Mónica García advierte a Ayuso sobre el aborto: “En nuestro país la ley se cumple y usaremos todas las herramientas”

Los abortos se realizan mayoritariamente en España en clínicas privadas concertadas. Según los últimos datos, de la semana pasada, el peso de la pública va creciendo (un 21% en 2024), pero el Ministerio de Sanidad quiere que esta proporción se amplíe para que el acceso sea “más equitativo”, según un informe que ha presentado este martes en el Consejo de Ministros.

En el documento se incluye un informe de Sanidad, adelantado la semana pasada por EL PAÍS, que señala que cuatro comunidades autónomas no han elaborado todavía un registro de objetores de conciencia en los centros públicos, imprescindible para organizar las interrupciones voluntarias. Son Madrid, Asturias, Baleares y Aragón.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mandó una carta a los mandatarios de estas tres autonomías para solicitarles que aprobasen el registro. Todas menos Madrid han respondido públicamente que lo crearán. La presidenta de esta, Isabel Díaz Ayuso, dijo que pensaría la respuesta y que está en contra de “señalar o perseguir a nadie”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha hecho este martes dos advertencias, tanto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que aprobó una resolución para informar sobre supuestas consecuencias negativas del aborto a las mujeres (englobadas en el inexistente síndrome postaborto), como a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Al señor Almeida y a todos los negacionistas expendedores de bulos y fanáticos profesionales: no vamos a permitir coacciones ni desinformación a las mujeres. A la señora Ayuso: la ley se cumple, punto, no hay más. Ayer decía que no sabía que iba a responder y nosotros le damos la respuesta. En nuestro país, la ley se cumple, y vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas, normativas y administrativas para que la ley se cumpla. La última persona que se atrevió a echar pulso a mujeres fue el señor Alberto Ruiz Gallardón, y tuvo que hacer las maletas. Así que se atengan [a las consecuencias] quienes quieren jugar con los derechos conquistados de las mujeres”.

Los registros de objetores no son públicos y, según su protocolo, aprobado en diciembre de 2024 por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el voto favorable de la Comunidad de Madrid, solo se utilizarán para la gestión de recursos humanos y para garantizar la prestación del aborto, “sin discriminación para ningún profesional”.

Abortos en la pública y la privada

Según el informe de Sanidad, que recopila los datos publicados en los últimos años, existe una gran variedad en la prestación de las interrupciones voluntarias de embarazo en función de las autonomías. Las clasifica en tres grupos, en función del porcentaje de prestaciones realizados en centros públicos en 2024:

• Por encima del 60% en centros públicos: Cantabria (88,5%), Galicia (77%), La Rioja (76,1%) y Navarra (74,8%).
• Entre el 20% y el 60%: Cataluña (55,1%), Islas Baleares (45,4%) y Canarias (28,6%).
• Menos del 20%: El resto de las comunidades y ciudades autónomas. Destacan cifras particularmente bajas en Andalucía (0,2%), Comunidad de Madrid (0,47%), y ausencia total de interrupciones voluntarias de embarazos en centros públicos en Extremadura, Ceuta y Melilla (estas dos últimas gestionadas por INGESA, dependiente del Ministerio de Sanidad).

García ha hecho hincapié en Madrid y Andalucía, donde se practican casi la mitad de las interrupciones voluntarias del embarazo de toda España. “Si alcanzasen los niveles de otras comunidades en la pública, el país daría un salto cualitativo”, ha afirmado, ya que más de la mitad de los abortos se realizarían en la red pública.

La mayoría del peso de los abortos en la pública son farmacológicos, menos complejos que los quirúrgicos, ya que los servicios hospitalarios en general no están organizados para hacer esta prestación, a no ser que sean urgencias para la salud de la madre o el feto.

El método farmacológico fue predominante, por ejemplo, en Cantabria (86,4%), Navarra (76,5%), La Rioja (68,2%) y Galicia (68,1%), lo que, según Sanidad, ha favorecido su implementación en el sistema público.

En las autonomías donde la prestación recae mayoritariamente en centros privados, como Andalucía y Madrid, predomina el método quirúrgico, utilizado en el 86% y el 94% de los casos respectivamente. “Esta divergencia evidencia cómo el modelo de atención condiciona no solo el acceso a la prestación, sino también el tipo de procedimiento disponible para las mujeres, influyendo directamente en su experiencia asistencial y autonomía en la toma de decisiones”, argumenta Sanidad en su informe.

En el informe se registran una serie de buenas prácticas, como la preferencia por uso del método farmacológico, sobre todo en las primeras semanas; la creación del registro de objetores o el tratamiento de los casos más avanzados en la red pública.

García ha recomendado, especialmente a las comunidades de Madrid y Andalucía, que “copien” las buenas prácticas de otras autonomías del PP que ya las aplican, y que están entre las que mayor porcentaje de interrupciones realizan en centros públicos.

La ley permite centros públicos o privados

La ley del aborto, aprobada en 2023, no establece una preferencia necesariamente por centros públicos. “La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma”, reza el texto. Se refiere a clínicas concertadas, siempre que el servicio sea gratuito para las usuarias, que son las que mayoritariamente han practicado los abortos desde que se aprobó la primera ley, en 1985.

El documento que ha presentado hoy Sanidad advierte que mantener la interrupción voluntaria del embarazo fuera de la sanidad pública supone lo que denomina una doble privatización: “Por un lado, relega el aborto al ámbito de lo íntimo e individual, y por otro, lo desvincula del Sistema Nacional de Salud al depender de proveedores privados”.

Esta situación, defiende el ministerio, “refuerza el estigma, invisibiliza la prestación y debilita el principio de universalidad que caracteriza al sistema público”.

“La falta de circuitos hacia centros públicos limita la libertad de elección de las mujeres, al condicionar el acceso al tipo de oferta disponible más que a sus derechos. La ruptura de la continuidad asistencial es otro efecto relevante: muchas mujeres deben abandonar su entorno sanitario habitual cuando requieren una interrupción voluntaria del embarazo, lo que fragmenta su atención y afecta especialmente a los casos clínicos más sensibles”, añade el informe.