Facebook sigue lleno de publicidad electoral aunque ya es ilegal en este periodo

“Las medidas del PP de Santa Cruz [de Tenerife] para mejorar el Carnaval de nuestra ciudad”, dice un anuncio publicado junto a un vídeo en Instagram o Facebook por el Partido Popular de Santa Cruz de Tenerife y que han visto entre 80.000 y 90.000 canarios. “Gracias a la reforma fiscal del president Ximo Puig este año las rentas medias y bajas pagarán menos”, dice otro de Socialistes Valencians, que han visto entre 45.000 y 50.000 valencianos, la mayoría mujeres de más de 65 años. Ambos han costado menos de 100 euros.

Hay docenas de anuncios así de partidos políticos en toda España, según la biblioteca de anuncios de Meta, que incluye publicidad en Instagram y Facebook. Solo hay un problema: son ilegales. “Está prohibido contratar publicidad durante la precampaña”, dice Rafael Rubio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense. “Durante ese periodo los partidos no pueden contratar ningún tipo de publicidad electoral, tampoco en las redes. Ni lo pueden hacer aquellas administraciones donde se celebran campañas”.

En su reunión de ayer miércoles la Junta Electoral Central valoró una denuncia contra el PP de Extremadura por tener anuncios activos en Facebook. El organismo dice que “vulnera” la ley electoral y “ordena la retirada de tales inserciones publicitarias”. “El hecho de que no se pida expresamente el voto del elector no es motivo para no considerar propaganda electoral cualquier actividad que directa o indirectamente pretenda la captación de sufragios”, añade la junta en su decisión. El supervisotr electoral no inicia un proceso sancionador pero pide a la formación que no contrate más publicidad hasta la campaña electoral de mayo.

Días antes de esta decisión, EL PAÍS había hablado con Antonio Galán, gerente del PP de Extremadura que, con más de 1.000 euros, era una de las formaciones con más dinero invertido estos días en Facebook e Instagram en favor de María Guardiola, su candidata autonómica: “Eso está bien hecho, es lo único que puedo decir”, dijo. “La Junta Electoral autonómica tiene conocimiento de ello”, añadió Galán.

Meta obliga a los partidos y a todas las organizaciones que hacen anuncios sociopolíticos que dejen datos de contacto. EL PAÍS ha llamado a 17 números de partidos políticos. En muchos había un contestador. Pero cuatro contestaron. Ninguno supo dar una respuesta definitiva a por qué siguen anunciándose en este periodo. “Lo que tenemos promocionado en Facebook es una publicación del grupo municipal y no es nada de propaganda electoral”, dice Miguel Ángel López, candidato de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid). “Nadie pide el voto. Hacemos una valoración de nuestro trabajo y lo que queremos para Arganda. Es una declaración de principios. Hemos pasado ese anuncio al partido y nos ha dicho que es válido”, añade. Begoña Villacís, candidata a la alcaldía de Madrid, tiene anuncios activos desde el 25 de abril.

Este periodo sin publicidad electoral empezó el 4 de abril, fecha de la convocatoria oficial de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Hasta ese día, cuando la ley aún no lo impedía, los partidos habían gastado más de 300.000 euros en sus candidatos desde mediados de enero, siempre según los datos de Meta. En los últimos tres meses, el PSOE fue el partido que más gastó y publicó más de 2.000 anuncios por casi 100.000 euros. El PSOE de Madrid gastó más de 14.000 euros para presentar la campaña “No es Lobezno, es LOBATO… ¡Y viene a pelear por Madrid!” de su candidato a la Comunidad. Podemos, por su parte, publicó 653 piezas que le costaron casi 50.000 euros: algunas de las más caras eran vídeos para presentar a sus candidatas autonómicas a cientos de miles de votantes en Madrid, Aragón, Extremadura o Valencia. Entre el 29 de marzo y el 1 de abril, la cuenta del Grupo Popular del Ayuntamiento de Madrid dedicó más de 15.000 euros a que más de 1 millón de madrileños, sobre todo menores de 34 años, vieran unos vídeos del alcalde Almeida con este texto: “Vive el momento. Descubre cómo estamos haciendo historia”. La lista no es exhaustiva porque hay candidatos que usan solo su nombre, sin especificar por qué partido se presentan.

Estos gastos sustanciales, todos hasta principios de abril, prueban que los partidos conocen que la ley electoral limita la publicidad a partir de esa fecha y hasta la campaña. Pero el mensaje no ha llegado a todos los rincones de España, porque algunas agrupaciones locales y regionales han mantenido campañas más allá de la fecha límite legal.

La ley electoral se reformó en 2011 para ahorrar gastos extraordinarios en publicidad en este periodo preelectoral. Pero en estos años se ha visto que la publicidad en redes es más eficaz y barata que otros medios. La ley prevé sanciones de entre 300 y 3.000 euros, pero el peor castigo es salir señalado en los medios por el rival. La Junta Electoral Central requiere que alguien ponga una denuncia para actuar. Este método sirve para que los partidos se vigilen unos a otros.

Ahorrar dinero

Hay ejemplos de esta práctica en todos los partidos. La financiación de estos anuncios depende en algunos casos de agrupaciones locales, con lo que es fácil que cada cual opte por la vía que prefiera. Las cantidades en esta época son discretísimas respecto a las de las semanas previas. Eso iría en la línea del espíritu de la reforma electoral que prohibió la publicidad en este periodo: “El objetivo de la reforma de esta ley era ahorrar dinero porque en estos 40 días no se hace campaña de ningún tipo”, afirma Rubio. Lo que en 2011 no estaba definido era cómo de fácil sería llegar discretamente a miles de ciudadanos de un municipio a través de una red social.

La asesoría de los partidos es una excusa recurrente en las llamadas a las sedes de los partidos locales. “Nos han dado recomendaciones a nivel jurídico: no pongáis el logo de campaña, poned si queréis el corazón. Las que pusimos antes del 4 llevan una tipografía y el resto otra, hasta la campaña. No sabría decir por qué”, dice Ángel González, portavoz del PSOE en El Puerto de Santa María (Cádiz).

En el municipio sevillano de Bormujos dan razones similares: “Nosotros hacemos nuestra actividad diaria, lo que no podemos es encerrarnos en casa”, dice Luis Paniagua, del PP local. “Hacemos lo que hace todo el mundo. Ir a los barrios, presentar nuestras propuestas, lo que no hacemos es pedir el voto ni inaugurar obras”, añade.

A pesar de estos reparos, el artículo 53 de la ley electoral deja pocas dudas a la interpretación, incluso incluye expresamente “otros medios digitales”: “Desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones reconocidas en el apartado anterior”.

Raúl Magallón, profesor de la Universidad Carlos III, ha participado en un informe sobre la desinformación del Gobierno, publicado en septiembre de 2022, y donde se dan algunas recomendaciones para paliar este problema: “No puedes depender de la buena voluntad de cada red social”, dice Magallón. “Tiene que haber un patrón común para que todas las plataformas que permitan publicidad electoral deban tener un archivo de anuncios políticos donde se puedan comprobar los datos”.

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