Comienza en EE UU la batalla legal para bloquear la pornografía en la Red

La lucha para bloquear la difusión de pornografía por Internet ha comenzado en EE UU en medio de las protestas de quienes consideran que cualquier restricción al acceso a la Red en las bibliotecas públicas violaría las garantías individuales.

El juicio constitucional en un tribunal de la ciudad de Filadelfia, en el Estado de Pensilvania, gira en torno a una ley promulgada en el año 2000 por el entonces presidente, Bill Clinton, que exige que las bibliotecas instalen dispositivos para impedir el acceso a material pornográfico de sus computadoras conectadas a Internet.

Los demandantes acusan de limitar las garantías constitucionales con la aplicación de la ley a la Comisión Federal de Comunicaciones y al Instituto de Museos y Ciencias Bibliotecarias. La Ley de Protección Infantil en Internet (CIPA, por sus siglas en inglés) fue propuesta a Clinton por el Congreso, después de que el Legislativo fracasara en dos ocasiones en sus esfuerzos por limitar el acceso público a la pornografía en Internet.

La batalla comenzó ayer con el testimonio de tres bibliotecarios que advirtieron de que la ley atenta contra el derecho de los adultos a disponer de cualquier material legal, no importa cuál sea su contenido o su tendencia.

La Primera Enmienda

"Nosotros no le preguntamos a la gente por qué quieren saber lo que quieren saber", indicó la bibliotecaria Ginnie Cooper, directora de la Biblioteca Pública del condado de Multnomah, en el estado de Oregon.

Los promotores de la CIPA señalan que al no imponer controles sobre el acceso general a Internet, la ley no infringe el derecho a la libre expresión garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Además afirman que es necesaria ante la campaña agresiva de la industria de la pornografía que cada vez con mayor insistencia busca clientes para sus páginas en internet entre los más jóvenes.

Sin embargo, la Unión de Libertades Civiles de EE UU, abogados de bibliotecas, de clientes de esos establecimientos y de operadores de sitios de internet manifiestan que las autoridades deben suspender la ley por cuanto no sólo viola derechos constitucionales, sino que impone una importante carga financiera.

Explican que esas instituciones públicas perderían muchas donaciones de sus principales clientes y tendrían que asumir costes adicionales en la instalación de programas de control de acceso. Las voces criticas dicen que la ley es una trama de los sectores más conservadores para restringir el acceso a páginas de Internet en las que se discute la homosexualidad y el derecho al aborto.

¿Cómo bloquear el acceso?

Además, los bibliotecarios se oponen a una disposición de la ley que obligaría a los clientes adultos a pedirles que se desconecte el dispositivo que impide el acceso a supuestos sitios pornográficos de Internet. "No veo cómo podría yo preguntarle a alguien... ¿Para qué quiere mirar esto?", afirmó Peter Hamon, director del Sistema Central de Bibliotecas del estado de Wisconsin.

Pero más allá de los argumentos a favor y en contra de la ley, la principal objeción de los bibliotecarios es el hecho de que, pese al avance tecnológico actual, no existe un programa o aplicación que determine exactamente cuál es el material que se debe bloquear.

"No creo que exista una definición común de lo que es pornografía pura", señaló Candace Morgan, subdirectora de la Biblioteca Regional de Fort Vancouver, en el estado de Washington. "Tenemos manuales de educación sexual que contienen fotografías sexualmente explícitas", que serían casi iguales a las que aparecen en los sitios de pornografía de Internet, señaló Morgan ante el tribunal.

Fuentes judiciales manifestaron que el proceso durará unos diez días al cabo de los cuales cualquier fallo será enviado al Tribunal Supremo de Justicia para una determinación final. Representantes de la industria informática calculan que de los aproximadamente once millones de sitios que hay en Internet, al menos un 1% contiene material sexualmente explícito.