EE UU aplicará las normas sobre intervención telefónica a los servicios de voz a través de Internet

Los representantes legales del Departamento de Justicia, el FBI y las agencias antidroga solicitaron hace cinco meses al organismo regulador de las telecomunicaciones en EE UU, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en sus siglas en inglés) que obligase a las operadoras que ofrecían servicios de voz a través de Internet a facilitar la intervención de las conversaciones de sospechosos de haber cometido un delito. Ayer, la junta directiva de esa agencia federal acordó, por votación unánime (5 votos a favor y ninguno en contra), que las compañías que prestan este servicio garanticen el acceso a las autoridades.

Tras la decisión de la FCC, los proveedores de servicios de teléfono por Internet, conocidos como "VoIP" ("Voice over Internet Protocol", servicios de voz a través del protocolo de Internet), estarán sujetos a una ley federal de 1994, la 'Communications Assistance for Law Enforcement Act' o CALEA, que permite a las autoridades un acceso rápido y fácil a las conversaciones que se mantienen usando las últimas tecnologías.

Esta tecnología permite la transmisión rápida de llamadas telefónicas de la misma forma en que se envían los correos electrónicos en Internet a través de conexiones de banda ancha. La tecnología ofrece también la ventaja de precios más bajos que las llamadas a través de las líneas convencionales.

Mensajería y voz sobre redes P2P, excluidos

Las operadoras tradicionales que se han introducido en este mercado resultarán directamente afectadas por la nueva regulación. Desde hace meses, grandes compañías de la telefonía convencional como AT&T o Verizon intentan igualar las ofertas de nuevas operadoras como Vonage, ofertando tarifas planas para llamadas nacionales y suculentos descuentos en las internacionales. Gartner Research, firma de estudios sobre comunicaciones, estima que 17% de las líneas estadounidenses utilizarán estos servicios en 2008.

La nueva regulación debe aplicarse, según la FCC, a los conversaciones de voz que se realizan a través de servicios mixtos, en aquellos que todavía usan parte de la red de telefonía tradicional. Así, la CALEA no será de aplicación a los sistemas de comunicaciones puros de Internet, aquellos que como el software Skype utilizan una tecnología similar al P2P -redes descentralizadas para compartir archivos que han tomado el relevo de programas como Napster en los PCs de los aficionados a la música-

Jeff Pulver, director general de una de estas empresas World Dialup, afirma que con su decisión la FCC está diciendo a los proveedores de servicios de telefonía a través de Internet es que hay que "despertar y empezar a innovar, porque si lo que ofreces son servicios que simplemente reemplazan a los existentes, tendrá que aplicársete la ley.

En su opinión, sólo quien oferta servicios diferentes está exento de cumplir la CALEA. Su empresa, afirma Pulver, está en este grupo, porque no se limita a cambiar el medio de transporte, de un cable de cobre a otro de fibra óptica, sino que utiliza un sistema distribuido similar al P2P que permite que la gente se comunique sin pasar por una compañía telefónica.

Problemas de privacidad

Asociaciones de defensa de la privacidad han alertado sobre el riesgo que suponen la extensión de la norma de 1994 a las comunicaciones digitales. En la telefonía tradicional, la voz viaja tal cual a través de un cable y puede ser intervenida de una forma relativamente sencilla.

Pero en el caso de la VoIP la voz es encriptada y dividida en pequeños paquetes de datos en un extremo de la conversación, y el sonido se vuelve a componer en el otro lado. Los grupos de derechos afirman que al intervenir esta información conversaciones de personas que no cometieron ningún delito también quedarán expuestas a la mirada de las autoridades.

David Sobel, consejero del Centro por la Privacidad de la Información Electrónica sugiere que "si va a haber una extensión del ámbito de aplicación de la CALEA, debería ser llevada a cabo por el congreso, no la FCC", pues los servicios de voz a través de la red están amparados por consideraciones de privacidad especiales que sólo los legisladores pueden modificar.