Un cura acusa de acoso laboral al obispo de Córdoba y destapa un caso de pederastia oculto tres décadas en un seminario de León

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, en el cargo desde marzo, ha sido acusado de acoso laboral y trato degradante por un sacerdote durante su anterior etapa al frente de la diócesis leonesa de Astorga, donde permaneció desde 2020 hasta este año. Así consta en la denuncia que el cura presentó en el juzgado de esa localidad el año pasado, aún bajo investigación, y que en realidad es la punta del iceberg de un largo conflicto que ahora sale a la luz, también denunciado canónicamente en el Vaticano: este cura relata que fue víctima de abusos sexuales cuando era menor en el seminario de Astorga, pero el caso fue desoído y encubierto por la diócesis en 1993.

Romper “la ley del silencio” que imperaba sobre los abusos, según el denunciante, le ha acarreado represalias durante tres décadas, siendo ya sacerdote, con tres obispos de Astorga ―Camilo Lorenzo, Juan Antonio Menéndez, ambos fallecidos, y luego con Fernández―, hasta el extremo de llevarle a presentar una denuncia.

Lo más grave es que la pasividad con aquel caso de la diócesis de Astorga, que ya ha registrado otros episodios de encubrimiento de abusos sexuales, tuvo consecuencias: no se permitió al acusado, A. O., que se ordenara sacerdote, pero en 1999 fue enviado de profesor de religión a Barco de Valdeorras, Ourense, una zona adscrita a la diócesis leonesa, y allí acabó siendo condenado en 2014 por agredir sexualmente a ocho menores. La Fiscalía pidió 19 años de cárcel, pero el acusado pactó admitir los hechos con una sentencia de dos años, con lo que evitó la prisión, y aceptó quedar inhabilitado para la docencia de por vida.

El cura relata que, pese a que el obispo conocía los abusos que sufrió y que estaba en tratamiento, le obligó a convivir durante dos años en un piso de la diócesis con un cliente asiduo de prostitutas y consumidor de pornografía que agravó sus secuelas de estrés postraumático. Al final, el sacerdote envió a Fernández un burofax en el que le avisaba de que, debido a “su inacción a la hora de no denunciar ni sacar de la casa a este señor, que extorsionaba sexualmente y maltrataba a mujeres inmigrantes, de lo cual le presenté pruebas elocuentes”, no le quedaba más remedio que denunciar: “No me sentí defendido ni cuidado, y mi confianza y afecto hacia usted se quebró totalmente”.

Más de un año después de su denuncia canónica a través de la nunciatura en España, este sacerdote aún no ha tenido respuesta del Vaticano. El obispo de Córdoba, también responsable de Cáritas en España, no ha querido hablar con EL PAÍS para dar su versión de los hechos y no ha contestado a ninguna de las 15 preguntas enviadas por este periódico, entre ellas quién fue responsable del silenciamiento del caso del seminario de Astorga. La diócesis solo ha enviado esta declaración: “La denuncia a la que se refiere en sus preguntas es canónica. Esta denuncia fue tramitada en octubre de 2024 en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. La denuncia fue archivada en diciembre de 2024 en Roma tras ser investigada. No consta ninguna otra denuncia en relación a este asunto. El propósito de la Iglesia es acoger, escuchar y acompañar a cualquier persona en cualquier circunstancia de su vida”.

Es decir, Fernández asegura no conocer la denuncia presentada por el cura y que instruye el juzgado número 1 de Astorga. Lo cierto es que si no ha sido llamado a declarar por el momento, no tiene por qué haber recibido una notificación. El abogado del cura lo ha solicitado, y también que declare el ecónomo de la diócesis leonesa, y el juez decidirá en las próximas semanas si lo hace o no.

El obispo también afirma que la denuncia canónica está archivada hace nueve meses, algo que el sacerdote aún no sabía, nadie se lo ha dicho. Además cuando él la entregó al nuncio, entonces Bernardito Auza, la dirigió al Dicasterio de los Obispos, no al de Doctrina de la Fe, una tramitación anómala. Entretanto, Fernández fue promocionado. Una de las últimas cosas que hizo antes de irse de obispo a Córdoba, en marzo de 2025, fue echar al cura de la diócesis.

Totalmente frustrado, Juan Bautista, nombre ficticio del sacerdote, que no desea revelar su identidad, ha querido contar a EL PAÍS el “infierno” que ha vivido. Es el segundo caso reciente en España de un cura que denuncia en los medios su caso de abusos ante la inacción de la Iglesia. El anterior fue el sacerdote salmantino Policarpo Díaz, en 2023.

Un seminario de “pornografía y porros”

En su denuncia, este sacerdote relata que tras acusar en 1993 a su agresor en el seminario, con escritos al rector y al entonces obispo, Antonio Briva Mirabent, ambos fallecidos, ha sufrido represalias durante años “por parte del omnipotente círculo de los denunciados, que continúa copando la curia episcopal hasta hoy”. Es más, asegura incluso que el caso de su agresor ha sido ocultado “al informe de la comisión episcopal y a la auditoría Cremades” en la investigación interna sobre abusos de la Iglesia.

El nuevo obispo que llegó después a Astorga en 1995 y estuvo hasta 2015, Camilo Lorenzo, también ya fallecido, decidió no ordenar al seminarista acusado de agresión. Sin embargo, pudo terminar sus estudios teológicos y obtuvo la titulación para dar clases. Luego le dieron “la missio necesaria para promocionarlo como profesor de religión de primaria, catequista y tutor de un niño en régimen de acogida" en Barco de Valdeorras, se lee en la denuncia del cura al Vaticano.

Juan Bautista llegó al seminario de Astorga en 1990, con 15 años. “Había degenerado en una especie de reformatorio. Brutales novatadas, blasfemias, sexo, pornografía, porros. Demasiado para un niño religioso y tímido”, relata. Allí fue víctima de acoso y denunció a sus superiores que su compañero A. O., mayor de edad, había abusado sexualmente de él de los 15 a los 16 años, y que se metía en las camas de niños del internado. “Ahí empezó mi calvario, mi estigma y mi cruz que duran hasta el presente”, lamenta.

Como represalia, este cura afirma que ha recibido un “trato denigrante y vejatorio, destinos de castigo durante más de 13 años, destituciones de todo ministerio sacerdotal, remuneraciones indignas y alojamientos sucesivos en viviendas insalubres, vandalizadas o en situación ilegal”. Antes de la llegada de Fernández, fue enviado de párroco a una zona montañosa remota donde le dieron una casa abandonada, usada como cuadra, con las ventanas rotas y sin calefacción. Vivió como una revictimización el ser apartado por su diócesis.

Además, afirma Juan Bautista, la diócesis nunca le ha costeado las terapias psicológicas, que aún sigue hasta el día de hoy, por las secuelas que sufre. Todo ello, sostiene en su denuncia, es constitutivo de acoso laboral para forzarle a que se fuera de la diócesis o dejara el sacerdocio. Acusa a sus “hermanos y superiores” de causarle una revictimización de su trama, de “total denegación de auxilio, si no colaboración necesaria” en los presuntos delitos que denuncia. Cree que nunca le perdonaron por haber denunciado a su agresor, amigo de algunos de ellos, en el seminario.

En septiembre de 2022 Jesús Fernández, obispo desde hacía dos años, decidió alojarlo en un piso de la diócesis en Astorga. Sin embargo, le impuso convivir con un hombre que consumía “pornografía a todo volumen” y “contrataba servicios de prostitutas, las vejaba y las acosaba sexualmente”, afirma el sacerdote. Y pese a que lo comunicó al obispo, porque necesitaba vivir en un espacio seguro e íntimo ante las secuelas que padecía, afirma que este no hizo nada.

El cura asegura que ha soportado esta situación durante dos años, hasta que se fue de la vivienda. Al margen de que afectó a su salud, Juan Bautista subraya que Fernández faltó a su deber permitiendo las actividades de explotación sexual de alguien que vivía en un piso del obispado.

Ante la pasividad de sus superiores (le ofrecieron incluso que fuera él quien se marchara), el sacerdote grabó con su móvil audios y vídeos del compañero de piso que remitió al obispo y a los que ha tenido acceso EL PAÍS. En esas grabaciones, este inquilino reconoce por teléfono a un bufete de abogados que una mujer le ha denunciado por violencia machista. También hay varias llamadas telefónicas con prostitutas, donde pregunta por sus servicios, y conversaciones agresivas: “No tienes más para vender que tu cuerpo porque no sirves para trabajar. No sirves para nada, eres una hija de puta”.

El cura también acusa a este hombre de llamar a otras provincias, “incluso a Iglesias ortodoxas preguntando por inmigrantes ilegales o refugiadas del este de Europa en situación de exclusión social” con el fin “de obtener favores sexuales, presuntamente mediante coacción o presiones”. Así es una de las conversaciones grabadas: “¿Eres ucraniana? Buscas trabajo y tienes papeles también... ¿no? ¿A ti te importaría venir a trabajar a León?“.

El obispo le contestó por correo electrónico en julio de 2023, pero le dijo que debía tener en cuenta que “la legislación presente es muy permisiva en estos casos y difícilmente nos permitirá sacarle si paga puntualmente el alquiler; ya ves que es muy difícil expulsar, incluido a los ocupas”. A los pocos días, el inquilino se fue, pero a la vuelta de verano el obispado le renovó el contrato con más privilegios: en lugar de una habitación, ocupó dos.

Juan Bautista relata que su salud mental llegó al límite y por eso decidió denunciarlo. Lo hizo en los juzgados de primera instancia de Astorga en junio de 2024: “Ser de nuevo testigo impotente de tentativas o consumaciones de abusos o acosos sexuales, durante más de 21 meses en el ámbito más íntimo de mi privacidad, a causa del desprecio o la indiferencia por parte de mis superiores, han desencadenado en mí viejos fantasmas con resultado de un agravamiento progresivo del trauma psicológico”. En ello, sostiene en la denuncia, ve “un delito continuado de perturbación de vivienda con resultado de lesiones y daños psíquicos y morales”.

La jueza sustituta archivó provisionalmente la causa sin investigar los hechos. El cura interpuso un recurso y la Audiencia de León ordenó el pasado mes de marzo reabrir las diligencias, al considerar que “la finalización de la instrucción de la causa, sin efectuar ninguna diligencia de investigación, resulta precipitada”. Actualmente, sigue bajo investigación. El sacerdote ya ha prestado declaración, al igual que su compañero de piso.