La batalla por la cirugía estética: ¿qué médicos pueden operar?

La cirugía estética tiene muchas peculiaridades que la diferencian de prácticamente cualquier otra rama de la medicina: salvo las reconstrucciones por lesiones, quemaduras y cánceres, es un sector puramente privado, muy lucrativo, que se enfoca a personas completamente sanas. Los médicos con la especialidad de cirugía plástica llevan años reclamando las competencias en exclusiva, y celebraron una orden publicada por el Ministerio de Sanidad la semana pasada como un triunfo en sus aspiraciones. Esto, sin embargo, está sujeto a muchos matices. Las asociaciones que representan a los demás profesionales de este sector ―médicos de otras especialidades, o sin ninguna― han anunciado que recurrirán la norma y aseguran que no afecta a los que están en ejercicio, por lo que continuarán realizando intervenciones quirúrgicas.

La medida es una respuesta a la alarma social que se produjo tras la muerte de Sara Gómez, una murciana de 39 años que falleció en 2022 tras una liposucción realizada por un cirujano cardiovascular. El activismo de su familia para endurecer las reglas que permiten realizar este tipo de cirugías ha tenido mucho peso, y la norma aprobada por el ministerio ha sido bautizada por algunos medios y profesionales como “ley Sara”. Pero no se trata de una ley. Lo publicado el BOE el 21 de septiembre es una mera orden ministerial, que modifica un párrafo de un real decreto sobre las condiciones para otorgar licencias a clínicas de estética.

El texto regula las bases generales sobre autorización de establecimientos sanitarios y proclama que para otorgar los permisos a las clínicas de estética, el responsable de las cirugías debe ser un especialista en Cirugía plástica, estética y reparadora ―una titulación que solo pueden obtener los graduados en Medicina tras una residencia de MIR de cinco años― o de otra especialidad que en su programa incluya cirugías relacionadas con las que hace en el ámbito estético. Por ejemplo, un urólogo que realice alargamientos de pene o un maxilofacial que retoque barbillas.

¿Qué cambia entonces esta nueva norma? Depende a quién se pregunte. Es un gran triunfo “contra el intrusismo”, aseguran las sociedades de cirugía plástica y la Organización Médica Colegial (OMC), o una medida “contraria a la legalidad vigente”, según las de los cirujanos estéticos que no tienen esa especialidad. A efectos prácticos, ellos aseguran que seguirán operando tal y como lo vienen haciendo hasta ahora y, salvo que haya una modificación de la ley, la situación variará muy poco. Fuentes de Sanidad aseguran que la idea es esa, que este sea un primer paso para una actualización legislativa de más calado.

Lo cierto es que para cualquier cirujano es legal hacer operaciones estéticas, y esto no lo altera una orden sobre licencias en establecimientos sanitarios. La ley lo permite desde 1956, y ni siquiera es necesario contar con una especialidad, ya que los antiguos licenciados en Medicina y cirugía quedan incluidos. Lo que no está nada claro es cuántas de las cirugías estéticas que se practican en España cada año las hacen cirujanos con o sin especialidad: no existen estadísticas oficiales. Por lo tanto, tampoco de sus resultados o de las negligencias de unos y otros.

En España hay, según el registro general de centros, servicios y establecimientos sanitarios, 1.262 clínicas de cirugía estética. Y, según la OMC, hay al menos 1.638 cirujanos con la especialidad, lo que indica que en estas clínicas operan muchos sin ella, además de un buen número de ellos que trabajan como autónomos. La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) ha llegado a calcular que el 90% de los cirujanos estéticos no son especialistas en plástica, si bien es una aproximación imprecisa y difícil de contrastar.

Lo que sí parece evidente es que si de la noche a la mañana solo los plásticos pudieran hacer operaciones de estética, desencadenaría un terremoto en el sector, habría muchas clínicas que tendrían que cerrar y no se podría atender la creciente demanda de estas intervenciones: según las últimas cifras de SECPRE ―publicadas el año pasado―, en 2021 se realizaron 204.510 cirugías, un incremento del 215% en ocho años respecto a un estudio anterior de la misma organización. Un tremendo negocio en un sector que mueve, según la Sociedad Española de Medicina Estética, 3.500 millones de euros anuales (aunque esto no se limita a las cirugías e incluye otros tratamientos estéticos).

El argumento de los plásticos

Los dos bandos de esta batalla por las competencias tienen discursos radicalmente contrarios. Diego Tomás, un veterano cirujano plástico y estético, recuerda que se trata de una reivindicación desde hace años: “Veníamos advirtiendo de que la gente se tomaba esto a la ligera. Como tiene componente comercial, había un montón de médicos no cualificados que se dirigían a la plástica en su vertiente estética. El intrusismo podía venir incluso de otras especialidades, de médicos sin especialidad, y también de algunos que vienen de fuera y no tienen ningún título homologado con garantías. Esperemos que con esta nueva norma la gente se opere de manera más segura”.

En la misma línea abunda Joan Fontdevilla, vicepresidente de SECPRE, quien asegura que muchos pacientes desconocen “la falta de formación” del profesional que les opera. “El acudir a un especialista en cirugía plástica reparadora y estética les va a asegurar que quien tienen delante ha recibido una sólida base formativa para garantizar el máximo de seguridad en su cirugía. A la vez, esto obliga a los distintos profesionales a revelar su auténtica especialidad, sin subterfugios, evitando confundir a los pacientes con diplomas o títulos que no les legitiman para este tipo de intervenciones”, añade.

Y, en sintonía con las dos opiniones anteriores, va la postura de la OMC. Luis Landín, que además de portavoz de la organización es cirujano plástico y presidente del Consejo Nacional de las Especialidades en Ciencias de la Salud del Ministerio de Sanidad, cree que todo este debate al menos debería servir para “generar una reflexión” en el ámbito sanitario y entre los pacientes. “No se debe banalizar esta cirugía, que no es medicina estética, es cirugía”, recalca.

Las objeciones de los demás cirujanos

En el otro bando, los cirujanos estéticos que no cuentan con la especialidad de plástica están indignados. Tanto la Unión Profesional Médicos y Cirujanos Estéticos de España (UPMCE) como la Sociedad Española de Cirugía Estética (SECE) han anunciado acciones legales contra la orden de Sanidad. Para empezar, esgrimen que hay cirujanos estéticos con décadas de experiencia que son “los verdaderos maestros” de este tipo de operaciones, que incluso son los que han enseñado a los plásticos, ya que esta especialidad, vía MIR, aseguran, se basa sobre todo en reconstrucciones por lesiones y quemaduras, pero no en intervenciones puramente estéticas.

Una de estas cirujanas, que lleva operando desde 1987, es María José Barba. “Yo soy tan vieja que he ido evolucionando con las técnicas, incluso las he creado. Formo a ginecólogos y a plásticos, que tienen que aprender en la privada, porque en la pública no se hacen este tipo de intervenciones. Si hacen una legislación diferente, no podrá tener efectos retroactivos y a los cirujanos que llevamos años de especialidad se nos habilitará”, explica confiada en que la nueva orden no cambia sustancialmente nada en la regulación.

Eso mismo esgrimen los abogados de las sociedades que agrupan a estos cirujanos. Ricardo Ibáñez, de la SECE, explica que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) no excluye que los médicos generalistas, siempre que actúen de forma ética y con formación suficiente, puedan realizar actos médicos en campos para los que no tengan una especialidad formal. También, que la propia OMC ha defendido que el título de especialista es una certificación de formación específica, pero no excluye a otros médicos de realizar procedimientos en áreas fuera de su especialización formal, siempre y cuando “demuestren formación y experiencia”.

“El marco legal español, incluyendo la LOPS, la posición de la OMC y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, permite a los médicos realizar actos médicos en los que tengan formación y experiencia, aunque no posean el título oficial de especialista. Cualquier orden ministerial que intente limitar este derecho debe ser examinada cuidadosamente para asegurar que no contradiga la ley ni las garantías de libertad profesional que la jurisprudencia ha defendido”, sentencia.

Jesús G. Corcobado, letrado de la UPMCE, no se anda con rodeos y asegura que “la orden ministerial de la ministra Mónica García es contraria a la legalidad vigente”. “No se trata en absoluto en defender la seguridad del paciente porque ahí están las estadísticas de los últimos 30 años donde tenemos una cirugía estética segura. Lamentamos el terrible desenlace del caso Sara y esperemos que la justicia sea ejemplar y justa. Pero también no vamos a permitir que este suceso terrible se utilice para castigar a un colectivo digno y profesional como nuestros representados”, concluye.