Juana Rivas, tras declarar en el juzgado por la presunta sustracción de su hijo, pide ayuda para terminar “con este circo”: “No me rindo”

Juana Rivas ha declarado este jueves en los juzgados de Granada desde las 10 de la mañana ante una jueza de instrucción por un presunto delito de sustracción de su hijo menor, de 11 años. Minutos antes de las 11, Rivas ha salido de los juzgados y ha pedido ayuda para terminar “con este circo”, en referencia a la atención de su caso. Y antes de abandonar el juzgado ha dicho: “No me rindo”. El abogado de Rivas, Carlos Aránguez, ha recordado que la jueza ha pedido a todos los asistentes a la declaración que no hablen de lo ocurrido en la sala “para preservar la intimidad y la propia imagen del menor”. Rivas no ha respondido ni a las preguntas del abogado de su expareja y padre del niño, Francesco Arcuri, ni a las de las de la Fiscalía, solo a las de Aránguez. La declaración ha durado alrededor de 45 minutos.

Sus preguntas, según ha explicado el propio letrado, se han centrado en demostrar que no había sustracción de menores y que todo tiene su origen en unos presuntos malos tratos por parte del padre. Aránguez ha dicho que han presentado documentación, incluidos audios y vídeos, que demostrarían esos malos tratos. Aunque ha intentado que se visionaran y escucharan, la jueza no lo ha permitido. Aránguez ha informado también de que esta misma semana pedirá el archivo de este procedimiento porque “estamos ante una madre que solo pretende defender a su hijo”. Tras responder a su abogado, Rivas ha hecho uso de su derecho a la última palabra.

El abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, ha asegurado a la salida que lo que se dirime en esta causa no tiene nada que ver con lo que argumenta la defensa de Rivas sobre los malos tratos, porque ese tema ya estaría aclarado en la sentencia del pasado febrero. Zambrano ha explicado que la sentencia italiana que dio la custodia en febrero a Arcuri ya elimina la posibilidad de malos tratos y ha dicho que, en su opinión, el siguiente paso será abrir un procedimiento abreviado que dé paso a un juicio oral, “no por los malos tratos, sino por la sustracción”. En cualquier caso, la jueza no ha adoptado ninguna medida cautelar.

La cita judicial es consecuencia de una denuncia de Arcuri, que la acusó en marzo de este año por no cumplir la orden del Tribunal de Apelación de Cagliari (Italia) que ordenaba, unas semanas antes, que el menor, Daniel, volviera desde España a Italia con su padre. La denuncia fue archivada en primera instancia hasta que la Audiencia Provincial, tras el recurso de Arcuri, consideró que había motivos para investigar. Hace unas semanas, Arcuri compareció ante la jueza vía telemática para ratificar su denuncia. Este jueves la magistrada, la Fiscalía y los abogados de Rivas y Arcuri podrán preguntar a la madre.

En un auto emitido el día anterior a la declaración, la jueza de instrucción 4 denegó la petición del abogado de Rivas, que había solicitado, entre otras cosas, que “se permita la grabación de la vista correspondiente a la declaración de la denunciada por al menos tres medios informativos (que deberán comprometerse a distribuirla a todos los demás periodistas que estén interesados en cubrir esta noticia) dando instrucciones a los medios para que enfoquen únicamente a la declarante”. El escrito de Aránguez incluía un consentimiento expreso de Rivas a la grabación. El abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, y el ministerio fiscal se opusieron a esta grabación.

La jueza ha basado su negativa, en primer lugar, en que el asunto está aún en fase de diligencias previas de instrucción y la ley impone que estén las personas estrictamente involucradas y expresamente prohíbe el acceso a los medios de comunicación. Además, entiende que la difusión de esas imágenes es contrario al interés superior del hijo de Rivas y “constituye una grave amenaza a su salud y desarrollo integral y pueden provocarle un perjuicio psicológico irreparable debiendo evitarse dicho daño y la victimización secundaria derivada del procedimiento judicial”.

De hecho, la jueza está haciendo lo posible para que las imágenes de los padres declarando no se difundan en los medios. Para ello, ha determinado que las partes solo puedan acceder a esas grabaciones acudiendo al juzgado y viéndolas in situ, sin que puedan tenerlas en su poder.

El menor no volvió con su padre

La denuncia que ha originado esta declaración de Rivas tiene su origen en el viaje que, al terminar el colegio en diciembre pasado, el menor hizo desde Carloforte (Cerdeña, Italia) —donde vivía con su padre— hasta Granada para pasar la Navidad con su madre. El día 2 de enero debía volver a Italia, pero no lo hizo. Se inició entonces una semana de intensa actividad judicial por ambas partes; en España para conseguir que el niño permaneciera con su madre, y en Italia para que volviera. La primera victoria fue para Rivas que, pocas horas antes de tener que montar a su hijo en un avión, consiguió que la jueza que hoy le toma declaración le permitiera quedarse con su madre como medida de “protección con carácter de urgencia del menor y de forma temporal”.

A mediados de febrero, el tribunal italiano emitió un auto en el que, en primer lugar, ratificaba la custodia del niño en su padre, de manera exclusiva. En consecuencia, los jueces italianos ordenaban el retorno de Gabriel con su padre. Un día después, la madre tenía conocimiento oficial de esa orden, según el letrado de Arcuri. Sin embargo, el menor siguió en España, donde había sido escolarizado y donde terminó el curso escolar. La denuncia del padre del menor se centra en que esa orden, aunque emitida en Italia, era de obligado cumplimiento en España, como país miembro de la Unión Europea. Varias actuaciones judiciales recogieron de hecho esa orden en los meses siguientes, aunque ninguna establecía el procedimiento o un día y hora concretos.

Finalmente, un juzgado determinó el 22 de julio entre las 10 y las 11 como día y hora de entrega del menor a su padre. Aquella mañana las partes acudieron a la entrega, el hijo no regresó con su padre en una mañana de gran jaleo tanto en la puerta del lugar de entrega como en su interior. Fue el viernes 25 cuando Gabriel salió del juzgado en el coche con su padre y retornó ese mismo día a Italia. Desde entonces vive en Carloforte con su padre.

No es este el único asunto judicial pendiente entre Juana Rivas y Francesco Arcuri. Si en España se dirime la presunta sustracción, en Cagliari se está dirimiendo una denuncia por presuntos malos tratos de Arcuri a sus hijos, impulsada por la Fiscalía. Esto se encuentra aún en una fase procesal inicial y no se espera una resolución hasta dentro de un par de años.

Condenada en 2018

Juana Rivas ya fue condenada por sustracción de menores en julio de 2018, por no permitir el retorno de sus entonces dos hijos menores con su padre en una situación similar a la de esta Navidad. Fue condenada en primera instancia a cinco años de prisión y alguna accesoria más, que luego fue reducida a dos años y medio. Finalmente, recibió un indulto parcial del Gobierno que rebajaba la pena a un año y tres meses y que, en definitiva, la dejó en libertad.

Sin embargo, Rivas se enfrenta con esta denuncia a la posibilidad de romper una de las condiciones de aquel indulto, que le exigía “que no cometa el mismo delito por el que fue condenada en un plazo de cuatro años desde la publicación del decreto”. Esos cuatro años se cumplirán en apenas quince días, el próximo 16 de noviembre, pero la denuncia y los hechos que se ventilan ahora están dentro de esos cuatro años.