Sanidad envía un requerimiento a Madrid, Aragón y Baleares para que creen el registro de objetores del aborto: “Que Ayuso recoja cable”

El Gobierno ha dado un nuevo paso para hacer cumplir la ley del aborto. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha enviado este martes un requerimiento oficial a Madrid, Aragón y Baleares para que creen el registro de objetores de conciencia que mandata la norma.

Son las tres comunidades que no han comenzado todavía los trámites para crear estas listas, que permiten organizar los servicios hospitalarios para practicar la interrupción voluntaria del embarazo. Eran cuatro, como adelantó EL PAÍS, pero Asturias, la única socialista que faltaba, ya los ha iniciado.

De las tres que quedan, la Comunidad de Madrid es la única que se ha mostrado abiertamente contraria a crear lo que su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha denominado “listas negras” de médicos, pese a que los registros son de carácter privado, como sucede con los de la eutanasia, con las que sí cuenta su Gobierno.

La carta que ha mandado la ministra a Madrid, Baleares y Aragón es un requerimiento formal que se exige por ley antes de poner en marcha un procedimiento judicial por la vía contencioso administrativa. Las consejerías de salud tienen un mes para contestar y, a partir de ahí, el Gobierno cuenta con dos más para ponerlo en manos de los jueces.

Tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, García ha vuelto a repetir lo que ya dijo la semana pasada: “La ley se cumple. Punto”. También ha respondido a Ayuso, que en la Asamblea regional mandó a las mujeres a “abortar a otro lado”. “Las mujeres no nos vamos a ir a ningún sitio. Nos quedamos y vamos a ejercer nuestros derechos libremente, aquí y ahora”, ha replicado la ministra, que ha recomendado a la presidenta madrileña que “recoja cable”.

La creación del registro de objetores fue aprobado en un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre del año pasado, con el voto a favor de todas las comunidades, incluidas las tres que todavía no lo tienen.

En abril de este año se firmó el acta de aquella reunión y desde entonces, como informan las cartas a las tres consejerías, la Dirección General de Ordenación Profesional, a través de la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección, ha llevado a cabo un seguimiento de la implantación de los registros, a través del rastreo diario de boletines y sedes electrónicas.

En los sucesivos informes se identificó que las comunidades fueron creando los registros. En el último solo faltaba Andalucía, que estaba en trámite; Asturias, que ya lo ha comenzado, y las tres comunidades que han recibido el requerimiento.

La ministra también se ha referido a la última propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de crear un registro de médicos que sí practiquen el aborto, en lugar de uno de objetores. Le ha recordado que la Constitución recoge la objeción como un derecho “individual y activo” y que su ocurrencia no solo “vulnera los derechos de las mujeres, sino también de los profesionales”.

En el Consejo de Ministros de este martes, el Gobierno ha aprobado el texto para blindar el aborto en la Constitución, algo por lo que se ha felicitado la ministra, a pesar de que la aritmética parlamentaria hace imposible que esta modificación llegue a la Carta Magna. Para iniciar la reforma haría falta una mayoría de tres quintos de Congreso y Senado, algo que está muy lejos de alcanzar la coalición progresista a favor de este cambio.