La Fiscalía pide que las proxenetas de la trama de prostitución de menores de Murcia entren en prisión

La Fiscalía de la Región de Murcia ha pedido que no se suspendan las penas de cárcel impuestas a las tres proxenetas que captaron a menores de edad para prostituirlas en 2014, a diferencia de lo que ha hecho con los hombres que pagaron por tener sexo con las adolescentes, que no pisarán la cárcel. Sólo hay una excepción: el Ministerio público se opuso, en una vista anterior este lunes, a la suspensión de pena de cárcel a Juan Castejón, el empresario que acumula mayor número de delitos en esta causa, cinco en total.

La Audiencia Provincial de Murcia ha escuchado este martes a dos de las captadoras, Yesenia Mercedes Balladares Cusme, condenada por tres delitos de prostitución de menores con pertenencia a organización a dos años de prisión por cada uno de ellos (6 años en total), multa de 1.600 euros y el pago de una indemnización de 3.000 euros como daño moral además de cinco años de libertad vigilada, y a Nelly Paola Céspedes Pedriel, condenada por seis delitos de prostitución de menores con pertenencia a organización a dos años de prisión por cada uno de ellos (12 años en total), multa de 3.240 euros y el pago de una indemnización de 6.000 euros como daño moral además de cinco años de libertad vigilada.

El teniente fiscal Francisco Sánchez Lucerga, número dos de la Fiscalía de Murcia, ha defendido durante las vistas convocadas para decidir sobre la posible suspensión de sus penas que las condenadas sí deben entrar en prisión, dada la gravedad de los hechos por los que se las condena y la reiteración de los mismos. Ha reconocido el perjuicio provocado por los 10 años de retraso con que se ha llevado a cabo el procedimiento judicial contra ellas, pero ha recordado que ese retraso ya les ha supuesto la aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, por la que sus condenas se han visto reducidas de un modo sustancial.

Los abogados de las dos mujeres, en cambio, han insistido en la posibilidad de aplicar a estos casos la excepcionalidad que prevé el código penal para la suspensión de condenas de más de dos años. Así, Balladares Cosme ha dicho que está “arrepentida de lo que pasó” y ha asegurado que no repetiría esa “mala experiencia” de su vida, en la que nunca antes ni después ha cometido otros delitos, sino que ha llevado una vida “normal”, trabajando en almacenes de fruta, criando a su hijo menor de edad y ayudando a su familia en su país de origen. Por su parte, Céspedes Pedriel ha alegado que ha regularizado su situación en España y trabaja como ayudante de cocina, al tiempo que se está formando con cursos de cocina, tiene a toda su familia en España, e incluso se ha considerado a sí misma una víctima de esta trama: “Esas muchachas ya trabajaban antes de que yo las conociera. Así como yo me dedicaba a la prostitución, ellas también, y yo las llevaba a ellas [con clientes], y ellas me llevaban a mí. Hacíamos lo mismo entre todas”, ha apuntado.

La magistrada ponente de la sala, Concepción Roig, le ha recordado que el código penal castiga como delito inducir a menores a la prostitución, motivo por el cual ha sido juzgada. “Siento que se haya dedicado a la prostitución, porque es la forma más grave de violencia contra la mujer”, le ha dicho también. El tribunal ha optado por no decidir in situ sobre la suspensión o no de las penas de estas mujeres, como ya hizo también en la sesión de este lunes con la otra proxeneta condenada en el caso, Ruth Karina Dorado Toledo, contra la que pesan un total de ocho delitos ocho con condenas de dos años por cada uno de ellos, además de una multa de 4.320 euros y el pago de una indemnización de 8.000 euros como daño moral, además de cinco años de libertad vigilada.

Según ha indicado el presidente del tribunal, Álvaro Castaño, la decisión se tomará previsiblemente el lunes, cuando se escuchará al último de los condenados, Walter Jhovany Domínguez Melglar, que ejercía de transportista de las adolescentes y está condenado a seis delitos de prostitución de menores con pertenencia a organización, a dos años de prisión por cada uno de ellos, multa de 540 euros y el pago de una indemnización de 1.000 euros como daño moral, además de cinco años de libertad vigilada.

En cuanto a los empresarios que pagaron por tener sexo con las menores, el tribunal, en línea con lo decidido este lunes, ha suspendido la condena de Juan Peque Álvarez, que cometió dos delitos de prostitución de menores a un total de 10 meses de prisión, multa de 1.080 euros y el pago de una indemnización de 1.000 euros, además de un año de libertad vigilada, y previsiblemente hará lo propio con la de Juan Martínez Fernández, condenado por un delito de prostitución de menores a un total de 5 meses de prisión, multa de 600 euros y el pago de una indemnización de 1.000 euros, y que no ha participado en la vista, según su abogado, debido a la presión mediática a la que se ha sometido el procedimiento. Por el mismo motivo no ha comparecido tampoco Manuela Pérez Poveda, condenada por un delito de prostitución de menores a un total de 5 meses de prisión, multa de 540 euros y el pago de una indemnización de 1.000 euros por ejercer como intermediaria de la trama, y a la que también previsiblemente se suspenderá la condena, ya que el fiscal no se ha opuesto a ello.