Italia castiga con penas de cárcel a quienes recurran a vientres de alquiler en el extranjero

El Parlamento italiano ha dado luz verde definitiva al proyecto de ley presentado por el partido ultraderechista de la primera ministra, Giorgia Meloni, que permite castigar con multas y penas de prisión a quienes recurran a los vientres de alquiler en el extranjero. Esta práctica ya está castigada en Italia desde hace dos décadas, pero lo que ha hecho la formación ultraconservadora es convertirla en “delito universal”, para poder sancionar también a quienes la utilicen fuera del país transalpino, en cualquier parte del mundo en la que esté permitida, como Estados Unidos.

Esta ley es uno de los grandes caballos de batalla, junto con la migración, de Giorgia Meloni, que consiguió el beneplácito de la Cámara de los diputados el año pasado y ahora ha logrado el visto bueno del Senado, donde también tiene mayoría, con 84 votos a favor y 58 en contra.

La ley actual, que se aprobó en 2004, castigaba el recurso a los vientres de alquiler con multas de entre 600.000 y un millón de euros y hasta dos años de cárcel a quien “en cualquier modo, realice, organice o publicite el comercio de gametos o de embriones o la subrogación de la maternidad”. A partir de ahora, en ese mismo apartado se añadirá un apéndice que dispondrá que las mismas penas se aplicarán también a los italianos que recurran fuera del país a esta forma de gestación, que suscita un fuerte debate ético y político en numerosas zonas del mundo.

Meloni ha calificado en varias ocasiones los vientres de alquiler como “una práctica inhumana”. La ministra de Familia, Natalidad e Igualdad, Eugenia Roccella, incluso ha ironizado con los hijos nacidos de vientres de alquiler, alegando que los gestados por “madres del tercer mundo cuestan menos”. El diputado de Hermanos de Italia Federico Mollicone aseguró que esa práctica era “más grave que la pederastia”. La senadora de la misma formación, Domenica Spinelli justificó la medida para “desincentivar” esa práctica pero sostuvo que su objetivo final es decir “no a la violencia contra las mujeres”.

La primera ministra ha defendido en múltiples ocasiones su voluntad de prohibir esta práctica a toda costa en teoría para “defender la dignidad de las mujeres”.

Oposición

El argumento es complejo y aúna a una parte del feminismo, con el sector ultraderechista y los conservadores cristianos. En la oposición y en algunas asociaciones ven en esta legislación el enésimo intento de represión del Gobierno contra las familias LGTBI, ya que en la práctica, para los padres homosexuales será prácticamente imposible tener hijos. Varias personas se manifestaron el miércoles frente al Senado contra la aprobación de la ley y criticaron que es un castigo para las familias LGTBI en un momento en el que las tasas de natalidad se encuentran en mínimos históricos en el país transalpino. “Si alguien tiene un hijo se le debería de dar una medalla, aquí, en cambio, te meten en la cárcel si no lo tienes de la manera tradicional”, protestó Franco Grillini, de Arci gay, un conocido activista, en declaraciones a la agencia Reuters.

El Partido de Giorgia Meloni ha rechazado que la ley sea homófoba o pretenda castigar de forma particular a las familias LGTBI. Sin embargo, la diputada Carolina Varchi, que fue quien presentó el proyecto de ley en el Parlamento, ha afirmado en sus redes sociales que su partido estaba trabajando para acabar con la “ideología LGTBI”. Domenica Spinelli ha defendido también “el derecho de los niños de tener un padre y una madre”.

La situación preocupa a los expertos, ya que Italia ya se había quedado atrás en materia de derechos civiles antes de que la ultraderecha llegara al gobierno. Por ejemplo, es uno de los pocos países de la Unión Europea, junto con Hungría y la República Checa que no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. La deriva que ha tomado la cuestión con los ultraconservadores en el poder es alarmante para las asociaciones.

El Gobierno de Meloni se ha enfrentado por esta cuestión con ayuntamientos progresistas, como el de Milán, guiado por Beppe Sala, que ha inscrito en el registro civil a hijos de parejas homosexuales alegando la existencia de un “vacío legislativo”. El Tribunal Supremo italiano sentenció en 2022 que los hijos nacidos por gestación subrogada deben ser reconocidos mediante el proceso de adopción de los hijos de uno de los miembros de la pareja y con la aprobación de un juez.

Con este movimiento, Hermanos de Italia, un partido muy conservador, defensor de los valores tradicionales de la familia, ha tratado de colmar esa laguna y no solo impedir las inscripciones en los registros, sino castigar penalmente a quienes recurran a los vientres de alquiler.

La oposición ha criticado severamente esta ley. El portavoz del Partido Demócrata, Alfredo Bazoli, ha denunciado “un paternalismo estatal que transforma Italia en un juez ético de la moral de sus propios ciudadanos contra los principios del liberalismo político”. Y ha preguntado cómo se castigará a una persona que, por ejemplo, tenga una doble nacionalidad.

La senadora del Movimiento 5 Estrellas (M5S) Maria Domenica Castellone ha alertado de que el Gobierno de Meloni “se está acostumbrando a prohibir” y ha calificado la medida como “propaganda a costa de personas y niños nacidos de un acto de amor”.