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Reino Unido permite comerciar con obras anónimas en Internet

La ley exige demostrar que se ha hecho suficiente esfuerzo para identificar al autor

El gremio de la fotografía critica fuertemente la ley.
El gremio de la fotografía critica fuertemente la ley. EL PAÍS

Por Internet pululan millones de contenidos sin autor registrado o conocido. Artículos, ensayos, fotografías, vídeos... ¿Se pueden coger sin más? Y, ¿quien los coge los puede explotar como si fueran suyos? La pasada semana, el Parlamento británico aprobó la Enterprise and Regulatory Reform (ERR), ley que permitirá por primera vez la utilización de las llamadas “obras huérfanas” con fines comerciales si una compañía demuestra que ha realizado una “búsqueda diligente” para localizar y contactar a su autor, pero que esta ha resultado infructuosa.

Los colectivos de fotógrafos británicos han reaccionado con un alud de críticas al nuevo marco legal. El grueso del sector aduce que este paso abre la vía de la impunidad para la comercialización de los llamados “trabajos huérfanos”, aquellos materiales colgados en la Red sin que se especifique quién es su autor, como ocurre principalmente con la circulación de un gran volumen de fotografías. Muchas de las imágenes que llevan originariamente la firma de su responsable acaban siendo reenviadas por diversos usuarios que las despojan de toda referencia a su autoría.

El abogado español Javier de la Cueva, especializado en derechos de autor en Internet, cree sin embargo que la ley trata principalmente de trasponer la directiva europea.

“La norma británica no permite la apropiación sin más, sino que, paralelamente a lo que dispone la directiva, viene a solucionar un grave problema que tienen las bibliotecas y demás centros culturales de la UE, que cuando no saben de quién es una obra, no pueden hacer prácticamente nada con ella”.

Los fotógrafos denuncian que la medida abre la vía a la impunidad

Un organismo independiente se encargará de certificar si ha habido un esfuerzo suficiente por parte de quien explota un material ajeno para identificar a su creador, en cuyo caso se permitiría a esa empresa a utilizarlo previo pago de una tarifa “de mercado” que tendría las funciones de depósito: el dinero será retenido ante la eventualidad de que alguien reclame posteriormente la autoría del trabajo.

Ese es el punto más polémico de la futura normativa, dada la facilidad que existe hoy para eliminar el crédito de, por ejemplo, una fotografía y empezar a distribuirla sin la pertinente rúbrica de su autor, tal como ha denunciado la Asociación de Fotógrafos Británicos de Prensa. El sector teme que acabe asentándose una suerte de industria dedicada a apropiarse del trabajo de otros para su venta, sin el preceptivo pago de los derechos de autor.

El Gobierno británico defiende, sin embargo, que el nuevo marco permitirá establecer un mecanismo “más eficiente” a la hora de gestionar los derechos de propiedad intelectual y “apuntalar la industria de la cultura” en las islas Británicas.

El propósito del Departamento de Negocios e Innovación (equivalente al Ministerio español de Industria y Comercio) insiste en que su objetivo es “levantar las barreras innecesarias para legitimar el uso de estos trabajos, al tiempo que se preservan los intereses y los derechos de los autores”. Esa aseveración se ajusta a los casos de aquellos autores que han registrado sus trabajos antes de difundirlos, puesto que el nuevo marco legal facilita la tramitación para cobrar los derechos e incluso los refuerza.

Se deja, en cambio, más expuestos e indefensos ante el abuso a los materiales creativos que no han pasado por las oficinas de registro y patentes. La ley pretende promover esa medida de protección, pero esta supone un dispendio en tiempo y dinero incluso para aquellas personas que no pretenden extraer beneficios a la hora de exponer sus trabajos.

Figuras tan respetadas como el veterano David Bailey están entre las firmas recogidas por los colectivos de fotógrafos británicos para presentar al Gobierno un documento que expresa la inquietud sobre los efectos adversos de la nueva legislación en sus trabajos.