El fiscal se opone a liberar bajo fianza a Dotcom por si huye en su helicóptero
Los directivos de la web de descargas Megaupload, clausurada por EE UU por piratería, tratan de lograr la libertad condicional ante un juez neozelandés, que aún no ha tomado una decisión
El principal cerebro de MegaUpload, Kim Schmitz, y tres directivos del portal de descargas intervenido por el FBI estadounidense por supuesta piratería informática se sentaron este lunes en el banquillo de un tribunal neozelandés tras permanecer tres días en prisión preventiva. Solicitaron que se les condeciese la liberta bajo fianza, a lo que el fiscal objeto que había riesgo de huída, especialmente en el caso de Schmitz. El juez, al final de la jornada, decidió que tomará una decisión mañana o el miércoles.
Esta noche, el abogado defensor Robert Benett ha renunciado al caso por conflicto de intereses con otro cliente de su despacho. Bennet defendió a Clinton en el caso Lewinsky.
Schmitz, más conocido por Kim Dotcom, y los también alemanes Finn Batato, de 38 años y jefe técnico del portal, y Mathias Ortman, de 40 años y cofundador de MegaUpload, y el holandés Bram van del Kolk, de 29 años, fueron trasladados desde el centro de detención hasta el tribunal. La vista se hizo en una sala a rebosar de público, y, sobre todo, de periodistas.
Detenidos en Europa un alemán y un estonio en relación con el caso. Otra persona en busca y captura
El primero en aparecer en la sala fue Schmitz, con rostro serio y vestido de negro, al que siguieron los otros tres acusados. Al inicio de la vista, el juez encargado del caso, David McNaughton, autorizó la entrada en la sala de una sola cámara de televisión.
Los representantes legales de los cuatro detenidos solicitaron la libertad bajo fianza de sus clientes a raíz de que el pasado viernes el juzgado ordenara su ingreso en prisión preventiva y desestimara una primera petición de libertad condicional. Durante la primera parte de la vista, la fiscalía sostuvo que era un riesgo conceder la libertad bajo fianza a Schmitz dado que es propietario de un helicóptero que tiene ante la puerta de su casa y dispone de varios pasaportes.
Por su parte, el juez apuntó que el arma de fuego encontrada en poder del fundador de MegaUpload "es un factor agravante para la petición de libertad", mientras que la defensa argumentó que la operación policial para detener a su cliente fue "innecesariamente grandiosa".
Todos fueron detenidos el mismo día en una operación llevada a cabo por la Policía neozelandesa y asistida por agentes del FBI, en respuesta a un requerimiento de las autoridades estadounidenses, que han solicitado la extradición de los cuatro acusados.
En el caso de que la justicia de Nueva Zelanda conceda la extradición de Schmitz y de los otros tres detenidos, estos afrontarán en Estados Unidos cargos por crimen organizado, blanqueo de dinero y de violación de la ley de derechos de propiedad intelectual, delitos por los que, si son declarados culpables, pueden ser condenados a una pena máxima de 50 años de cárcel.
Las autoridades de Estados Unidos cerraron el pasado jueves el portal de descargas MegaUpload al considerar que forma parte de "una organización delictiva responsable de una gran red de piratería informática mundial" que ha causado más de 500 millones de dólares en pérdidas al transgredir los derechos de autor de compañías.
La vista coincidió con un llamamiento de la oposición al Gobierno neozelandés para que investigue y explique el motivo por el que concedió, en 2010, la carta de residencia a Dotcom tras invertir ocho millones de dólares en bonos del Tesoro, a pesar de que éste tenía ya antecedentes penales en Alemania. "La reputación de Nueva Zelanda está en la mira", dijo el jefe de la oposición Winston Peters a Radio Nueva Zelanda.
En 2001, siendo aún Schmitz, gastó 375.000 dólares en la compra de acciones del portal de ventas en internet 'LetsBuyIt' cuando éste se encontraba al borde de la quiebra. Y, tras anunciar una inversión de 50 millones de dólares, que no hizo, el precio de las participaciones subieron como la espuma, tanto que al venderlas se embolsó por estas 1,5 millones de dólares (1,16 millones de euros).
Por el negocio fraudulento fue detenido en Tailandia, deportado a Alemania y condenado a 20 meses de cárcel, además de recibir una multa de 100.000 euros (129.000 dólares). Durante el pasado fin de semana, la Policía neozelandesa incautó coches de lujo, obras de arte, armas, ordenadores y documentación, en el registro de la mansión de Schmitz.
Unos setenta efectivos de diversos cuerpos de seguridad y organismos del Estado registraron la mansión campestre del fundador de MegaUpload durante más de 24 horas y las de los otros tres directivos de la empresa. En el registro fueron confiscados bienes valorados en unos seis millones de dólares (4,5 millones de euros), entre éstos 15 Mercedes Benz, un Cadillac de 1959 y un Rolls-Royce Phanton, indicó la Policía neozelandesa.
Además, el departamento del Tesoro congeló once millones de dólares (8,5 millones de euros) depositados en varias cuentas abiertas en entidades bancarias del país oceánico. Schmitz está considerado por la prensa local de este país del que es residente desde hace un año, una de las personas más ricas de Nueva Zelanda y descrito como un apasionado de los coches de lujo, las mujeres y de las mansiones.
Dos personas más han sido detenidas en Europa por su implicación en el caso, según ha informado este lunes la fiscal Anne Toohey ante el tribunal de Nueva Zelanda que lleva el caso. Los detenidos son Sven Echternach, un alemán de 39 años de edad, que ha sido arrestado en su país de origen, y Andrus Nomm, un estonio de 32, que ha sido arrestado en Países Bajos. Toohey ha explicado que Echternach no podrá ser extraditado a Estados Unidos, que requiere su presencia para ser juzgado, ya que las leyes alemanas prohíben la entrega de sus nacionales a otros países.
Además, ha informado de que se busca al eslovaco Julius Bencko, contra quien las autoridades estadounidenses también han emitido una orden de arresto en relación al caso Megaupload.
Neil MacBride, el fiscal de Virginia que desató el caso, es ex consejero general de la Business Software Alliance, una asociación que representa a los fabricantes de software y destaca por su lucha contra la piratería
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