El sector de la propiedad intelectual culpa al desarrollo tecnológico de la piratería

El sector de la propiedad intelectual ya ha encontrado un culpable al que culpar de unas cifras de beneficios que no son las esperadas: el desarrollo tecnológico. Pese a que la industria de los contenidos representa en España el 4% del PIB (unos 40.000 millones de euros), las principales asociaciones encargadas de defender los derechos de autor creen que "el desarrollo tecnológico ha permitido y facilitado la creación y distribución de copias".

La SGAE, Promusicae, la Asociación Española de Derecho de la Propiedad Intelectual (AEDPI) y otras entidades ligadas a la protección intelectual han llegado a esta conclusión en una jornada organizada debatir los aspectos más importantes por los que atraviesa el sector. Según José Manuel Tourné, Director General de la FAP, la caída de la industria cinematográfica fue de un 6% en exhibición en salas y un 35% en el sector del vídeo durante 2006; el Director de investigación y prevención del fraude de Promusicae, José Luis Pérez Quintero, que lo describe como un mercado caracterizado por un descenso del 17% en sus ventas globales, "una situación avivada por la presencia de las nuevas tecnologías", según el comunicado remitido por los organizadores de la jornada.

Los asistentes han mostrado unas cifras, en su opinión, preocupantes: la industria audiovisual está viviendo la amenaza más grave en toda su historia, lo que se refleja en el "crecimiento abismal de la piratería"; según Manuel de Benito Ariza, Jefe de la Oficina de Defensa de Propiedad Intelectual de la SGAE, España ha pasado de 180 millones de descargas ilegales en 2003 a 800 millones en 2006.

Amparado por la ley

Desde las organizaciones que velan por la propiedad intelectual se lanzan abrumadores datos: 132 millones de películas descargadas ilegalmente de Internet; la piratería supuso un 48% del comercio de videojuegos. En el sector fílmico, la descarga y distribución de copias ilegales supone un grave problema para la industria de la creación intelectual.

¿Copias ilegales? No parece que esté tan claro cuando el propio sector de la propiedad intelectual tiene dudas al respecto. Aunque nunca olvidan añadir el calificativo "ilegal" a las palabras "descarga", "copia", "distribución", los asistentes a la jornada han reconocido que el concepto de "sin ánimo de lucro", plantea múltiples interpretaciones judiciales y policiales y "que ampara la práctica de la descarga de estos ficheros".

En este contexto, un nuevo ataque contra el desarrollo tecnológico: pese a no tener claro qué es legal y qué no, los asistentes a la jornada constatan que se trata de una delincuencia con base en las nuevas tecnologías, algo que hace más difícil la investigación de estos delitos.

Para Manuel Vázquez, Comisario de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía, el problema, más bien, radica en la poca claridad del Código Penal y aboga por la descentralización territorial de los grupos dedicados a investigar los delitos de piratería".

Enfrentamiento entre industrias

La principal dificultad que atraviesa la industria según la Directora Antipiratería de NBC Universal, Bárbara Navarro, es "no estar bien posicionados ante el Ministerio de Industria". Según Navarro, las medidas adoptadas por el Gobierno, como el canon digital, "sólo ha provocado enfrentamientos entre grupos, dejando a un lado problemas más importantes y urgentes que resolver. Esto nos deja en una situación de fuera de juego".

En el mismo sentido se pronuncia José María Anguiano, socio del despacho de abogados Garrigues. Anguiano incide en el choque de intereses entre la industria de los contenidos y la telemática y equipos de nuevas tecnologías: "Cada vez que se descarga una canción, los operadores de servicios firman nuevos contratos y se venden más reproductores de sonido".

Para los asistentes al debate las soluciones pasan por recuperar el valor de la creación intelectual. Además, aseguran que el modelo de negocio actual de la industria de los contenidos está obsoleto y el nuevo planteamiento ha de satisfacer esa demanda de contenidos con unos medios legales, aunque suponga una peor calidad.