El Supremo de Estados Unidos rechaza cuestionar el matrimonio igualitario

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado este lunes la demanda de una exfuncionaria de Kentucky que buscaba anular la legalización del matrimonio igualitario a nivel nacional, aprobada en 2015 tras un histórico fallo (el caso Obergefell v. Hodges). El alto tribunal, que cuenta con una mayoría conservadora de seis a tres, ha desestimado la apelación de Kim Davis, una exsecretaria del condado de Kentucky que fue demandada por una pareja gay después de negarse a tramitar su matrimonio. “Se niega la solicitud de revisión [del caso]”, ha detallado el Supremo. Aunque no ha dado detalles sobre su decisión, al menos cuatro de los jueces que lo forman han tenido que oponerse a la toma en consideración de la demanda de Davis.

Para Jim Obergefell, cuya demanda generó la aprobación nacional del matrimonio igualitario en Estados Unidos, el caso de Davis es algo personal. En una entrevista con The Advocate afirmó que se sentía “asqueado” de que hubiera conciudadanos que trabajaran en contra del bienestar y la felicidad de otras personas, usando como excusa la libertad religiosa. “Esta versión moderna de la libertad religiosa (esta creencia de que la religión personal de uno está por encima de todo lo demás) es una distorsión y una perversión de lo que nuestros fundadores pretendían”, expresó. Además, Obergefell señaló que la negativa de Davis a cumplir con la ley era el síntoma de un problema más amplio: el de los funcionarios públicos que anteponen su fe privada al deber cívico. “[Davis] Juró servir a todas las personas, sin embargo, ha utilizado su cargo público para perseguir a otros”.

Hace tres años, un juez federal, David Bunning, ya rechazó los argumentos de Davis, recuerda Reuters: “No puede usar sus propios derechos constitucionales como escudo para violar los derechos constitucionales de otros mientras desempeña sus funciones como funcionaria electa”.

A pesar del fallo del Supremo de 2015 que dio amparo legal al matrimonio igualitario en todos los Estados de EE UU, Davis argumentaba que esa norma entraba en conflicto con sus creencias religiosas. La exfuncionaria ya había litigado en instancias inferiores, que no solo habían rechazado sus pretensiones, sino que también la habían condenado por vulnerar derechos fundamentales (pasó cinco días en prisión y ha sido multada con más de 300.000 euros). Además, hace cinco años, el Supremo ya rechazó otra apelación de Davis.

La exfuncionaria, que trabajaba en el Registro de Kentucky, buscaba en el Supremo no solo recurrir sus condenas, sino también enmendar el fallo del caso Obergefell. Unas intenciones que para el responsable legal de la organización Glad (GLBTQ Legal Advocates & Defenders), Josh Rovenger, tenían pocas opciones de prosperar: “Sería realmente anómalo que el Supremo, con unos hechos tan limitados, reexaminara Obergefell”, señaló en The Advocate la semana pasada

En 2022, la mayoría conservadora del Supremo, que cuenta con tres jueces nombrados por Trump, revocó la protección nacional al aborto, dejando en manos de los Estados la legislación al respecto. Entonces, el Supremo anuló el histórico fallo que daba amparo al aborto en todo EE UU (Roe v. Wade de 1973). Tras esa decisión, numerosos Estados en manos de los conservadores aprobaron legislación que vetaba ese derecho de las mujeres. Ahora, se temía que ocurriera lo mismo.

Después de la anulación de la protección al derecho al aborto, consolidado hace más de medio siglo, las facciones ultraconservadoras estadounidenses aspiraban a que el Supremo no solo considerase el caso de Davis, sino que acabara anulando la protección nacional al matrimonio igualitario, abriendo la puerta a los vetos estatales.

Este año, se han presentado 616 proyectos de ley estatales anti LGTBIQ+ (de Idaho a Montana, pasando por Arkansas, Texas o Iowa), según el recuento que realiza la Unión estadounidense por los derechos civiles (ACLU). De ellas, 71 se ha consolidado como ley, mientras que 248 han sido rechazadas y 285 siguen en trámite parlamentario. Aunque muchas de ellas sean rechazadas, las meras propuestas alimentan la lgtbifobia, según denuncian las organizaciones en defensa del colectivo.

Por su parte, el abogado de Davis, Mathew Staver, ha asegurado que desde Liberty Counsel, organización a la que pertenece y que promueve “valores cristianos evangélicos”, continuarán trabajando para revertir Obergefell v. Hodges, un fallo que describe como “erróneo desde el principio”. “No es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo el Tribunal Supremo anulará Obergefell”, ha expresado en un comunicado.