El Parlamento Europeo votará la directiva sobre patentes de 'software' en dos semanas
Después de que el texto aprobado por los Veinticinco haya superado sin cambios relevantes su paso por el comité de Asuntos Jutídicos de la cámara
El pasado 7 de marzo los Gobiernos de los países miembros de la UE aprobaron, con la única oposición de España, una propuesta de directiva que podría legalizar la patentabilidad de los programas informáticos. El lunes por el texto pasó grandes cambios por el comité de Asuntos Jurídicos de la Euroámara, que votará el texto en dos semanas.
El resultado de la votación del lunes, que se saldó con 16 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención, no modifica, en lo esencial, el texto aprobado por los Veinticinco en marzo, puesto que los eurodiputados rechazaron todas las enmiendas dirigidas a restringir la posibilidad de patentar las invenciones para ordenador.
El texto aprobado considera que las invenciones aplicables, por ejemplo, a las lavadoras, a los teléfonos móviles o a los sistemas de frenado ABS, deben ser protegidas por el derecho relativo a las patentes. Pero además establece, y esta es la disposición que está recibiendo más críticas, que esta protección debe extenderse de forma general al software que las hace funcionar, tal y como piden las grandes empresas.
El debate en comisión parlamentaria previo al voto reflejó las fuertes divergencias de puntos de vista sobre esta cuestión. Los defensores del software libre, entre ellos las pequeñas empresas, desean que las patentes se limiten únicamente a las invenciones, dejando el software de base sin protección y por tanto disponible para el resto de usuarios. Estas compañías sostienen que los derechos de autor ya protegen las invenciones y temen que la patente suponga un incremento de los costes jurídicos.
A la inversa, los gigantes tecnológicos defienden un sistema de patentes que no proteja solamente a los inventos que utilizan un determinado programa informático, sino también a estos mismos programas. Argumentan que las patentes favorecerían la inversión en investigación y protegerían a los inventos europeos de la competencia norteamericana.
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