El Ministerio de Infancia plantea una comisión de reconocimiento para las víctimas de violencia sexual cuando son menores

El Ministerio de Juventud e Infancia plantea la creación de una comisión de reconocimiento de las víctimas de violencia sexual durante la infancia, especialmente en el seno de instituciones públicas, como centros educativos o residencias, pero también privadas, como la Iglesia, clubes deportivos o entidades sociales. Fuentes del departamento que dirige Sira Rego explican que la medida consta en la reforma de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) que ya han redactado y que ahora mismo se encuentran negociando con otros ministerios, como Interior y Justicia.

No existe nada parecido en España a lo que puedan recurrir todas las personas que, siendo menores, sufrieron violencia sexual para ser reconocidas como víctimas. Y puede ser especialmente relevante en caso de víctimas cuyos delitos han prescrito —porque podrían pasar a ser reconocidas como tal sin tener sentencia judicial—, algo muy común entre quienes sufrieron abusos hace décadas en el ámbito clerical (como colegios, seminarios, parroquias...). Además de reforzar las garantías en el reconocimiento de la condición de víctima, el ministerio prevé agilizar y flexibilizar los mecanismos que les permiten acreditarse como tales.

La Comisión de Reconocimiento de las Víctimas de Violencia Sexual contra la Infancia, como se prevé que se llame este órgano, podrá estudiar los casos de violencia sexual durante la niñez y la adolescencia en todos los ámbitos. No obstante, fuentes del ministerio señalan que su creación se ha planteado especialmente para aquellos que se producen dentro de instituciones públicas y privadas. El objetivo, añaden estas fuentes, es que la comisión recabe información sobre las víctimas y los colectivos que las representan para, después, proponer medidas concretas para la reparación y no repetición de estos daños.

Sin ser un órgano judicial, prosiguen las fuentes del departamento de Rego, este es un modo de garantizar el derecho a la reparación de las víctimas cuyos delitos hayan prescrito. Aunque por el momento se desconoce si las medidas que la comisión propondrá para la reparación incluyen indemnizaciones, ni quién asumiría este coste. Pero la intención, según las fuentes, es que sea una reparación integral, individual y colectiva, y que las medidas se articulen a través del diálogo con los colectivos de víctimas.

Aún queda recorrido para que la comisión sea una realidad. Primero, la reforma de la ley tiene que pasar por Consejo de Ministros, debe seguir el trámite parlamentario y, posteriormente, Juventud e Infancia deberá aprobar una orden ministerial que creará esta comisión, en la que se desarrollará su composición y sus normas de funcionamiento.

En España, tres de cada 10 jóvenes declaran haber sido víctimas de violencia sexual durante la infancia. Es uno de los datos del demoledor informe de prevalencia de violencia en los menores de edad que el ministerio presentó hace unos días y que pone negro sobre blanco el carácter estructural de estas agresiones. Muchas veces se dan en el entorno cercano, por parte de la pareja o de la propia familia. Pero otras muchas se produce en el seno de instituciones que deberían ser protectoras para los niños y adolescentes.

Aunque faltan datos, hay algunas aproximaciones que permiten dimensionar la magnitud del problema. El Defensor del Pueblo calculó hace dos años que cuatro millones de españoles sufrieron abusos en la infancia (más de 440.000 en el seno de la Iglesia), en un informe que llegó después de que este periódico iniciara una investigación en la que afloraron miles de afectados. Las instituciones deportivas constituyen otro ámbito en el que periódicamente se conocen casos. Según una investigación de EL PAÍS llevada a cabo también hace dos años, en las últimas dos décadas más de 1.000 víctimas de pederastia han salido a la luz en el seno del deporte español.

La propuesta de esta comisión, dicen las fuentes del ministerio, bebe de las recomendaciones que hizo en dicho informe el defensor para los casos de pederastia clerical. Estas recomendaciones no han tenido apenas recorrido. Hace un año, el Gobierno aprobó un Plan de reparación integral que se apoyaba en la proposición más urgente del defensor: crear un fondo estatal con la participación de la Iglesia y que un organismo independiente estudiase cada caso y regulase las reparaciones. Pero los obispos españoles se opusieron a participar. Por otro lado, los grupos parlamentarios de Sumar y el PSOE registraron este marzo una subcomisión para estudiar cómo pagar las reparaciones y establecer un procedimiento que reconozca a los afectados que sufrieron abusos en el ámbito eclesial.

En el ámbito deportivo, uno de los mayores problemas es que no existe un organismo independiente al que acudir para denunciar de forma interna. Las federaciones afirman no tener competencias, las ligas aseguran que ellas tampoco, porque se limitan a organizar competiciones. El Consejo Superior de Deportes, que depende del Gobierno, ejerce las competencias estatales en el ámbito deportivo, pero no tiene poder sancionador si la violencia sexual ocurre en una federación o en un club.

Agilizar los trámites

La propuesta de Juventud e Infancia recoge expresamente el derecho a la reparación y la garantía de no repetición para los menores que hayan sufrido cualquiera de las manifestaciones de violencia previstas en la Lopivi. Si bien la redacción original de la ley, de 2021, ya habla de reparación, no se desarrolla específicamente.

Actualmente, cuando hay un procedimiento judicial que concluye en sentencia condenatoria, suele imponerse el pago de una indemnización a la víctima en concepto de responsabilidad civil. Pero en muchos casos los agresores se declaran insolventes. Así que la víctima no ve un euro. Por no citar que la mayoría de los casos no se denuncian y muchos han prescrito. Una ley de 1995 prevé ayudas públicas para víctimas de delitos violentos y de violencia sexual, precisamente para los casos en los que estas indemnizaciones no llegan, aunque presentaba limitaciones, así que la ley del solo sí es sí amplió estas ayudas. Pero gran parte de la sociedad las desconoce, y muchas de las que se piden, no se dan. Por lo tanto, será clave si esta comisión abordará en profundidad la gestión de las indemnizaciones.

Pero el planteamiento, más allá de la reparación económica, es que los niños y adolescentes que hayan sufrido violencia sexual tengan la condición jurídica de víctima, recogida en el Estatuto de la víctima del delito, con el propósito de reconocer y reparar el daño causado y procurar la asistencia individual y colectiva necesaria, apuntan las fuentes ministeriales. Algo que permite, por ejemplo, acceder a ayudas de diversa índole, desde en matrículas de universidad o vivienda hasta bajas laborales. Y para lo cual las víctimas han de enfrentarse a un periplo burocrático que puede alargarse muchísimo. Fuentes del departamento de Rego explican que pretenden agilizar y flexibilizar los mecanismos.

Además, el texto también establece el propósito de construir una memoria colectiva que incluya la voz de las víctimas, según estas fuentes, garantizando el cumplimiento de los principios de verdad, justicia y no repetición. Algo parecido a lo anunciado también estos días por el Ministerio de Igualdad: el Instituto de las Mujeres compilará testimonios de aquellas que han sufrido violencia machista para crear un archivo que sirva de base para futuras investigaciones y para la creación de políticas públicas.

La propuesta de Juventud e Infancia ha sido trabajada previamente con el grupo de expertas (compuesto por especialistas en ámbitos como la judicatura, la psicología o el trabajo social) con la que Rego preparó la reforma de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Una norma que se aprobó en 2021 y que fue calificada por las organizaciones de infancia como pionera, aunque estas mismas asociaciones reclaman que termine de desarrollarse, porque cuatro años después, aún no se ha hecho.

El motivo por el que el ministerio ha decidido reformarla es porque en este tiempo ha detectado lagunas estructurales, según explicaron fuentes del departamento hace unas semanas, cuando se conocieron las líneas principales de la modificación que planea Juventud e Infancia. Entre ellas, reforzar el derecho de los menores a ser escuchados en los procedimientos judiciales (y no solo a partir de los 12 años), incluso proporcionándoles un abogado propio a través de un turno de oficio específico en infancia.