España supera el medio millón de líneas ADSL

De todos modos, y a pesar del fuerte aumento de los hogares conectados a Internet, el reparto de las líneas de ADSL es muy irregular. Madrid, con 115.326 conexiones, y Barcelona, con 104.707, acaparan el 45% de los enlaces a este tipo de banda ancha en todo el país.

La Asociación de Internautas considera que "parece existir una relación directa entre los mayores núcleos urbanos y el número de líneas Adsl", ya que "hay que bajar hasta el puesto decimocuarto para encontrar una provincia que tenga menos de 800.000 habitantes, mientras que de las diez provincias que tienen menos conexiones de banda ancha, ninguna supera los 250.000 habitantes".

En total, hay siete provincias españolas no llegan a los 1.000 abonados al ADSL, seis de ellas en la meseta peninsular; la que más lejos se queda del millar es Soria (con sólo 468 líneas), seguida de Teruel (608), Avila (799), Zamora (857), Cuenca (866), Segovia (881) y Melilla (934).

"Abandono" de zonas periféricas

Estos datos se justifican por el "abandono" que sufren las zonas periféricas y las zonas rurales, ya que la banda ancha en estos lugares "es un bien inalcanzable, y el cable-modém tampoco llega", según la Asociación de Internautas, que afirma que "la instalación de cable-modém está en torno a las 300.000 en toda España, exclusivamente en zonas urbanas".

El ritmo de implantación de la banda ancha para acceder a Internet gira en torno a las 40.000 instalaciones mensuales, según sus datos, y de nuevo son las zonas urbanas las que más solicitudes de conexión presentan.

Otro dato destacable es que sólo el 15% de las instalaciones de ADSL las solicitan nuevos usuarios de Internet, lo que revela la escasa incidencia que esta nueva tecnología tiene en los ciudadanos.

Para solucionar estos aspectos, la Asociación de Internautas propone que el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) "suplan estas carencias que discriminan severamente a muchos ciudadanos españoles".

Ello se conseguiría con medidas como fijar precios en torno a los 24 euros al mes, incentivar a las operadoras telefónicas para que gestionen directamente el bucle local de abonado en vez de favorecer la reventa del servicio, agravando el coste al usuario final, o extender el ámbito de implantación del ADSL al 100% del territorio nacional.