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Ciencia y Tecnología dispondrá de 60 millones para fomentar la banda ancha

Para 2004, el Gobierno incrementa un 17% los recursos presupuestarios dedicados a la Sociedad de la Información

El ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, ha anunciado que, en los Presupuestos para 2004, cuenta con 60 millones de euros para fomentar la inversión en redes de banda ancha y una partida un 17% más cuantiosa para reforzar la apuesta de su ministerio por la Sociedad de la Información.

El Gobierno prepara estos meses una estrategia de fomento de la banda ancha que incluye líneas de crédito a los operadores, dijo el ministro. Citó incentivos a la inversión selectiva en determinadas zonas geográficas donde llega con mayor retraso la inversión y para ello, dijo, los presupuestos del ministerio contemplan "unos 60 millones, junto con otras posibilidades de obtención de recursos.

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También se refirió al ADSL, que con sus cerca de 1,5 millones de líneas es la tecnología más utilizada en nuestro país para las conexiones a Internet de alta velocidad. Así, apuntó a la "necesaria reducción de los precios" del ADSL, aunque admitió que "se va a producir de una manera progresiva".

El ministro destacó, por otra parte, que la Ley de Telecomunicaciones se aprobará pronto y que antes de febrero, el gobierno publicará los reglamentos de desarrollo para garantizar la plena consecución del objetivo de liberalización del sector. Recordó que recientemente aprobado Price Cap para 2004 reduce las tarifas, al establecer un resultado global de IPC-4 y la liberalización del ADSL minorista.

Comercio electrónico

En suma, la incorporación efectiva a la Sociedad de la Información exige en su opinión "infraestructuras de seguridad y calidad, un marco jurídico estable que genere confianza y una activa política de fomento por parte de los poderes públicos".

En el marco legal, anunció que su ministerio trabaja en tres reglamentos que desarrollan la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico con el real decreto sobre la retención de datos de conexión y de tráfico, la modificación del real decreto de contratación telefónica o electrónica con condiciones generales, y el real decreto por el que se crea el distintivo de confianza de los servicios.

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