El Gobierno prohibirá por ley el consumo de alcohol en menores en todas las comunidades, su promoción cerca de colegios y la publicidad de destilados 0,0

Después de tres intentos fallidos para aprobar una ley de restricción del alcohol en menores ―el primero de los cuales data del siglo pasado, cuando Rajoy era ministro del Interior y proliferaba el botellón―, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la primera norma para regular y tratar de rebajar su consumo entre niños y adolescentes.

El proyecto de ley, que tiene que pasar ahora por el Congreso para su ratificación por parte de los grupos parlamentarios, prohíbe el consumo de alcohol en menores de 18 años, algo que hasta ahora solo estaba explícitamente regulado en alrededor de la mitad de las comunidades autónomas ―sí es ilegal su venta a este público, aunque no lo era la ingesta en sí misma―. Las multas por la infracción serán similares a las del consumo de drogas en la vía pública y se podrán intercambiar por programas de rehabilitación.

Tampoco se podrá beber ni vender alcohol (tampoco a adultos) en centros educativos o de ocio que tengan como público mayoritario los menores de edad, así como tampoco se permitirá el patrocinio de actividades que tengan como objetivo principal este público.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado tras el Consejo de Ministros que se trata de un proyecto “tan urgente como necesario”, que será “una legislación pionera”, puesto que es la primera de ámbito nacional. “La evidencia dice que el consumo afecta al desarrollo cerebral de los jóvenes, a su desempeño educativo y al riesgo de adicciones en la vida adulta. Es un compromiso con las familias, los docentes, los profesionales sanitarios que atienden consecuencias y reclaman herramientas y respaldo”, ha afirmado.

Uno de los principales focos de acción de la ley es la restricción de la publicidad, para evitar su impacto en los menores de edad. Prohíbe la incitación explícita al consumo en la vía pública y también la exhibición de cualquier logotipo o marca a menos de 150 metros de colegios, centros sanitarios o en los que realicen actividades los menores de edad. Esto incluye vetar las sillas, mesas y mobiliario de bares o restaurantes en los que aparezcan bebidas alcohólicas en las áreas descritas, que en algunas ciudades supondrá buena parte del entorno urbano.

También prohibirá la publicidad de bebidas destiladas 0,0. La idea inicial, plasmada en el borrador de la norma, era vetar la promoción de cualquier tipo de producto de estas características, pero finalmente, atendiendo a las enmiendas, se ha hecho una excepción con la cerveza y el vino sin. Pero no se podrá publicitar, por ejemplo, una ginebra 0,0.

El motivo lo explicaba el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en la presentación del borrador, el pasado verano, refiriéndose a estos productos como “0,0 washing”, lo que consiste hacer grandes campañas de los productos sin esquivando las restricciones a la publicidad del alcohol y que luego estas bebidas sean muy difíciles de encontrar. Según Padilla, lo que realmente buscan es vender la marca, no ese producto en concreto. El negocio está en el alcohol. Esto es algo que no aplica, por ejemplo, a la cerveza, que sí tiene un nicho de mercado considerable (en torno al 15% en España).

Lo que no prohíbe la norma, tal y como era la intención del Ministerio de Sanidad, es eliminar el reclamo del “consumo responsable de alcohol”, uno de los ejes de la política de comunicación de la industria. Se basa en normativas europeas que, según fuentes del departamento, impiden vetar este tipo de afirmaciones. La postura de Sanidad es que no existe ningún consumo seguro, por lo tanto, ninguno es “responsable”. Sin embargo, el texto se limita a hacer una apelación a que las campañas no intenten vender beneficios de la ingesta de bebidas alcohólicas.

En el ministerio asumen que la norma no es perfecta, pero sí un buen primer paso que puede poner de acuerdo a todos los grupos políticos, después de que otras tres iniciativas a lo largo del último cuarto de siglo ―en los Gobiernos de Aznar, Zapatero y Rajoy― se quedasen en meros borradores.

‘Desnormalizar’ el consumo

La idea que permea toda la norma es desnormalizar el consumo de alcohol para los menores, que no lo vean por todos lados como algo casi natural. Las tasas de ingesta entre adolescentes llevaban a la baja una década, pero sufrió un pequeño repunte tras la pandemia: tres de cada cuatro estudiantes de 14 a 18 años ha probado el alcohol, y uno de cada tres niños de 12 y 13 años también lo ha hecho, según la encuesta ESTUDES de 2023. Las cifras siguen siendo muy inferiores a las de años atrás, pero continúan por encima de lo que el Ministerio de Sanidad considera razonable.

Con este objetivo, además de las medidas citadas, la ley propone una serie de programas que implican de las administraciones públicas hasta a las familias. Incluyen un protocolo de acción cuando se detecta en el ámbito sanitario a un menor con intoxicación etílica, que vaya más allá de la mera atención en el momento, lo que puede incluir medidas psicosociales que estarán, en cualquier caso, en el ámbito de las comunidades autónomas. El texto prevé el desarrollo de protocolos para detectar el consumo de alcohol en menores, incluyendo el registro en la historia clínica.

La ley recomienda programas de concienciación dirigidos a dotar a las familias, especialmente aquellas en riesgo de exclusión social o con menores afectados, de herramientas que faciliten la prevención. El sistema educativo incorporará nuevos contenidos de prevención en la enseñanza primaria, secundaria, formación profesional, bachillerato, estudios universitarios y formación del profesorado.

Además, en el ámbito urbanístico, se permitirá a las administraciones valorar restricciones a la apertura o instalación de establecimientos en función de la densidad de puntos de venta y su proximidad a centros educativos y de protección.

Asensio López, coordinador del Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, que ha participado en la elaboración de la norma, considera que la sociedad española es muy permisiva con el consumo de alcohol y que hay muchos intereses económicos en su entorno. “Estamos dejando de lado los riesgos sobre la salud, especialmente de los jóvenes: aspectos que tienen que ver con la publicidad, con la venta a los menores, con la distribución en sitios no bien controlados, están generando mucho daño. Esperamos que en el trámite parlamentario todos los grupos políticos tengan claro que la salud de nuestros jóvenes pasa por una muy buena regulación y muy buen control de la distribución y la venta de las bebidas alcohólicas, y que junto a programas de prevención puedan permitirnos mejorar la salud de todos los españoles”.

El texto se basa en las conclusiones de una comisión del Congreso de los Diputados del año 2018, por lo que la ministra se ha mostrado confiada en que los grupos parlamentarios lo refrenden.