Una aplicación de denuncias canaliza el miedo de los uruguayos

Tiene menos de dos semanas, pero arrasa entre los uruguayos, la aplicación Citycop, creada por un grupo de amigos, permite hacer denuncias anónimas por internet o dispositivo móvil. Los delitos o sospechas aparecen en tiempo real en un mapa que se va llenado con diferentes iconos: un hombre enmascarado si se trata de un sospechoso, una señal roja en caso de robo, azul si desaparece un coche. Disponible con los sistemas Android y los teléfonos iPhone, la aplicación gratuita registra ya más de 25.000 descargas y ha transmitido 20.000 denuncias, según sus creadores, cifras importantes en un país de poco más de 3,2 millones de habitantes.

“Robo a persona hace diez minutos”, aparece escrito en la parte de abajo de la pantalla, “sospechoso hace quince minutos”, viene justo después, “robo de auto hace 15 minutos”: la serie de alertas desfila las 24 horas mientras un mapa de Montevideo y el resto de los departamentos del país se llena de señales de colores.

Los usuarios del programa añaden mensajes con detalles como la descripción pormenorizada de dos posibles ladrones en una parada de autobús o alertas de abuso sexual tipo: “taxi 6686 (creo era el número), no sé cómo salí viva”.

Uruguay es uno de los países con menores tasas de inseguridad de América Latina pero es también el segundo de la zona, después de la convulsa Venezuela, en percepción de inseguridad por parte de los habitantes. Los uruguayos tienen miedo y en esa “inseguridad” no se compara con los vecinos sino con ellos mismos hace menos de dos décadas, cuando muchos habitantes de la capital, Montevideo, dejaban las puertas de sus casas abiertas y un asesinato era algo totalmente excepcional.

En el Ministerio del Interior, el éxito de Cyticop provoca preocupación. “La aplicación genera confusión, no es confiable y los usuarios deben saber que ese tipo se señales no sustituyen la denuncia legal en ningún caso”, dice el portavoz del Ministerio, Fernando Gil. “Las denuncias anónimas son un arma de doble filo, pueden manipularse para hacer bajar o subir los precios inmobiliarios en un barrio, además los delincuentes siempre van un paso adelante, la aplicación puede provocar desplazamientos de patrulleros”, insiste.

En el Ministerio del Interior, el éxito de Cyticop provoca preocupación

La policía uruguaya está aprendiendo a convivir con las nuevas tecnologías en un país que tiene una de las mejores conectividades de América Latina, con casi un teléfono móvil por persona. Además de Cyticop existen las direcciones de Twitter @chorros_uy para denunciar la presencia de ladrones o @chanchosUY para localizar policías de tráfico o radares.

Pero los dispositivos móviles más sofisticados no están al alcance de cualquiera y el mapa de Citycop es también una cartografía de la paranoia de la clase media uruguaya, con una concentración de las denuncias en barrios acomodados como Pocitos. En este año de elecciones presidenciales, la inseguridad es uno de los temas más candentes de la política uruguaya, ya que con la elección de un nuevo gobierno, el próximo mes de octubre, se votará un referéndum con una propuesta de sectores de la derecha para bajar la edad penal de los 18 a los 16 años.

“La aplicación se creó por vivencias propias, por impotencia porque quizá nos han roto el vidrio del coche, nos han robado y nunca se llega a encontrar quién fue. En Uruguay lo que está pasando, pienso personalmente, es el tema de los menores, que los agarra la policía, los encuentra robando pero a los dos días ya están afuera”, dice Nicolás Pereira, uno de los creadores de Cyticop.

La idea surgió en un grupo de seis amigos que decidieron implicarse en la búsqueda de soluciones a la criminalidad. Actualmente reciben mensajes de todo el mundo y varios inversores de otros países latinoamericanos, cuyos nombres no fueron revelados, están interesados en utilizar la aplicación.

Para Pereira se trata de una “herramienta colaborativa” capaz de devolverle a los ciudadanos en control sobre su territorio.

“Las denuncias se tienen que hacer en la policía, pero muchas no se hacen, así que lo que buscamos es que lo hagan con la aplicación para mostrar un mapa real de lo que está sucediendo en tiempo real en la ciudad, en el país, en el barrio”.

Cyticop, más real que las estadísticas oficiales, una aplicación con la que los uruguayos pueden llevar siempre el miedo a cuestas, pero también un remedio contra la impotencia.

La inseguridad es según las encuestas la principal preocupación de los ciudadanos en un país en periodo de crecimiento económico, con cifras de desempleo en mínimos históricos. La mayoría de la oposición conservadora propone como solución el aumento de las penas a los delincuentes juveniles, y el mensaje ha calado hondo: según los ultimos sondeos el 57% de los electores votarían a favor. La propuesta ha conquistado a parte del electorado del izquierdista Frente Amplio en el poder.

La idea surgió en un grupo de seis amigos que decidieron implicarse en la búsqueda de soluciones a la criminalidad

Toda una derrota cultural para el “progresismo”, dice Luis Pedernera, encargado de los asuntos de infancia de IELSUR, una ONG financiada por la cooperación internacional, esencialmente Suecia y la Unión Europea.

En caso de aprobación del referéndum, el organismo recurrirá a los tribunales internacionales para forzar su anulación. Pero hace tiempo que IELSUR denuncia la política de los sucesivos Gobiernos del país, tanto conservadores como de izquierdas.

“Uruguay siempre tuvo un número pequeño de adolescentes en conflicto con la ley penal. Hoy detenidos, encerrados en centros especiales, hay unos 650”, dice Pedernera. Costa Rica, similar a Uruguay en población y territorio, tiene actualmente 40.

Para Pedernera esta es la consecuencia de un continuo endurecimiento del código penal, iniciado en 1995 por la derecha gobernante y que según IELSUR llevó a la población carcelaria adulta del país a pasar de los 2.300 reclusos a los 11.000 actuales.

“Ahora no hay margen para endurecer más las leyes para adultos y solo quedan los menores”, dice Pedernera: “El año pasado el parlamento votó una ley, la 19.055, que plantea un mínimo de un año inexcarcelable para los adolescentes que cometen delitos gravísimos. La rapiña (robo con intimidación) y el robo son considerados delitos gravísimos”.

IELSUR publicó este año un duro informe contra el Gobierno que denuncia los malos tratos y las pésimas condiciones de hacinamiento de los menores infractores. Actualmente hay más de 650 menores en centros previstos para 320 personas.

“Lo paradójico es que el progresismo actúa en la misma línea, pero con los menores de 18 años”, asegura, convencido que la crisis de inseguridad que atraviesa el país es consecuencia de las leyes represivas.

Guillermo Maciel, experto en seguridad del Partido Colorado, principal promotor de la baja de la edad penal, responsabiliza también al Gobierno. “Hay temor en la población y el miedo es el reflejo de los propios números del Ministerio del Interior. Si uno mira las cifras oficiales año a año vienen en aumento constante los delitos que causan más temor como el homicidio. Los hurtos han venido creciendo con un salto muy importante desde que la izquierda accede al poder, porque la izquierda ha tenido un problema de manejo, por un lado por falta de experiencia y en segundo lugar por tener una visión idelogizada del problema, mezclando delito con pobreza, lo cual está demostrado que es un mito porque estamos en bozanza económica desde hace 10 años.”

Para Maciel la solución pasa por imponer penas de prisión más largas a partir de los 16 años de edad: “Hablamos de números oficiales, la mitad de las rapiñas (robos con intimidación) las cometen adolescentes menores de 18 años. El año pasado se abrieron 41 causas judiciales por homicidios en que participaron menores. En los centros de reclusión hay actualmente 671 menores, 90 de ellos condenados por homicidio”.

Para algunos la solución pasa por imponer penas de prisión más largas a partir de los 16 años de edad

Según cifras oficiales, el 70% de los menores encerrados actualmente cometieron robos con intimidación. El 90% de esos jóvenes no superó el primer año de enseñanza secundaria.

El politólogo e historiador Gerardo Caetano, una de las voces más respetadas de Uruguay, dice que la “sociedad uruguaya está en estado de pánico”. Una paradoja, afirma, cuando el país tendría razones para el optimismo: en 1986, a la salida de la dictadura, la tasa de pobreza era del 46% de la población; luego llegó la terrible crisis del 2002, donde se llegó al 40% de pobres. “En diez años los uruguayos bajaron esas cifras al 11% de pobreza actual, un logro histórico, pero en vez de estar orgullosos estamos muertos de miedo”.

Según Caetano, los uruguayos tienen un conflicto con la modernidad y no acaban de hacer el duelo de aquella sociedad de principios del siglo XX, tan avanzanda y plagada de “seguridades”.

Entre tanto, el país ha envejecido y ahora “la víctima de la sociedad uruguaya son los niños”. “Los mayores de 65 años representan el 2% o el 3% de los pobres del país, los menores de 4 años están en el 25% o 30% más pobre”, cita de memoria Caetano. Se ha “infantilizado la pobreza” y los adolescentes han perdido referencias: “En los barrios marginales un adolescente es alguien cuando comete su primer delito, una adolescente es alguien cuando queda embarazada”.

Tanto en la izquierda como en el Partido Colorado, se coincide en que el cambio de fondo vendrá con la mejora de la deteriorada educación uruguaya.

En este año electoral, la eventual aprobación de la baja de la edad penal en Uruguay se observa atentamente en los países de la región, especialmente en Brasil, donde algunos legisladores defienden proyectos en ese sentido. La aplicación Citycop también genera expectación y sus creadores trabajan ya para extenderla a otros países de América Latina. Varios inversiones (anónimos por el momento) están financiando los servidores para que a partir de junio las denuncias salgan del territorio uruguayo. Citycop no necesita autorizaciones de los gobiernos ni puede ser sometida a controles fronterizos para llevar a donde quiera su sistema de denuncia privada.