Delft (Holanda). “Estos riesgos no son únicamente exclusivos de Google, pero se ven exacerbados dado que, en entornos educativos, tanto alumnos como profesores tienden a compartir datos potencialmente privados. Google también tendría acceso a los datos de diagnóstico que básicamente permitirían saber casi todas las interacciones del alumno con Chrome”, añade.

Uno de los problemas actuales es el desconocimiento de los gestores de datos de los centros sobre cómo proteger las cuentas de los menores: “Google ha presentado medidas para minimizar estos riesgos”, dice Hernández Gañán, “pero asumen que los administradores de informática de las escuelas y los propios profesores tienen las capacidades técnicas para ser capaces de configurar las cuentas de manera adecuada”.

La denuncia danesa se produjo en 2020, por parte de un padre preocupado por los datos de sus hijos que se mandaban a Google. En España la AEPD ha recibido solo denuncias contra centros educativos, no contra la propia Google. La AEPD ha publicado ya resoluciones sancionadoras sobre el uso de Chromebooks en un colegio vasco y por Google Workplace for Education en un centro madrileño. Es probable que las resoluciones se vayan sucediendo y que otros colegios teman enfrascarse en una tecnología educativa que puede acarrear problemas. “Queremos poner en conocimiento de la AEPD las dudas que nos suscita el uso de la herramienta de apoyo al estudio Google Workspace for Education por parte del centro escolar al que asisten nuestros menores”, dice la portavoz de ALM en Madrid. “Por eso es importante, que las familias con menores de 14 años, sin haberlos cumplido, y que estén usando Google Workspace for Education se pongan en marcha”, añade.

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