La Fiscalía de Murcia debatirá si pide prisión para las proxenetas de menores a las que rebajó la pena

El acuerdo entre la Fiscalía y los acusados de una red de prostitución de menores en Murcia que rebaja las penas a los encausados hasta permitirles eludir la cárcel ha abierto un debate en el seno del propio ministerio público. Fuentes fiscales señalan que el fiscal superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, prevé convocar una junta de fiscales para debatir si se pide el ingreso en prisión de las cabecillas de la trama, las mujeres que captaban a las víctimas, cuyos abogados pactaron con la fiscal del caso una pena de dos años por cada uno de los delitos que se les atribuyen, en lugar de los siete años que pedía de inicio el ministerio público. Aunque el total de penas impuestas a las mujeres suman 16, 12 y 6 años de cárcel, los abogados aseguraron tras el acuerdo que la previsión era que evitaran ir a prisión porque ninguna de las penas superaba los dos años, lo cual abre la posibilidad a que no se ejecute el ingreso. La Fiscalía, sin embargo, se plantea pedir que las mujeres sí cumplan la pena de cárcel.

Los acuerdos de conformidad entre las acusaciones y los acusados para evitar el juicio son una posibilidad recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y en los delitos contra la libertad sexual hay estudios que estiman que se dan hasta en el 15% de los casos. No obstante, después de que diversos colectivos alzaran la voz en los últimos años contra acuerdos que libraron de la cárcel a violadores para los que se pedían penas elevadas por la gravedad de sus delitos, la Fiscalía anunció en septiembre de 2022 la elaboración de una circular para poner coto a estos pactos. Dos años después, ese documento sigue sin publicarse. Fuentes de la Fiscalía General del Estado admiten el retraso, pero aseguran que el jefe del ministerio público, Álvaro García Ortiz, dio orden antes del verano de que se aceleraran los trabajos y que la previsión es que esté publicada antes de que acabe el año.

La encargada de elaborar la circular es la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, bajo la supervisión de García Ortiz. Fuentes de este departamento alegan para explicar el retraso que se trata de un documento complejo y que ha habido circunstancias políticas y jurídicas que han obligado a posponerlo, como las sucesivas reformas penales (sobre todo la ley del solo sí es sí y la eliminación de la sedición y la reforma de la malversación) o la ley de amnistía, que han obligado a intervenir al ministerio público para fijar posición, restando atención y medios a otros asuntos. Además, el fiscal general estuvo en funciones durante varios meses tras las elecciones generales de julio de 2023 y durante ese tiempo tampoco se podían dictar circulares.

El texto en el que se está trabajando aborda los derechos de todas las víctimas en el marco del proceso penal, incidiendo en la labor de protección que incumbe a la Fiscalía. Se trata, señalan las fuentes, de dar pautas de actuación a todos los fiscales para cada fase del procedimiento respecto de todas víctimas, independientemente del delito, aunque se abordará de forma especial la protección de víctimas especialmente vulnerables como menores, personas con discapacidad y víctimas de delitos contra la libertad sexual. Los acuerdos de conformidad tendrán un apartado específico en el que se darán directrices a los fiscales para garantizar que las víctimas sean siempre informadas del acuerdo con carácter previo aunque no estén personadas, como ocurría en el caso de Murcia. Aunque en esos casos la opinión de la víctima no es vinculante, la Fiscalía considera que es importante explicarle los motivos del acuerdo y las opciones legales para evitar que la conformidad pueda implicar una revictimización.

Las fuentes fiscales consultadas no precisan si los términos del texto en el que se está trabajando habrían evitado un acuerdo como el alcanzado esta semana en Murcia, donde las víctimas no formaban parte de la acusación y en el que el juicio se ha retrasado 10 años, una demora que ha sido determinante: las defensas pedían la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas en su modalidad más grave (”muy cualificadas”), lo que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, iba a llevar a rebajar la pena en uno o dos grados. La conformidad pactada entre el ministerio público y las defensas ha acabado reduciendo la pena de prisión a los 13 procesados, a cambio de que reconozcan los hechos y abonen una indemnización a las víctimas de entre 500 y los 2.000 euros (la petición inicial, que se ha rebajado era de 6.000). También deberán pagar multas que van desde los 540 hasta los 4.320 euros.

Además de las tres mujeres que captaban a las menores para prostituirlas, en el banquillo iban a sentarse siete conocidos empresarios y promotores de Murcia que pagaron por tener sexo con las adolescentes, de entre 15 y 17 años. Estos acusados asumieron ante el tribunal que contactaron con una red de prostitución para que les consiguiera chicas jóvenes y “nuevas” con las que tener contactos sexuales. Afrontaban inicialmente penas que sumaban en conjunto hasta 25 años de prisión para cada uno (cuatro años por cada contacto con una menor) pero el acuerdo firmado entre sus defensas y la Fiscalía reduce sus penas a cinco meses de cárcel por cada uno de esos delitos. Aunque en conjunto la suma total de las penas puede superar por poco los dos años, el acuerdo contempla que no entren en la cárcel, una posibilidad que recoge el Código Penal (artículo 80.2).

La Audiencia Provincial de Murcia ha fijado para el próximo 7 de octubre una vista para decidir cómo se cumplen las penas impuestas. La Fiscalía, según las fuentes consultadas, no se plantea pedir que vayan a prisión los empresarios, ni tampoco otros acusados que ejercían como taxistas clandestinos y que han sido condenados como cooperadores necesarios a penas de entre dos años y un año y tres meses (el ministerio público pedía inicialmente seis años). Pero el ministerio público sí va a estudiar en una junta de fiscales de Murcia si solicita el ingreso en prisión de las cuatro cabecillas de la red, sobre las que han recaído penas que, sumadas, llegan a los 16 años.